Interesa destacar en el ámbito local agroalimentario la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016 sobre la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: se trata de una extensísima sentencia que, con carácter general deja sin efecto la reducción de las competencias propias de los Ayuntamientos y se anula el sistema de compensación financiera “triangular”, estimando parcialmente el recurso interpuesto por la Asamblea de Extremadura.

Se trata del primer pronunciamiento sobre los múltiples recursos presentados contra esta reforma, por lo que, en cuanto a los preceptos que han sido objeto de este recuso, marcará la pauta que seguirá en las futuras Sentencias. Interesa por ello destacar no sólo las prescripciones que anula la Sentencia sino también las que declara conformes a la Constitución y las razones que aduce para ello.

En lo que específicamente afecta al ámbito agroalimentario, se declara contraria a la Constitución la disp. trans. 3ª LRSAL que obliga a las comunidades autónomas a prestar los servicios relativos a “inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas”.

En este caso se trataba de competencias que se configuraban o bien como competencias propias (mataderos), o bien como servicio mínimo obligatorio de todos los municipios españoles (control de los alimentos y bebidas), y que la LRSAL pretendió que fueran asumidas por las comunidades autónomas “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley” (disp. trans. 3ª). Esta disposición se declara inconstitucional y nula por las mismas razones seguidamente expuestas respecto de las disposiciones transitorias 1ª y 2ª)

En efecto, la Sentencia declara inconstitucionales y nulas estas dos disposiciones transitorias por considerar que se trata de materias de competencia autonómica, que han sido atribuidas a las comunidades autónomas por sus Estatutos de Autonomía, y que la intervención en ellas del legislador estatal ha desbordado el ámbito de las bases del régimen local ex. artículo 149.1.18 CE. Ello es así porque el legislador estatal puede intervenir en materias de competencia autonómica solo para “garantizar un núcleo homogéneo de derechos prestacionales del vecino; o para atribuir directamente competencias locales” si ello no supone “un obstáculo a las competencias” que corresponden a las comunidades autónomas”, pero en este caso ha ido más allá de estos márgenes y ha superado el ámbito de la regulación básica sobre atribuciones locales y, con ello, ha invadido las competencias autonómicas de asistencia social y sanidad (recogidas en los preceptos del Estatuto de Autonomía de Extremadura que cita la Sentencia).

Se declara, por ello, la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones transitorias 1ª y 2ª RSAL y también de la disposición adicional 11ª de la ley, en la medida en que sus disposiciones están estrechamente ligadas a las dos transitorias.