En una sentencia del 16 de diciembre de 2015, el Tribunal General ha anulado una decisión por la que la Comisión impuso a varias compañías aéreas multas por un importe aproximado de 790 millones de euros por su participación en un cártel sobre el mercado del transporte aéreo de mercancías.

En el año 2005, la Comisión Europea recibió una solicitud de clemencia por Lufthansa y sus filiales en la que se ponían de manifiesto conductas anticompetitivas en el mercado del transporte aéreo de mercancías.

Como resultado de ella, en una decisión del año 2010 la Comisión impuso sanciones de aproximadamente 790 millones de euros a once compañías aéreas empresas, entre ellas destacan las sanciones impuestas a Air France (182,9 millones de €), KLM (127 millones de €) y British Airways (€104 millones de €).

En dicha decisión la Comisión imputaba, en la exposición de motivos de la decisión, a las empresas una infracción “única y continuada” por coordinar su comportamiento en materia de precios por la prestación de servicios de transporte aéreo de mercancías (“air freight”) en el territorio del Espacio Económico Europeo y de Suiza.

Sin embargo, en la parte dispositiva de la misma decisión la Comisión hizo referencia a cuatro “infracciones”, relativas a distintos períodos y rutas, para luego sancionar a todos los transportistas por todas las infracciones (a pesar de que no todas las empresas habían participado en todas las infracciones).

 Los transportistas implicados interpusieron recurso y el Tribunal General de la Unión Europea ha establecido la existencia de una contradicción entre la parte dispositiva de la decisión y la exposición de motivos de la misma y, además, que dicha contradicción impedía a las empresas determinar el alcance de las infracciones que se les imputaban, estimando por lo tanto, los argumentos de las partes.

La sentencia señala que el principio de tutela judicial efectiva implica que la parte dispositiva de una decisión debe ser clara de forma que permita a las empresas comprender e impugnar la responsabilidad que se les atribuye, así como permitir que los órganos jurisdiccionales nacionales (los cuales se encuentran vinculados por las decisiones de la Comisión), puedan comprender claramente el alcance de la infracción.

 Por todo ello, el Tribunal General ha anulado la decisión de la Comisión y las sanciones impuestas, si bien la Comisión podrá recurrir la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sentencia completa del Tribunal General.