El Abogado General  ha dado a conocer sus conclusiones en el marco de los asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15 (Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen y Secretary of State for Home Department/Tom Watson y otros, respectivamente), en los que se discute si un Estado miembro puede imponer a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas obligaciones específicas en materia de conservación de datos.

Al respecto, Saugmandsgaard Øe afirma que es posible que un Estado miembro fije dichas obligaciones, siempre que se cumplan una serie de requisitos. En primer lugar, será preciso que el sistema que se implante cumpla con los principios de proporcionalidad, accesibilidad, previsibilidad y protección adecuada ante la arbitrariedad, y ello con la finalidad de garantizar una defensa adecuada de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. En segundo lugar, sólo se podrán conservar dichos datos cuando medie un objetivo de interés general, es decir, sólo cuando se persigan delitos graves se podrán conservar dichos datos. En consecuencia, deberá limitarse al máximo el acceso a los datos y los plazos de conservación de los mismos, e implementarse las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de aquéllos.

La postura del Abogado General choca con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que invalidó en su conocida sentencia Digital Rights Ireland la Directiva sobre Conservación de Datos porque entendió que la misma no perseguía un interés general lo suficientemente importante y que, por tanto, se podía vulnerar el derecho fundamental a la intimidad personal de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas.

Desde este blog seguiremos en detalle el desarrollo de este asunto para confirmar si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda o no la opinión del Abogado General.