En el asunto C-484/14 Tobias Mc Fadden vs. Sony Music Entertainment Germany GmbH, el Abogado General ha publicado sus conclusiones a propósito de las cuestiones prejudiciales que el Landgericht München I plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativas a (i) la aplicación de la Directiva 2000/31/CE a un profesional que, en el marco de sus actividades, permite el acceso público y gratuito a una red Wi-Fi; (ii) en qué responsabilidad incurre el profesional por permitir dicho acceso conforme a la Directiva 2000/31/CE; y (iii) si se le puede ordenar judicialmente que proteja el acceso a dicha red Wi-Fi mediante contraseña.

En el caso estudiado, el Sr. Mc Fadden ofrecía, en su comercio de iluminación situado a las afueras de Múnich, acceso a una red Wi-Fi de forma pública y gratuita. En este contexto, una obra protegida por derechos de propiedad intelectual titularidad de Sony Music Entertainment Germany GmbH (“Sony”) fue descargada a través de dicha red Wi-Fi. Si bien el Landgericht München I consideró que el Sr. Mc Fadden no era directamente responsable por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de Sony, a través de las cuestiones prejudiciales que se plantean trata de confirmar si se le podría exigir algún tipo de responsabilidad indirecta (Störerhaftung), según la misma se recoge en el derecho alemán.

Al respecto, el Abogado General concluye, en primer lugar, que el hecho de facilitar el acceso a una red Wi-Fi -aun de forma gratuita- debe ser considerado como un servicio de la sociedad de la información. A pesar de que el profesional no reciba dinero por el acceso que puedan realizar sus clientes a la red Wi-Fi, se señala que no dejamos de estar ante un servicio de contenido económico y accesorio a la actividad principal del profesional, pudiendo constituir una forma indirecta de márquetin para atraer y fidelizar a los clientes. Dicha conclusión no se ve desvirtuada por el hecho que no se promueva de forma activa el acceso a la red Wi-Fi o que se identifique de forma clara al profesional que presta dicho servicio.

En segundo lugar, el Abogado General afirma que no es posible exigir responsabilidad conforme al artículo 12 de la Directiva 2000/31/CE, siempre que dicho profesional se limite única y exclusivamente a la mera transmisión de información. En consecuencia, deben rechazarse las pretensiones de Sony deducidas en el litigio principal, las cuales perseguían que el Sr. Mc Fadden fuera condenado al pago de los gastos derivados de los requerimientos extrajudiciales efectuados, y a los daños y perjuicios y costas derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual cometidos por el usuario que descargó la obra protegida a través de la red Wi-Fi del Sr. Mc Fadden.

A pesar de lo anterior, el prestador de servicios de la información sí que deberá hacer frente a las multas coercitivas que se le puedan imponer en caso de que incumpla un requerimiento judicial. En todo caso, el requerimiento judicial deberá verificar que dichas medidas (a) son efectivas, proporcionadas y disuasorias; (b) tratan de poner fin a una infracción de derechos de propiedad industrial o evitar que ésta se produzca, sin que se derive de ello una obligación general de supervisión; y (c) existe un justo equilibrio entre los derechos fundamentales afectados (propiedad intelectual frente a libertad de expresión o información, y libertad de empresa).

Finalmente, el Abogado General concluye que, si bien es posible dirigir al propietario un requerimiento judicial para que ponga fin a dicha vulneración o la prevenga, no podrá exigirse al propietario de un negocio que desactive la conexión a Internet ni que la proteja mediante una contraseña, o bien que controle todas las comunicaciones emitidas a través de la misma, pues ello no resultaría un ponderación justa entre los derechos de autor y la libertad de empresa de los prestadores de los servicios.