La Dirección General de Tributos, en contesta‑ ción a la consulta vinculante V4151‑15, de 30 de diciembre del 2015, interpreta el tenor literal del artículo 7.1.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, según la redacción dada a este precepto por la Ley 28/2014, de 27 de noviem‑ bre, en vigor desde el 1 de enero del 2015. Dicho análisis se efectúa a fin de determinar el trata‑ miento fiscal que, a efectos de dicho impuesto, debe otorgarse a una operación de transmisión de una cartera de clientes entre dos entidades, en este caso dedicadas ambas a la administra‑ ción de fincas. 

En el precepto citado se dispone que no estará su‑ jeta al impuesto «la transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de desarro‑ llar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios [...]». Se recoge así la previsión comunitaria del artículo 19 de la Directi‑ va 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre del 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el que se señala que los Estados miembros están facultados para conside‑ rar que la transmisión de una universalidad total o parcial de bienes no suponga la realización de una entrega de bienes.

No obstante, la letra a del propio artículo 7.1.º es‑ tablece que quedarán excluidos de la referida no sujeción, entre otros, los supuestos en los que se produzca una «mera cesión de bienes o de derechos», aclarándose además que se conside‑ rará como tal la transmisión de éstos cuando no se acompañe de una estructura organizativa de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, que permita considerar que ésta constituye una unidad económica autónoma. 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta el hecho de que con la reforma del referido supuesto de no sujeción ha quedado claro que los requisitos necesarios para considerar que existe una uni‑ dad económica autónoma deben concurrir en el transmitente, y ello con independencia de que, tras la transmisión, tal estructura pueda existir en el adquirente.

Pues bien, a la vista de todo lo anterior, la Direc‑ ción General de Tributos concluye que, en el su‑ puesto examinado —en el que el consultante tiene previsto adquirir la cartera de clientes de otro ad‑ ministrador de fincas para continuar, a través de su sociedad, desarrollando dicha actividad—, la transmisión de la cartera de clientes constituye una mera cesión de derechos, transmisión que, al no verse acompañada de una estructura organizativa suficiente, debe considerarse como una operación sujeta al impuesto sobre el valor añadido.