La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (“LJV”) da cumplimiento, más de quince años después, al mandato contenido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual el Gobierno debía remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre Jurisdicción Voluntaria en el plazo de un año (Disposición Final 18ª).

La Exposición de Motivos de la LJV subraya que pretende ofrecer al ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses implicados. También se dice perseguir una optimización de los recursos públicos disponibles, atribuyendo el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como secretarios judiciales, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, a los que se atribuyen competencias compartidas de modo que iniciada o resuelta definitivamente una actuación por uno de ellos no será posible la iniciación o continuación de otro expediente con idéntico objeto ante otro. Todo ello en el convencimiento de que la desjudicialización en determinados casos de jurisdicción voluntaria no pone en riesgo el cumplimiento de las garantías esenciales de tutela de los derechos e intereses afectados.

En la práctica ello supone la facultad de acudir a diferentes profesionales en materias cuyo conocimiento y resolución quedaban tradicionalmente reservados a un Juez: Al secretario judicial, pero también al notario o registrador, en cuyo caso deberán abonarse los aranceles correspondientes, lo que en algunos casos puede resultar, no obstante, más económico que acudir a un órgano judicial, o puede permitir, en cualquier caso, conseguir las medidas que se solicitan en menor tiempo.

Reglas generales

La propia Ley declara que tiene por objeto la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante órganos jurisdiccionales, en concreto, de aquellos expedientes que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso (art. 1.2), pero también contiene algunas normas sobre los expedientes que cabe tramitar ante notarios o registradores.

De entre las disposiciones generales de la Ley cabe destacar que, cuando intervenga un órgano jurisdiccional, la competencia objetiva puede corresponder, según los casos, a los Juzgados de Primera Instancia o a los Juzgados de lo Mercantil (art. 2.1), no obstante lo cual, además del impulso o dirección de los expedientes, la decisión sobre el fondo y demás resoluciones que se indiquen legalmente pueden corresponden ahora a los secretarios judiciales en vez de al Juez. Es más, el secretario judicial resolverá todos los expedientes salvo aquellos que afecten al interés público, al estado civil de las personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, aunque ha de estarse en todo caso a lo que se determine expresamente para cada tipo de expediente (art. 1.3). También se remite a la regulación de cada expediente la determinación del carácter preceptivo de la intervención de abogado y procurador a cada caso concreto (art. 3), siendo los gastos ocasionados, salvo que legalmente se disponga otra cosa, de cargo del solicitante, y los gastos ocasionados por testigos y peritos, de quien los proponga (art. 7).

Expedientes en materia mercantil

El Título VIII de la Ley contempla los expedientes en materia mercantil. Aquéllos que se tramitan ante un órgano judicial son competencia siempre de los Juzgados de lo Mercantil (arts. 113.1, 118.1, 121.1, 124.2, 126.1, 130.1, 133.1 LJV). En todos ellos es preceptiva la intervención de abogado y procurador (arts. 113.2, 118.3, 121.3, 124.3, 126.3, 130.3, 133.3 LJV), salvo en los expedientes para nombramientos de perito en los contratos de seguro (art. 137.3 LJV). Sin embargo, mientras que de algunos expedientes tienen que conocer necesariamente órganos judiciales (exhibición de libros; disolución de sociedades), otros pueden tramitarse también ante los registradores mercantiles (reducción de capital y amortización de acciones o participaciones; convocatoria de junta o de la asamblea general de obligacionistas; nombramiento de liquidador, auditor o interventor; auditoría forzosa) o incluso ante los notarios (robo, hurto, destrucción o extravío de títulos-valores; nombramiento de perito en los contratos de seguro).

En aquellos expedientes con mayor relevancia para la práctica empresarial y societaria, que destacamos a continuación, han de tenerse asimismo en cuenta las modificaciones introducidas en el Código de Comercio -“CCom”- (Disposición Final 2ª) y en la Ley de Sociedades de Capital -“LSC”. (Disposición Final 14ª).

Exhibición de libros y auditoría forzosa

El expediente para la exhibición de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad (Capítulo I del Título VIII) se extiende no sólo a los libros, sino también a otros documentos y soportes contables (art. 112 LJV). La competencia para conocer de esta clase de expedientes corresponde al Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la persona obligada a la exhibición, o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran los libros y documentos de cuya exhibición se trate (art. 113.1 LJV), y en este caso es el juez, no el secretario, quien ha de resolver sobre la solicitud (art. 114.1 LJV). Con todo, la novedad más llamativa es la posibilidad de que el secretario judicial imponga multas coercitivas de hasta 300 euros por días si la persona obligada a la exhibición se negara injustificadamente, obstaculizara o quebrantara el deber de colaborar y facilitar el acceso a la documentación solicitada (art. 116 LJV).

Pese a la nueva regulación de este expediente, el legislador ha considerado que no era necesario modificar las reglas que contiene el Código de Comercio sobre comunicación (reconocimiento general) y exhibición (reconocimiento particular) de los libros, correspondencia y demás documentos de los empresarios (arts. 32 y 33 CCom); normas que, por ejemplo, obligan a que el reconocimiento (general o particular) se haga en el establecimiento del empresario y en su presencia o de la persona que comisione (art. 33.1 CCom), lo que contrasta con la posibilidad de que el juez, aunque sea excepcionalmente, pueda reclamar que se presenten en el Juzgado los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados (art. 114.2 LJV).

En relación con la contabilidad de los empresarios, y aunque no se regula en el Título VIII de la Ley, debe mencionarse asimismo el expediente de solicitud de auditoría de cuentas (art. 40 CCom en la redacción dada por la Disposición Final 2ª LJV). La obligación de someter las cuentas a auditoría como consecuencia de la petición fundada de quien acredite un interés legítimo puede ser acordada por el secretario judicial o incluso por el registrador mercantil (art. 40.1 CCom), lo que resulta sorprendente cuando el expediente de libros, en cambio, sólo puede decidirlo el juez (art. 114.1 LJV), y en ambos casos se puede ver comprometido en mayor medida el derecho de los empresarios al secreto sobre su contabilidad (art. 32.1 CCom).

Disolución de sociedades

La Ley confía en exclusiva a los órganos judiciales la tramitación de los expedientes para la disolución de una sociedad (Título VIII, Capítulo V), y su resolución al juez (art. 128 LJV). La competencia para proceder a la disolución judicial corresponde al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social (art. 126.1 LJV).

Tampoco aquí la Ley ha incluido ningún cambio en la legislación societaria sobre la disolución judicial de las sociedades de capital (art. 366 LSC). No obstante, si la solicitud la presenta un sujeto legitimado distinto de los administradores, aunque la LSC no lo exija, debe comunicarse dicha solicitud a la sociedad, puesto que la LJV requiere que se acredite que se ha procedido a esa notificación (art. 127.1 LJV).

Reducción de capital y amortización o enajenación de autocartera

Los expedientes judiciales de reducción de capital social y de amortización o enajenación de participaciones o acciones (Título VIII, Capítulo IV) se someten directamente a las normas sobre el expediente general (art. 124.1 LJV), resultando competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia (art. 124.2 LJV).

Dichas reglas han de ponerse en relación con algunas de las modificaciones que se introducen en la LSC (Disposición Final 14ª LJV). En este sentido, estos expedientes se refieren sólo a la reducción de capital y amortización de acciones o participaciones como consecuencia de la infracción de las normas sobre autocartera (arts. 139 y 141 LSC). La competencia para acordar la reducción obligatoria de capital corresponde ahora, en vez de a los jueces, a los secretarios judiciales. Pero expedientes con la misma finalidad pueden tramitarse ahora incluso ante los registradores mercantiles, aunque la decisión, favorable o desfavorable será recurrible ante los jueces de lo mercantil (arts. 139.3 y 140.2 LSC).

Convocatoria de junta general y de asamblea general de obligacionistas

Respecto de los expedientes judiciales para la convocatoria de juntas generales o de la asamblea general de obligacionistas (Capítulos II y VI del Título VIII) es competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia (arts. 118.1 y 130.1 LJV). Pero en estos expedientes no es el juez, sino el secretario judicial, quien decide sobre la solicitud (arts. 119.5 y 131.1 LJV) y, en su caso, convocará la junta o la asamblea generales en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para su celebración, así como el orden del día (arts. 119.5 y 131.3 LJV), aunque llama la atención que no se indique, sin embargo, el plazo de que dispone para resolver. Además, contra el decreto por el que se acuerde convocar la junta o asamblea generales no cabrá recurso alguno (arts. 119.5 II y 131.2 II LJV).

En consecuencia, se han modificado las reglas correspondientes de la LSC (Disposición Final 14ª LJV) sobre convocatoria de la junta (arts. 169, 170, 171, 377.1 y 492.2 LSC) y de la asamblea general de obligacionistas (art. 422.3 LSC). Pero en estos artículos se prevé que la convocatoria de la junta o de la asamblea puede solicitarse también al registrador mercantil del domicilio social. Es más, en el caso de la junta general de una sociedad anónima europea la petición ha de dirigirse necesariamente al registrador (art. 492.2 LSC). En cualquier caso, contra la resolución de los registradores mercantiles acordando la convocatoria de la junta o asamblea tampoco cabe recurso alguno (arts. 170.3 y 422.3 LSC).

Nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor   

Por lo que respecta a los expedientes judiciales de nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad (Título VIII, Capítulo III), la competencia corresponde igualmente al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social (art. 121.1 LJV). El secretario resuelve el expediente por medio de decreto, que dictará en el plazo de cinco días a contar desde la terminación de la comparecencia de los interesados que hayan de intervenir en el expediente (art. 123.1 LJV).

También aquí se han modificado determinados preceptos de la LSC (Disposición Final 14ª LJV) sobre nombramiento y revocación de auditores (arts. 265 y 266 LSC), designación y separación de liquidadores (arts. 377, 388 y 389 LSC), así como sobre el nombramiento de interventores (art. 381 LSC). En ellos se prevé que tales expedientes también pueden tramitarse ante los registradores mercantiles, aunque en cualquier caso las resoluciones son recurribles ante los jueces de lo mercantil.