A la espera. Indudablemente es muy pronto para conocer cuáles serán las consecuencias reales que, en términos de fiscalidad, van a derivarse de la decisión adoptada en Reino Unido, el pasado 23 de junio, de abandonar la Unión Europea, ya que tal impacto dependerá de los términos en los que negocie la salida del país y de las nuevas condiciones por las que vaya a regirse su relación con la Unión Europea y sus Estados miembros. De todos modos, lo cierto es que esta nueva situación permitirá al Reino Unido asumir plenas competencias en materia tributaria, extremo del que podrían derivarse cambios sustanciales con respecto a la situación actual. Enumeraremos a continuación algunos de los ámbitos que podrían verse singularmente afectados por este nuevo escenario, sin perjuicio de que cualquier afirmación que pueda hacerse en el presente esté condicionada por las negociaciones y acuerdos a los que se llegue en un futuro que, aunque próximo, no será inminente.

IVA. Pues bien, por lo que se refiere a la imposición indirecta, y en particular al impuesto sobre el valor añadido, no parece probable que el Reino Unido introduzca cambios relevantes a corto plazo, debido tanto al coste excesivo que de ello podría derivarse para sus empresas como por los riesgos de doble imposición o de doble no imposición que pudieran derivarse de una divergencia significativa entre la regulación del impuesto en el territorio de la Unión Europa y en el del Reino Unido. A mayor abundamiento, el abandono de la unión aduanera en la que se traduce la Unión Europea añade otro foco de incertidumbre al nuevo escenario, que posiblemente se disipará si el Reino Unido se une a la Asociación Europea de Libre Comercio, entra a formar parte del Espacio Económico Europeo, o firma sus propios acuerdos de libre comercio logrando, en cualquier caso, anular o reducir significativamente la tributación en este ámbito.

Fiscalidad directa. Beneficios intragrupo. Por lo que atañe a la fiscalidad directa ha de valorarse el impacto que el Brexit puede tener sobre las diferentes iniciativas que se han adoptado para dar cumplimiento a las principales libertades que garantizan el mercado único en el ámbito de la Unión Europea. En ese sentido, cabe destacar la Directiva matriz-filial, con la que se pretende establecer, para aquellos grupos de sociedades que operen en diferentes Estados miembros, una simplificación de la distribución de beneficios intragrupo en el ámbito de la Unión Europea previniendo la doble imposición y eliminando la imposición en origen de los pagos por dividendos. Por otra parte, la Directiva 2003/49/CEE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros, asegura la no imposición en origen de los pagos por cánones o intereses entre empresas del mismo grupo dentro de la Unión Europea.

Estas Directivas, así como las normas internas que se hayan adoptado para su implementación, ya no serán aplicables respecto al Reino Unido, por lo que cabe plantearse, en particular, cuáles podrían ser las consecuencias para los grupos societarios que tengan presencia en ese país. En ese contexto, y ante la inaplicación de las aludidas Directivas, en un primer momento serán determinantes los Convenios de doble imposición vigentes y, más adelante, los acuerdos a los que el Reino Unido pudiera llegar con la Unión Europea o con sus Estados miembros sobre este aspecto.

Desde esa perspectiva, los Convenios de doble imposición vigentes conseguirán, en muchos casos, mitigar los efectos de la retención en origen sobre los dividendos que distribuyan las filiales residentes en países de la Unión Europea a su matriz británica, aunque en muchos casos no lograrán eliminarlos, como sucederá con los dividendos de filiales alemanas, italianas o griegas, situación por la que también se verán afectados los intereses y cánones que se abonen desde filiales italianas o portuguesas. Esto puede provocar que las multinacionales se planteen adoptar decisiones drásticas, como cambiar la sede de las matrices que ahora estén residenciadas en suelo británico.

Por lo que atañe a nuestro país, en el caso de filiales españolas que distribuyan dividendos a su matriz, residente en Reino Unido, habría que estar a lo dispuesto en el Convenio para evitar la doble imposición firmado entre Reino Unido y España que, en el caso de distribución de beneficios entre dichos Estados, contempla tipos que oscilan entre el 15 y el 0 %, teniendo en cuenta que los requisitos para que tales repartos no se sometan a imposición no son muy diferentes de los previstos en la referida Directiva matriz-filial.

A su vez, si los beneficios se repartiesen desde una filial británica a la matriz española, con arreglo a la legislación vigente en Reino Unido, la situación no diferiría de la actual, toda vez que la normativa inglesa, independientemente de cual sea el Estado receptor de los dividendos que se distribuyen, no prevé retención en la fuente para los mismos.

Directiva antielusión. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta el efecto que el Brexit puede tener sobre otras iniciativas que desde Europa se han llevado a cabo para caminar hacia una mayor armonización de la imposición directa con el objetivo prioritario de combatir el fraude fiscal. En ese sentido, cabe destacar que la Directiva antielusión fiscal (ATAD en sus siglas en inglés), ya no será aplicable en el Reino Unido, pese a lo cual no parece que este país vaya a separarse demasiado de su contenido teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, su apuesta por propuestas similares en el marco de la OCDE, como el plan BEPS.

Por otra parte, y aunque su implantación a corto plazo parece poco factible, lo cierto es que con su salida de la Unión Europea el Reino Unido se queda al margen de proyectos importantes como el del establecimiento de una Base Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades, cuya propuesta ya venía rechazando.

Fusiones. Al margen de lo anterior, otra importante consecuencia que puede desencadenar la nueva situación guarda relación con la Directiva sobre fusiones, diseñada para eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones empresariales transfronterizas, y al margen de la cual quedará ahora el Reino Unido, por lo que no cabe descartar consecuencias fiscales para las operaciones de ese tipo cuando en ellas puedan participar entidades británicas.

Stamp duty. De igual modo, tampoco puede desecharse la posibilidad de que, tras su salida de la Unión Europea, el Reino Unido recupere el tipo del 1,5% para la Stamp Duty (tasa sobre los intercambios de acciones) que tuvo que reducir para adaptarse a las exigencias de la Unión Europea y, en particular, a las derivadas de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008 relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. Éstos serán, sin duda, algunos de los ámbitos sobre los que el Brexit tendrá consecuencias, aunque el impacto preciso de las mismas dependerá, como ya señalamos, de las futuras decisiones fiscales que se adopten en Reino Unido las cuales, a su vez, estarán condicionadas en buena medida por los términos en los que finalmente concrete su salida negociada de la Unión Europea.