La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“LIRPF”), el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, introduce importantes novedades en relación con las indemnizaciones por despido o cese de los trabajadores.

En este sentido, las indemnizaciones por despido o cese del trabajador continúan exentas en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Sin embargo, se incluye una nueva limitación cuantitativa de 180.000 euros para todos los despidos producidos a partir del 1 de agosto de 2014, por lo que el límite no afecta a los despidos efectuados con anterioridad a la referida fecha. 

En este mismo sentido, quedan eximidos del límite los despidos producidos con posterioridad a la citada fecha siempre y cuando deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado (o un despido colectivo cuya comunicación de inicio del periodo de consultas a las autoridades laborales se hubiera abierto con anterioridad al 1 de agosto de 2014). Esta modificación entró en vigor el 29 de noviembre de 2014, día siguiente a la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado. 

Por otro lado, las indemnizaciones por despido o cese sujetas y no exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) pueden beneficiarse del régimen establecido para las rentas calificadas como irregulares por la LIRPF, en la medida en que dichos rendimientos se hayan generado en un periodo superior a dos años (a estos efectos, la Ley equipara por primera vez el periodo de generación con el número de años de servicio) o se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. 

Así, la Ley rebaja del 40% al 30% la reducción por irregularidad.

En el caso indemnizaciones por extinción de la relación laboral, tanto común como especial, se podrá aplicar la reducción del 30%, incluso cuando éstas se cobren de forma fraccionada.

En las indemnizaciones por extinción de la relación mercantil de administradores y miembros del Consejo de Administración, la reducción solo podrá ser aplicada en caso de cumplir los dos siguientes requisitos: 

  • que la extinción de la relación fuese anterior al 1 de agosto de 2014. 
  • que el cociente resultante de dividir el número de años de generación (computados de fecha a fecha) entre el número de fraccionamientos sea superior a dos. 

Por último, cabe recordar que la cuantía del rendimiento íntegro sobre el que se puede aplicar la reducción está limitada a 300.000 euros anuales. Adicionalmente, en caso de que la indemnización esté comprendida entre 700.000,01 y 1.000.000 euros, la cuantía de 300.000 euros se irá reduciendo proporcionalmente, atendiendo a la siguiente formula:

BASE DE REDUCCIÓN = 300.000 euros – (cuantía del rendimiento – 700.000 euros)

Finalmente, para las indemnizaciones iguales o superiores a 1.000.000 euros, la cuantía de los rendimientos sobre los que se aplica la reducción será cero.