La revolución digital de los últimos veinte años ha transformado el mundo y ha permitido la aparición de nuevos modelos de negocio que tienen dificultades para encajar dentro de los paradigmas tradicionales. Ya no se trata solo de comprar o contratar, hablamos de servicios innovadores como la posibilidad de comprar 24/7  (24 horas al día, siete días a la semana), la creación de comunidades digitales en las que compartir experiencias y gustos, o la difusión de contenidos como servicios de valor añadido a la compra o contratación…

Por un lado, los canales de distribución han experimentado una transformación. El acceso masivo de los consumidores a internet ha permitido la aparición de nuevos canales de distribución digitales y el crecimiento del e-commerce en determinados segmentos. El aumento de la distribución online es imparable y exponencial.

Por otro, surgen nuevos modelos de negocio  en los que los consumidores acceden de forma gratuita a determinados servicios a cambio de permitir el acceso a sus datos. Aparecen las plataformas on line, verdaderos mercados en los que los operadores y los consumidores pueden acceder a bienes y servicios. Aparece la economía colaborativa.

MARCO REGULATORIO

La Comisión Europea, consciente de la importancia de acompañar esta trasformación de manera activa, promovió el pasado mes de mayo una ‘Estrategia para la creación de un mercado único digital’.

Uno de los dilemas a los que se enfrenta la Comisión Europea es analizar las cuestiones de competencia que se presentan en este nuevo escenario digital. ¿Estamos ante los mismos problemas? ¿Sirven las soluciones utilizadas hasta ahora? ¿Debe intervenir el regulador?

Para dar respuesta a estas cuestiones la Comisión ha puesto en marcha una investigación sectorial que pretende identificar los obstáculos del comercio electrónico transfronterizo de bienes y servicios. Este estudio analizará, no sólo aspectos regulatorios, sino también aquellas prácticas o restricciones, acordadas entre los propios operadores, que impidan a los operadores económicos distribuir bienes o servicios a clientes situados en otro país.

De forma paralela, la Comisión publicó el pasado 24 de septiembre dos consultas públicas. La primera, sobre ‘Geoblocking’, tiene como objetivo recabar puntos de vista sobre las diferentes restricciones que sufren los usuarios, consumidores y empresas a la hora de dar o recibir información y comprar o vender a través de las fronteras en la Unión Europea.

Con la segunda consulta sobre ‘Plataformas on-line’, la Comisión Europea pretende recabar información para entender los diferentes modelos de negocio de estas plataformas, en las que proveedores de contenido, bienes o servicios y sus usuarios/consumidores pueden encontrarse e identificar así las posibles restricciones anticompetitivas en sus relaciones con los proveedores, en el entorno de la economía colaborativa, etc.

Estamos en un momento en el que, tanto los jueces como las autoridades nacionales de defensa de la competencia, llevan tiempo examinando y resolviendo cuestiones relacionadas con la investigación sectorial y las consultas públicas. En algunas ocasiones, las conclusiones a las que han llegado son divergentes. Un claro ejemplo es el caso de las posibles restricciones de competencia impuestas por plataformas como booking.com, Expedia o HRS a sus proveedores.

Bruno Lasserre, presidente de la autoridad francesa de competencia, ha llamado públicamente la atención sobre la necesaria coordinación entre los reguladores, invitando a las autoridades nacionales de la Competencia a acudir a la Comisión Europea en aquellos casos en los que exista un riesgo de adoptar resoluciones contradictorias. Asimismo, apeló a la Comisión a adoptar un papel más proactivo en la coordinación de una posición común frente a operadores y consumidores.

Esperamos que en breve los operadores dispongan de la necesaria certeza sobre la regulación que les resulta de aplicación y las autoridades intervengan sólo allí donde realmente el mercado falla y sea necesaria esa intervención, sin perder de vista el beneficio final de los consumidores.