El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado recientemente, en su Sentencia de 30 de junio de 2016, a favor de la legalidad de  la exención aplicable a  las personas jurídicas de derecho público de las tasas judiciales para litigar, tras haberse cuestionado su incidencia en relación con el principio de igualdad de armas o igualdad procesal cuando un particular, obligado a pagar la tasa judicial para acudir a los Tribunales, se enfrenta a una Administración, exenta de este tributo.

La tasa judicial es en España un tributo de carácter estatal que deben satisfacer las personas jurídicas por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia, que se regula en la Ley  10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El restablecimiento en el ordenamiento jurídico español de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que había sido suprimida en 1987, fue efectuado por la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y obedeció a la decisión de política financiera de repercutir parte del coste del servicio público al usuario o beneficiario del mismo, en aras de facilitar la financiación del servicio que se presta, tal como establece el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

La Ley por la que se regulan las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, declara exentas de su pago a la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

Este diferente tratamiento entre las personas de derecho privado y las personas de derecho público por lo que respecta al pago de las tasas judiciales, ha sido cuestionado por ciertos sectores por entender que facilitaría el acceso a la justicia de estas últimas personas con respecto a las primeras, generando un desequilibrio entre ellas a la hora de litigar. Se trata de una crítica que podría tener incluso trascendencia constitucional pues, como sabemos, el principio de tutela judicial efectiva consta de diversos aspectos o manifestaciones, entre los que se incluye, en particular, el principio de igualdad de armas y el derecho de acceso a los Tribunales.

Sin embargo, la existencia de ciertas especialidades en la posición de las personas de derecho público en los procesos judiciales no constituye necesariamente una quiebra del principio de igualdad en la medida en que exista una base objetiva que soporte la existencia de ese tratamiento diferenciado.

Pues bien, en esta línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 30 de junio de 2016  ha declarado que el Sector Público no resulta privilegiado por el hecho de no tener que satisfacer la tasa judicial y que no se opone al principio de tutela judicial efectiva recogido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea una normativa nacional que exima a las personas jurídicas de derecho público del pago de la misma. Así ha tenido ocasión de declararlo en el asunto C-205/15 con motivo de una decisión de petición prejudicial planteada por un Juzgado de Rumanía.

Según argumenta el Tribunal, el derecho de acceso a un tribunal no es un derecho absoluto, sino que puede comportar restricciones proporcionadas que persigan un objetivo legítimo y no menoscaben dicho derecho en su esencia, inclusive las ligadas al pago de tasas judiciales.

Además, señala que, ciertamente, una normativa nacional que exime a la Administración del pago de tasas judiciales que sí deben abonar personas de Derecho Privado, establece una distinción entre ellas por lo que respecta al tratamiento procesal de sus demandas, pero esa exención de la que disfrutan las personas de Derecho Público no proporciona en modo alguno, por sí misma, una ventaja procesal a esas personas jurídicas, ni coloca a las personas de derecho privado obligadas al pago de la tasa en una situación de neta desventaja respecto a sus adversarios, por lo que no cuestiona el carácter equitativo del procedimiento judicial.

La base objetiva que soporta la existencia de este tratamiento diferenciado es, como apunta el Tribunal de Luxemburgo, que el pago de ese tributo por las personas de derecho público se imputa al presupuesto nacional consolidado, que también financia los servicios prestados por los órganos jurisdiccionales. Ello enlaza con la propia finalidad de la tasa judicial, que no es otra que contribuir al buen funcionamiento del sistema jurisdiccional, en la medida en que constituye una fuente de financiación de la actividad judicial de los Estados miembros.