El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza las consecuencias que, para el ejercicio del derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado, podrán derivarse del incumplimiento de determinados requisitos formales en las facturas expedidas por la prestación de servicios jurídicos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 15 de septiembre del 2016 (as. C-516/14), analiza el caso de una empresa portuguesa que procedió a ejercer su derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) derivado de una serie de facturas emitidas por una firma de abogados, documentos en los que se mencionaban únicamente los servicios prestados, de carácter jurídico, y el periodo en el que se efectuaron. Pues bien, dicha descripción fue considerada insuficiente por el fisco portugués, que propuso una rectificación del impuesto en la cantidad correspondiente a las cuotas que se habían deducido en varios ejercicios por los expresados servicios jurídicos.

Dicha propuesta de rectificación no fue modificada por la Administración a pesar de que el obligado tributario, informado de su derecho a una audiencia previa, presentó una serie de documentos anexos en los que se describían con más detalle los servicios jurídicos en cuestión, y ello porque se estimó que el incumplimiento de un requisito legal de forma no puede subsanarse por medio de la presentación de documentación complementaria que en ningún caso puede equiparse a las facturas, las cuales, por sí mismas, deben cumplir todos los requisitos exigidos por el Código del Impuesto sobre el Valor Añadido portugués, esto es, «la denominación habitual de […] los servicios prestados, con especificación de los elementos necesarios para determinar el tipo aplicable».

Como consecuencia de lo anterior, la empresa recurrió; su pretensión se desestimó, motivo por el cual la entidad solicitó a continuación la constitución de un tribunal arbitral de juez único. Pues bien, este órgano planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer si los datos que figuraban en las facturas controvertidas cumplían los requisitos de la legislación interna portuguesa interpretados a la luz de lo dispuesto en el artículo 226 de la Directiva 2006/112, en el que se enumeran taxativamente los datos que deben constar en las facturas expedidas a efectos de ese impuesto. Entre ellos, en su apartado 6, el referido precepto hace referencia «[…] al alcance y la naturaleza de los servicios prestados» y, en su apartado 7, a la exigencia de que en la factura figure la fecha en la que se ha efectuado o concluido la prestación de los servicios.

El Tribunal de Justicia, para responder a la cuestión objeto de controversia, parte de la finalidad con la que han de interpretarse ambos apartados del artículo 226 de la aludida directiva, esto es, la de «permitir a las Administraciones tributarias verificar tanto el pago del impuesto devengado como la existencia, en su caso, del derecho a la deducción del IVA». 

En ese orden de cosas, por lo que se refiere al mencionado artículo 226.6, estima el tribunal que el concepto `servicios jurídicos´ abarca gran variedad de prestaciones y, entre ellas, algunas que no guardan necesariamente relación con una actividad económica, por lo que la inclusión de dicha mención en las facturas no es suficiente para indicar con detalle cuál es la naturaleza de los servicios en cuestión, incumpliéndose así a priori los requisitos exigidos en el mencionado precepto.

Por otra parte, la necesaria concreción que debe exigirse en cuanto a la fecha en la que se han prestado los servicios debe entenderse efectuada, a tenor de lo señalado por el tribunal, si con esa mención puede determinarse cuál es el periodo impositivo abarcado por las liquidaciones en cuestión, extremo que será posible si se alude a los servicios prestados desde una fecha concreta a otra, pero no, como sucedía con una de las facturas controvertidas, cuando sólo se hace referencia a «servicios jurídicos prestados hasta la fecha».

No obstante, a pesar de que sobre la base de las consideraciones anteriores pueda advertirse el incumplimiento de los apartados 6 y 7 del artículo 226 de la directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras referirse al principio fundamental de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido, recuerda que, si se cumplen los requisitos materiales para la deducción del impuesto estipulados por el artículo 168 de la directiva, debe concederse el derecho a la deducción aun cuando los sujetos pasivos hayan omitido determinados requisitos formales. De acuerdo con lo anterior, el tribunal estima que en los casos en los que la Administración fiscal disponga de los datos necesarios para determinar que se cumplen los requisitos materiales para ejercer tal derecho, información que puede obtener de los datos complementarios proporcionados por el contribuyente, como sucedía en este caso, no podrá denegar la deducción. En apoyo de lo anterior, recuerda el órgano jurisdiccional que el artículo 219 de la directiva permite asimilar a una factura «cualquier documento o mensaje rectificativo que modifique o haga referencia expresa e inequívoca a la factura inicial».

Ahora bien —precisa el tribunal—, las consideraciones anteriores no serán óbice para que los Estados miembros puedan imponer, en su caso, una multa o sanción pecuniaria proporcionada con la gravedad de la infracción, con el objeto de penalizar el incumplimiento de los requisitos formales.