El 7 de marzo de 2015 tuvo lugar la licitación, por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, de un contrato relativo al servicio integral de generación y comercialización de aplicaciones con contenidos multimedia para dispositivos móviles, de alquiler de dispositivos electrónicos con las aplicaciones precargadas y servicios de distribución y alquiler de sistemas de guiado portátil de grupos a los visitantes de los palacios y museos de Patrimonio Nacional, contrato que aunque el anuncio de licitación calificó como de servicios, el pliego de cláusulas administrativas particulares calificó como contrato especial a tenor del artículo 19 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).\

De conformidad con el referido pliego, el contrato no estaba sujeto a regulación armonizada a los efectos de publicidad en el DOUE ni a los efectos del artículo 40 TRLCSP (recurso especial en materia de contratación).

Tras la licitación1, el 21 de julio de 2015 se dictó el acuerdo de adjudicación en favor de la empresa G, señalando la resolución que era susceptible de impugnación mediante recurso contencioso administrativo.

La empresa B, segunda clasificada en la licitación, impugnó el acuerdo de adjudicación mediante la formulación de un recurso especial con base en los siguientes argumentos:

  • Es procedente el recurso especial porque no se está ante un contrato administrativo especial (la calificación del pliego es errónea) sino ante un contrato mixto.
  • La empresa adjudicataria (empresa G) no cumple la exigencia del apartado 19.2 del pliego de prescripciones técnicas2 en la formulación de su oferta, que terminó por modificar, mejorar y sustituir tras una consulta del órgano de contratación al respecto, modificación que el recurrente considera inaceptable.
  • La adjudicataria no ha acreditado la solvencia.
  • El seguro de responsabilidad civil suscrito por la empresa G no es adecuado puesto que no configura como beneficiario a Patrimonio Nacional.

Frente a tales argumentos, el órgano de contratación emitió informe y la empresa G formuló alegaciones. De entre sus afirmaciones, merece poner de relieve que ambas defendieron lo siguiente:

  • El contrato objeto de controversia no reviste la naturaleza de un contrato mixto3
  • Los pliegos no exigían ofertar un aparato determinado —afirma el órgano de contratación— y el ofrecimiento de sustituir un modelo por otro no comporta una modificación de la oferta a juicio de la adjudicataria.
  • La solvencia económica y financiera resulta acreditada en los términos en los que se formuló la oferta y mediante la integración de la solvencia de la empresa G por medio de un tercero.
  • En el seguro de responsabilidad civil suscrito y acreditado el beneficiario no es Patrimonio Nacional sino los afectados por los siniestros que se puedan causar en el desenvolvimiento del contrato.

A todo lo anterior se suma que la empresa A (excluida de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo en la valoración de las ofertas técnicas) también formuló alegaciones en el recurso interpuesto por la empresa B y señala que el contrato lo es de servicios y su cuantía supera los 207.000 euros —por lo que es un contrato SARA— , que la empresa G no ha acreditado su solvencia técnica —ni la empresa B tampoco— y que se aprecia falta de motivación en la resolución de adjudicación y en la resolución por la que se acuerda su exclusión4.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) dictó resolución desestimatoria del recurso el 25 de septiembre de 2015 (Nº 871/2015) con base en los siguientes argumentos:

  1. Según reza el fundamento de derecho primero, son tres las propuestas formuladas sobre la naturaleza del contrato, discutiéndose si se configura como un contrato especial, como un contrato de servicios o como un contrato mixto de servicios y de gestión de servicios públicos.

Admite la dificultad que enfrenta la calificación del contrato, pues las prestaciones que constituyen su objeto no encajan en puridad en los supuestos típicos de los contratos públicos nominados y porque el anuncio de licitación y el pliego manifiestan criterios diversos, al calificarlo el primero como un contrato de servicios y el segundo como un contrato administrativo especial. Reconoce que es preciso pronunciarse al respecto para determinar la competencia del TACRC y concluye que el contrato reúne características del contrato de gestión de servicios públicos pero también características del contrato de servicios, y añade que se encuadre en una u otra categoría, se encontraría en el supuesto de ser procedente el recurso especial.

  1. En lo concerniente a la acreditación o no de la solvencia económica y financiera de la empresa adjudicataria el fundamento de derecho cuarto señala que la empresa adjudicataria presentó una oferta sin ajustarse totalmente a las indicaciones y exigencias del pliego (no aportó la documentación acreditativa de la solvencia) pero la mesa de contratación no adoptó ningún acuerdo al respecto, ni acordó la exclusión ni requirió la subsanación. Fue posteriormente cuando a efectos de calificar la solvencia económica y financiera que se requirió a la empresa G para aportar documentación.

Sin embargo el TACRC concluye que el adjudicatario ha manifestado disponer de solvencia económica y financiera y lo ha acreditado al amparo del artículo 63 del TRLCSP mediante la integración con otra empresa, razón por la que desestima el recurso en cuanto a tal extremo.

  1. Por lo demás, rechaza los argumentos acerca de la incorrección del seguro de responsabilidad civil, y acerca de la insuficiencia de las cuentas de la adjudicataria y del tercero a través del cual integra su solvencia económica y financiera para acreditar ésta.
  2. Por último y en cuanto al modelo ofertado por la adjudicataria, que es uno de los argumentos medulares esgrimidos en el recurso, el TACRC considera que si el modelo ofertado no hubiera soportado el estándar requerido por el pliego y la adjudicataria hubiera cambiado el modelo por otro más avanzado que si lo soportara, esto habría supuesto una variación de la oferta, y su aceptación por el órgano de contratación habría sido contrario al TRLCSP.

 Sin embargo, considera que la empresa G acreditó —aportó un informe del instalador que afirma— que tanto el primer modelo como el segundo soportan el estándar, y por tanto que la sustitución de un modelo por otro comporta una mejora de la oferta, pero no una variación de la misma. Añade en este sentido que no puede desconocerse que en la sesión de la mesa de contratación 12/2015, de 9 de abril, se fijó la composición de la “sección de valoración técnica, elementos informáticos”, que quedó integrada por la coordinadora de informática y comunicaciones y el jefe de servicio de museos, personal en su mayoría técnico informativo del que cabe presumir acierto en la valoración técnica por razón de su especialidad y colegialidad.

Por tales circunstancias el TARC concluye que procede inadmitir el recurso de la empresa A y desestimar el interpuesto por la empresa B, confirmando la adjudicación del contrato a la empresa G, cuya solvencia entiende acreditada.