STS de diez de Marzo de dos mil quince (Sala Tercera -Sección Cuarta- del Tribunal Supremo) en el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de fecha 28 de enero de 2013 mediante la que se anuló la Orden de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía de 23 de diciembre de 2009, sobre extensión de normas de una organización interprofesional de frutas y hortalizas, en cuanto la misma declaraba su vigencia durante más de una campaña de comercialización.

Para determinar si la Orden de la Comunidad andaluza infringe los preceptos del Reglamento 1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre, mencionados en el recurso señala el TS que resulta necesario partir del contenido y objeto de la extensión de normas acordada por aquella disposición, los cuales han de reputarse enmarcados en la “prevención y gestión de crisis” a la que se refiere el artículo 103 quater del citado Reglamento en cuanto esas normas se refieren a la “promoción y comunicación”. Afirma la STS que se desprende, indubitadamente, de la solicitud de extensión de normas formulada por la organización interprofesional, a tenor de su acuerdo de 14 de diciembre de 2007, en el que se señala con claridad que “ las normas sobre promoción están enmarcadas en el contexto de la prevención y gestión de crisis a que se refiere el artículo 103 quater, apartado 2, letra c) del Reglamento (CE ) 1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre de 2007 “.

En la medida en que se trata de una “organización interprofesional agroalimentaria” le resultan aplicables los preceptos señalados, uno de los cuales es el que establece la duración máxima de la extensión de normas en los casos en los que -como sucede en el de autos- tales normas vayan referidas a la promoción en el contexto de gestión de crisis. Y es que, como se sigue del Reglamento europeo que resulta de aplicación, esa limitación temporal no va en modo alguno referida exclusivamente a las agrupaciones de productores, sino todo lo contrario: el precepto contenido en el artículo 125 terdecies alude únicamente a las organizaciones interprofesionales, carácter que ostenta la aquí interesada, cuestión sobre la que no opone objeción alguna la Junta de Andalucía. El Tribunal Supremo concluye, pues, que procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia del TSJ de Andalucía.

Tribunal Constitucional, Pleno. Sentencia 58/2015, de 18 de marzo de 2015. Conflicto positivo de competencia 5937-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino. Competencias sobre ordenación general de la economía, ganadería y sanidad: constitucionalidad de las disposiciones estatales sobre condiciones mínimas que deben reunir las explotaciones equinas, libros de explotación y programas sanitarios de control oficial (STC 158/2011). Voto particular.