En sentencia emitida el 29 de julio de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la omisión de la Ley de Telecomunicaciones de regular mecanismos alternos a la subasta, para la adjudicación de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico; también declaró inconstitucionales las prórrogas automáticas de las concesiones otorgadas para la explotación de frecuencias para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión de libre recepción.

En su sentencia, la Sala estableció que el Órgano Legislativo está en la obligación de tomar en cuenta otros criterios, distintos del factor económico para la asignación del espectro radioeléctrico, por lo cual el método de la subasta no puede ser el único mecanismo de asignación del espectro radioeléctrico. Se declara la inconstitucionalidad por omisión debido a que no se incluyó en la Ley de Telecomunicaciones una regulación que garantice mecanismos alternos a la subasta para la adquisición del derecho a explotar el espectro radioeléctrico.

Por otra parte, la Sala también señaló que las prórrogas automáticas de concesiones para explotar frecuencias de servicios de radiodifusión sonora y servicios de radiodifusión de televisión, de libre recepción, constituye una limitación irrazonable del derecho a la libre competencia, porque obstaculiza la participación de otros ofertantes que estén capacitados técnica y financieramente en la prestación de dichos servicios.

Como efecto de la sentencia, la Asamblea Legislativa, a más tardar el 31 de diciembre del presente año, deberá emitir la normativa en la que se regule de manera clara, precisa, organizada y sistemática, los mecanismos alternativos para la adjudicación de las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico que operarán de forma adicional al de la subasta pública, contenido la Ley de Telecomunicaciones. Además, deberá desarrollar la normativa respecto de las condiciones en que se llevarán a cabo las prórrogas sobre dichos servicios, regulación que deberá contener al menos, la obligación estatal de evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas, la gestión de los bienes y recursos involucrados y la responsabilidad de los concesionarios.

Otro aspecto a destacar es que la Sala de lo Constitucional en la sentencia en mención le ordena a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (“SIGET”) que se abstenga de tramitar solicitudes de cualquier interesado en obtener una concesión de frecuencias, de realizar cualquier procedimiento de subasta y de adjudicar concesiones relacionadas al espectro radioeléctrico de radiodifusión sonora y televisión hasta que se implemente la Televisión Digital Terrestre en El Salvador.