State Watch, una organización no gubernamental, ha publicado la última versión de la Propuesta de Reglamento europeo de protección de datos, pincha aquí para acceder al contenido. 

En esta última versión se establecen las condiciones para la designación del Delegado de Protección de Datos (DPO), que tanto se han discutido en últimos tres años. Según esta última versión parece que la obligatoriedad del DPO va a depender más de la actividad que realice el responsable del fichero o encargado del tratamiento, que del volumen de datos de que se trate, como sucedía en versiones anteriores. Concretamente, según esta versión será necesario contar con el DPO en los siguientes supuestos:

Cuando el tratamiento sea llevado a cabo por una autoridad u organismo público, a excepción de los tribunales en ejercicio de la potestad jurisdicional.

Cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en tratamientos que, en virtud de su naturaleza, su alcance o finalidad, requieran una monitorización periódica y sistemática de los titulares de los datos a gran escala.

Cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos.

Cuando se traten datos que revelen el origen racial o étnico, ideología, religión, afiliación sindical, datos genéticos, y el tratamiento de datos biométricos para identificar unívocamente a una persona, así como los relativos a la salud y vida y orientación sexual. 

En cualquier caso aún será necesario esperar a la versión definitiva.