Por medio de la Sentencia T-766 de 2015, recientemente notificada, la Corte Constitucional declaró inconstitucional las Resoluciones No. 180241 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía y No. 0045 de 2012 de la Agencia Nacional de Minería, a través de las cuales se declaraban y delimitaban las Áreas Estratégicas Mineras (las “Resoluciones”).

Las Áreas Estratégicas Mineras fueron establecidas por la Ley 1450 de 2011 y reafirmadas por la Ley 1753 de 2015, sobre un total de 25.163.549,59 hectáreas del territorio colombiano, con el fin de fomentar el crecimiento y desarrollo sostenible del sector minero y aprovechar el potencial minero de oro, platino, coltán y cobre del país.

El hecho de ser designadas como Áreas Estratégicas Mineras implicaba que la autoridad minera (Agencia Nacional de Minería) no podía suscribir nuevos contratos de concesión con los particulares sobre ellas , ni recibir nuevas propuestas, ya que estaban reservadas para ser otorgadas a través de procesos de selección objetiva, en los cuales la autoridad minera fijaría los términos de referencia y las contraprestaciones que los interesados debían ofrecer. En otras palabras, el régimen de las Áreas Mineras Estratégicas establecía un proceso más riguroso para el otorgamiento de títulos mineros, que le permitiera al Estado ejercer un control estricto sobre los minerales estratégicos para seleccionar los concesionarios conforme a criterios de interés público que deben orientar esta actividad.

El 10 de septiembre de 2013, varios consejos comunitarios campesinos del Chocó radicaron una acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio y a la diversidad étnica y cultural, presuntamente vulnerados por la expedición de las Resoluciones. Según los consejos comunitarios demandantes, algunas de las Áreas Estratégicas Mineras sobreponen sus territorios ancestrales, afectando sus derechos fundamentales.

Ante los argumentos de los consejos comunitarios, tanto el Ministerio de Minas y Energía como la Agencia Nacional de Minería destacaron durante el proceso que el establecimiento de Áreas Estratégicas Mineras no tenía el efecto de otorgar derechos de exploración y explotación, sino una mera expectativa de que en el futuro pudiera ser viable la explotación de una mina en dichas áreas, razón por la cual no había lugar a adelantar consultas previas. Esos argumentos fueron reafirmados por conceptos de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

En su decisión, la Corte Constitucional analizó las consecuencias e impacto que las Resoluciones podrían tener para el equilibrio ecológico y social de los territorios y concluyó que, al delimitar los territorios colectivos como Áreas Estratégicas Mineras, se modificaría unilateralmente la destinación económica y productiva de dichos terrenos. Por lo tanto, la Corte estimó que se debió haber obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan los territorios que se pretendía declarar como Áreas Estratégicas Mineras y, en consecuencia, dejó sin valor y efecto las Resoluciones, eliminando las Áreas Estratégicas Mineras del ordenamiento jurídico.

Para consultar el texto completo de la sentencia T-766 de 2015 puede ingresar al siguiente link http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-766-15.htm