El pasado 8 de marzo se hicieron públicas dos sentencias del Tribunal Supremo (sentencia nº 470/2016, de 1 de marzo de 2016, recurso núm. 3155/2014, y sentencia nº 471/2016, de 1 de marzo de 2016, recurso núm. 3959/2014) en las que se estimaban las alegaciones formuladas en los recursos de casación interpuestos por el exfutbolista del F.C. BARCELONA y del R.C.D. ESPANYOL, Iván de la Peña, en relación con sus declaraciones del IRPF de los ejercicios 1998 y 2001. En concreto, el objeto de controversia de las referidas sentencias ha sido, como viene siendo habitual en el mundo del fútbol, la estructura internacional de explotación de los derechos de imagen del por aquel entonces jugador de fútbol.

El inicio de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña tuvo lugar el 8 de mayo de 2003, llegando a su fin el 8 de agosto de 2006, es decir, 1187 días después (casi 3 años y medio después de su inicio.)

Además del fondo, en el largo procedimiento se ha discutido un aspecto formal esencial, como es la duración del proceso inspector y las consecuencias de dicha duración sobre la prescripción de los ejercicios inspeccionados. Ha tenido que ser el propio Tribunal Supremo (tras caso 10 años de proceso) el que haya estimado las pretensiones del futbolista, confirmando que las actuaciones de la Inspección resultaron contrarias a derecho al excederse en su duración y anulando los acuerdos de liquidación y sancionador por el concepto del IRPF, ejercicios 1998 y 2001, de Iván de la Peña, por un importe total de 1.348.311,56 euros (1.204.135,33 euros de cuota y 144.176,23 euros de sanción).

Como es públicamente conocido, desde el año 2012 la Administración Tributaria se ha centrado en el mundo del fútbol y del deporte, iniciando numerosas actuaciones de comprobación e inspección, al cuestionar (i) los esquemas internacionales de explotación de los derechos de imagen de los futbolistas, (ii) las estructuras de explotación de los derechos de imagen del futbolista a través de sociedades de su titularidad establecidas en España, o (iii) los servicios prestados por los Agentes FIFA que intermedian en los traspasos de jugadores.

Por tanto, aunque en el caso objeto de análisis la estimación de las alegaciones formuladas por Iván de la Peña traigan causa en un defecto puramente formal, el hecho de que se haya conseguido anular las liquidaciones y sanciones giradas al jugador, da fuerzas y esperanzas a los abogados fiscalistas, en un momento en el que la litigiosidad tributaria en el mundo del futbol está siendo elevadísima, y es un soplo de esperanza para todos aquellos futbolistas que tienen largos procesos abiertos frente a la Administración Tributaria.