El sistema de formación profesional para el empleo, que canaliza fondos públicos a las empresas para la mejora de la empleabilidad de sus trabajadores y la competitividad empresarial, estrena cambios en su diseño. El legislador recompone el modelo existente tras hacer balance tanto de su gestión como de sus resultados. Se introducen novedades importantes en orden a la participación de las organizaciones patronales y sindicales, la gestión de la financiación (que pasa de un régimen de concesión directa a otro de concurrencia competitiva), el control y la persecución del fraude en la gestión de las bonificaciones, las entidades formativas o los grupos de empresa, entre otras. 

1. INTRODUCCIÓN

El BOE del pasado 10 de septiembre publicó la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. La norma, a la que ha precedido el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, se presenta como una reacción frente a las debilidades del vigente sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, detectadas en la Mesa del Diálogo Social, formada por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, acerca del desarrollo del último Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo de 2006.

En general, los cambios introducidos se alinean con las políticas de flexiseguridad promovidas por la Unión Europea y basadas en la idea de la empleabilidad, así como con la transformación que inició la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en el sentido de (i) reconocer de forma explícita un derecho individual a la formación de los trabajadores, (ii) dotar de carácter prioritario a las acciones formativas relacionadas con las nuevas tecnologías o la internacionalización de la empresa y (iii) permitir, por primera vez, el acceso directo de los centros de formación a los fondos disponibles para la gestión de los planes de formación de los trabajadores que hasta la fecha estaban limitados a las organizaciones empresariales y sindicales.

La entrada en vigor de esta norma se ha producido el día siguiente al de su publicación en el BOE, esto es, el 11 de septiembre de 2015, con excepción de lo regulado en materia de crédito de formación de las empresas y el nuevo régimen de impartición de la formación, que será aplicable a partir del 1 de enero de 2016.

Las novedades que podemos destacar de este nuevo marco normativo son las siguientes:

2.  CONTROL Y PERSECUCIÓN DEL FRAUDE EN LA FORMACIÓN

El Preámbulo de la Ley señala expresamente que el nuevo modelo de formación persigue un mayor control del sistema de formación, basado en la idea de "tolerancia cero" frente al fraude en la gestión. 

En línea con esta idea, se introducen los siguientes cambios:

  1. Las organizaciones empresariales y sindicales quedan limitadas a participar en el diseño, programación y difusión de los planes de formación, dejando de ser los únicos actores en la materia (arts. 5 y 10.2).
  2. Se restringen las entregas de fondos con carácter previo al inicio de la actividad formativa, que se reducen del 100 al 25% (art. 6.8)
  3. Se anuncia la creación de una Unidad especial, dentro de la Inspección de Trabajo, centrada en el ámbito de las bonificaciones, subvenciones y resto de las ayudas en materia de formación profesional.
  4. Se modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto1. Todo ello al objeto de (i) ampliar los sujetos objeto de sanción con la incorporación de las entidades de formación; (ii) exigir un mayor reproche administrativo al considerar una infracción por cada empresa y acción formativa y (iii) establecer la responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones mediante el endurecimiento de las sanciones, de manera que los beneficiarios del sistema de formación profesional para el empleo no puedan volver a serlo durante un periodo de 5 años en caso de cometer una infracción muy grave (Disposición Final Tercera).
  5. Se prohíbe la subcontratación de las actividades de organización e impartició n de la formación (art. 9.3). No se entenderá que se ha encomendado la organización de la formación a una entidad externa, cuando la actividad a desempeñar por esta se limite a las funciones de gestión administrativa necesarias para la correcta aplicación de las bonificaciones.

3. GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN

El art. 22 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, establecía un régimen de concesión directa que convertía a los agentes sociales en los únicos habilitados para participar en la formación subvencionada o de oferta.

Los arts. 3.e) y 6 de la nueva Ley establecen ahora que la financiación del conjunto del sistema de formación profesional para el empleo deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedor es de formación, públicos y privados, acreditados y/o inscritos conforme a la normativa vigente, para la impartición de toda la programación formativa aprobada por las distintas Administraciones públicas. De esta manera, los centros de formación autorizados competirán en los concursos de adjudicación de las subvenciones que hasta ahora estaban reservados a los agentes sociales. No obstante, este principio de concurrencia ya ha venido introduciéndose de manera gradual en las convocatorias de subvenciones dur ante los últimos años.

Las empresas contarán así con una oferta más variada.

4. FORM ACIÓN  PROGRAMADA  POR  LAS  EMPRESAS  (ANTES  FORMACIÓN  DE DEMANDA)

Los cursos bonificados tendrán una duración mínima de 2 horas, y las acciones formativas programadas por las empresas deberán guardar relación con la actividad empresarial (arts. 8.2 y 9.2).

En cuanto al módulo económico, esto es, el coste por participante y hora de formación que podrá ser objeto de financiación pública, se establece que reglamentariamente se fij arán módulos económicos específicos para las distintas especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas que elaborará el SEPE (art. 20.3), previo estudio de su adecuación a los precios de mercado en función de la singularidad , especialización y características técnicas de aquéllas, así como de las modalidades de impartición.

Se establece expresamente que se entenderá cumplido, en todo caso, el derecho del trabajador al permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional para el empleo, reconocido en el artículo 23.3 ET, cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa e mpresarial o comprometido por la negociación colectiva. Asimismo, este permiso retribuido de 20 horas anuales se entenderá cumplido con la autorización al trabajador del permiso individual de formación.

5. GRUPOS DE EMPRESAS

En el caso de grupo de empresas, la formación se podrá organizar, bien de forma independiente por cada una, bien agrupándose algunas o todas ellas. En el caso de agrupación, cualquiera de las empresas del grupo podrá organizar la formación de los trabajadores del grupo por sí misma, así como impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su contratación (art. 9.3).

Asimismo, a partir de 1 de enero de 2016, cada empresa podrá disponer del importe del crédito de formación que corresponda al grupo, con el límite del 100% de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional (art. 9.4) .

6. COFINANCIACIÓN A CAR GO DE LAS EMPRESAS

De acuerdo con el art. 9.5, las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación de sus trabajadores según determinados porcentajes mínimos2.

El cambio normativo supone que todas las empresas de 1 a 5 trabajadores queden exentas de cofinanciar o realizar aportación privada.

Para el resto de las empresas (más de 5 trabajadores), deberán cofinanciar:

  • De 6 a 9 trabajadores: 5%
  • De 10 a 49 trabajadores: 10%
  • De 50 a 249 trabajadores: 20%
  • De 250 o más trabajadores: 40%

7. SUPRESIÓN DE LA FORM ACIÓN A DISTANCIA TR ADICIONAL 

Hasta la fecha, de acuerdo con el art. 8 RDL 365/2007, la formación pod ía impartirse “de forma presencial, a distancia convencional, mediante teleformación o mixta ”.

La nueva Ley señala en su Preámbulo que, entre sus objetivos, se encuentra potenciar la formación online frente a la formación a distancia tradicional.

De acuerdo con este planteamiento, la reforma establece que "La formación profesional para el empleo podrá impartirse de forma presencial, mediante tele formación, bajo plataformas y contenidos accesibles a las personas con discapacidad, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores” (art. 14.1).

Se suprime, por tanto, la formación a distancia tradicional, si bien ello será con efectos desde el 1 de enero de 2016 (art. 14.1).