Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han dado recientemente un paso importante en el orden institucional: han creado su propio banco de desarrollo. Un ente dotado con un capital estimado de 100.000 millones de dólares. Las funciones de la nueva institución serán parejas a las de otras ya existentes –el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo-, es decir, la financiación de infraestructuras en los países que conformen su área de actuación.  

La noticia es, por supuesto, interesante en el orden puramente financiero, puesto que se anuncia la entrada en escena de una nueva herramienta, que parece potente y que contribuirá a fomentar el desarrollo –o proyectos que se supone que lo conllevan- en áreas del mundo que ya sostienen una parte importante del crecimiento económico global. Pero lo es mucho más en el plano institucional. Si bien los promotores de la idea afirman que el nuevo banco será complementario y no sustitutivo de las instituciones existentes, tampoco se oculta que se busca desafiar, algo más que un poco, el orden económico aún fundado en el sistema de Bretton Woods; un entramado institucional al que se acusa de estar demasiado bajo el control de los Estados Unidos.

Del Comité de Basilea al Fondo Monetario Internacional, son muchas las instituciones y foros de gobernanza económica y financiera que ven cuestionadas, si no cuestionan ellos mismos, su representatividad. Se dice, con razón, que hay demasiado mundo fuera de estos centros rectores y que los países emergentes deben tener un sitio, al menos si se aspira a que se sientan vinculados por las decisiones. Se afirma, como ilustración de la desproporción, que China, que ya posee el segundo PIB mundial, tiene un peso en el FMI equivalente al de Italia –una potencia industrial, una nación del G8 y un actor regional europeo de primer orden, pero ciertamente un país muy mediano si se aplica la escala de los países-continente (Estados Unidos o cualquiera de los BRICS, China especialmente).

La lógica “a más tamaño, más representatividad” (y si no, añado yo, buscaremos una institucionalidad paralela) parece inapelable. Y sobre todo parece inapelable a quienes tienden a pensar que no hay más razón que la de  masas y votos. Quienes pensamos que las cosas son un poco más complejas tenemos nuestras reservas. Claro que sería deseable disponer de unas instituciones de gobernanza económica mundial cada vez más inclusivas, pero no es cierto que la relevancia económica de los países se reduzca al volumen de su PIB. China no es Italia, pero no lo es en casi ningún sentido, ni para bien ni para mal. En esa comparación, solo resulta evidente que Italia es un país mucho más pequeño: tiene menos población, menos PIB, menos extensión… pero mucho mejores variables per cápita, entre otras muchas cosas. El sistema económico mundial es un entramado complejo –muy complejo y, me permito añadir, muy interrelacionado con otros subsistemas de la gobernanza- y el peso específico de un país no se reduce al tamaño de su producción. Los Estados Unidos cada vez pesan menos, según es conocido, en términos de PIB mundial, pero no parece cuestionable que aquel país sigue disponiendo de la moneda de referencia, de un sistema financiero incomparablemente más desarrollado que el de otros países, de mayor capacidad de innovación tecnológica y científica, etc. (además, claro está, de un sistema estadístico fiable que permite medir todas esas y muchas más cosas). Sigue siendo cierto, me temo, que Estados Unidos todavía tiene mucho más que decir en cómo se hacen las cosas en el mundo que otras naciones.

Muchas veces, más que abogar por la inclusión, parece que se aboga por la simple fuerza de los hechos. Y no deja de ser curioso que, históricamente, quienes negaban al Derecho internacional su condición de tal solían denostarlo con esa misma idea: no era más que la fuerza de los hechos so capa de lenguaje pretendidamente jurídico. Las instituciones de Bretton Woods y otras que conforman la red de gobernanza económica mundial, probablemente, han de ser reformadas, pero reformadas no necesariamente quiere decir repartidas, sino repensadas para que colaboren más eficazmente a un orden mundial más estable, más seguro y más justo. Para que promuevan efectivamente que más y más gente salga de la pobreza y se produzcan menos y menos gravosas crisis económicas; y, por qué no decirlo, para que coadyuven a la vigencia de libertades económicas que, de algún modo –aunque la práctica ofrece contraejemplos- deberían traducirse en libertades políticas. Por supuesto que los países que hasta ahora han participado menos en esos procesos no deben quedar excluidos, ni tampoco infrarrepresentados; la cuestión es que deben quedar representados en función de su verdadera contribución.

El lector quizá pueda conceder algo más de valor a mi opinión –o considerarla menos sesgada- si afirmo que, a su propia escala, el caso de España presenta paralelismos con el de los BRICS. Nuestro país siempre ha estado quejoso de su escasa relevancia internacional y de su infrarrepresentación en foros de decisión. En contexto, el argumento cuantitativo suele favorecernos: tenemos un PIB importante, sin duda –y, afortunadamente, con todos los peros que se quiera, nuestra población goza de un nivel de vida como solo disfrutan 15 o 20 países en el mundo-, pero la crisis, al poner de manifiesto nuestras carencias, nos da la clave de nuestra verdadera medida (y nos señala el camino de la mejora). España pudo soñar con ser miembro del G7, incluso pudimos superar algún año en PIB a alguno de los miembros del selecto club, pero nuestra contribución al orden económico mundial no es, todavía, suficiente para desempeñar ese rol. No es una cuestión de meros números sino algo más complicado.