La Política Agrícola Común debe ser más simple: un dictamen del CESE

Destacamos este mes que el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado un dictamen en fecha reciente (2016/C 071/02) en el que reconoce que la Comisión Europea considera prioritario simplificar en profundidad la aplicación de la política agrícola común (PAC).

Señala que se propone para ello la simplificación de determinados actos de la Comisión, de manera que la legislación de la UE sea más fácil de comprender y de aplicar sobre el terreno. No es difícil estar de acuerdo con tan sensata reflexión.

Entiende que procede aumentar la transparencia y reforzar la seguridad jurídica (criterio capital sobre el que volveremos más adelante), así como reducir la carga administrativa innecesaria y los costes asociados –entre otros- para los agricultores, organizaciones de productores y Administraciones nacionales. Se trata, en definitiva, de hacer más sencilla la normativa aplicable a todos los eslabones de la cadena alimentaria en su fase inicial.

Sin embargo, no dejar de darse cuenta de lo complejo de la tarea, puesto que las inspecciones y las posibles sanciones han de ser proporcionadas a la cantidad de dinero recibida por el beneficiario, las razones del incumplimiento y la voluntad de adoptar medidas correctoras. No resulta ello fácil cuando se trata de gestionar un presupuesto que el mismo documento da cuenta de que asciende a 408.000 millones de euros para el período 2014-2020, el cual representa el 38 % del total del presupuesto UE, en el que la carga burocrática ha aumentado en un 15 – 20 %.

El informe quiere dejar claro que simplificar la PAC no es desmantelarla y que ya se han dado significativos pasos en esa línea simplificadora: la reducción de las organizaciones comunes de mercado de 21 a una única OCM (lo que supuso derogar más de mil regulaciones sectoriales), la reducción o supresión de regímenes especiales o la reducción de requisitos para las importaciones son hitos en ese camino.

Se trata de simplificar sin perder de vista los objetivos de la PAC y sin amenazar el empleo creado en estos años. Las propuestas de modificación giran en torno a dos categorías: reducción de la burocracia para los agricultores y mantenimiento de medidas de protección para conseguir los denominados “objetivos de ecologización”.

Reconociendo la importancia de las inspecciones (pese a que someten al agricultor, se dice literalmente, “a un gran sufrimiento psicológico”) se trata de racionalizar su realización, llamando la atención de los Estados sobre la necesidad de brindar a los agricultores información suficiente.

También parece que se va a actuar nuevamente sobre la compleja figura del “agricultor activo”, cuyo marco regulador no resulta satisfactorio en la actualidad. Nuevamente –y es una atención constante, que no termina de ser definitivamente óptima- se destinarán medidas a los agricultores jóvenes, que tienen importantes dificultades para acceder a ese régimen.

El documento no deja de enfatizar el extremo de que el actual proceso legislativo (Reglamento del Consejo acompañado de actos delegados y de actos de ejecución) es muy complejo y difícil de entender para los ciudadanos. Es por ello que igualmente convendría realizar un estudio sobre la manera de simplificar este sistema.

En resumen, una nueva PAC (la que debe arrancar a partir del 2020) requiere un complejo pero no necesariamente abrumador cuerpo normativo. Conseguir que sea eficaz en sus objetivos igualmente postulará que sea eficiente en el manejo de medios y, sobre todo, en su accesibilidad y comprensión por parte de sus primeros destinatarios, asegurando –junto a los demás fines de la Unión Europea- la consecución de la seguridad jurídica, la cual padece ordinariamente ante la abundancia de normas.