El próximo 18 de abril concluye el plazo de transposición del paquete de Directivas Comunitarias de Contratación, que hasta la fecha no han sido transpuestas en nuestro derecho interno. 

Al margen de la responsabilidad en que pueda incurrir el Estado español, la principal consecuencia es que, de conformidad con el principio del efecto directo de las directivas comunitarias, una vez concluido su plazo de transposición diversos preceptos de dichas Directivas serán de aplicación directa en España.

Uno de estos preceptos es el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública (la “Directiva de Contratos”), que prevé que los poderes adjudicadores deberán aceptar, en el momento de la presentación de las solicitudes de participación o de las ofertas, como prueba preliminar de que los licitadores reúnen las condiciones para contratar, el “documento europeo único de contratación”, consistente en una declaración actualizada del interesado, en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros que ahora se utilizan para confirmar que el operador económico en cuestión cumple tales condiciones. 

Varios apartados de este artículo 59 de la Directiva de Contratos y, entre ellos, el que regula la cuestión que nos ocupa, tendrán efecto directo a partir del próximo 18 de abril, por ser claros, precisos e incondicionados, tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) para que los preceptos de las directivas puedan desplegar efecto directo (Sentencia Van Duyn, de 4 de diciembre de 1974).  

Este efecto directo va a suponer que la potestad que ahora se atribuye a los órganos de contratación por el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (“TRLCSP”), de otorgar a los licitadores, previéndolo en los pliegos, la posibilidad de sustituir la aportación inicial de la documentación acreditativa de su capacidad y solvencia por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, se convertirá en regla general para los contratos administrativos y los contratos sujetos a regulación armonizada celebrados por otros poderes adjudicadores del sector público, quienes, en consecuencia, estarán obligados a admitir siempre el documento europeo único de contratación como prueba de que los licitadores reúnen las condiciones para contratar. 

Así lo ha confirmado recientemente la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en una recomendación publicada el 8 de abril de 2016 en el Boletín Oficial del Estado.

El “documento europeo único de contratación” (“DEUC”) ha sido aprobado por la Comisión Europea, por medio del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7, de la Comisión, de 5 de enero de 2016 (el “Reglamento DEUC”), cumpliendo así con el mandato contenido en el apartado 2 del artículo 59 de la Directiva de Contratos. De acuerdo con su artículo 1, a partir del momento en que entren en vigor las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva de Contratos y, a más tardar, a partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para la elaboración del DEUC el formulario normalizado que figura en el anexo 2 del este Reglamento, que es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

El DEUC consiste en una declaración formal de los operadores económicos que sirve, según dice el propio Reglamento, de “prueba preliminar, en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros”. Mediante esta declaración, creada con el fin de reducir las cargas administrativas, el operador económico certifica que no se encuentra en alguna de las situaciones de exclusión, que cumple los criterios de selección, así como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el numero de candidatos a los que se invite a participar. Su utilización, como decimos, será obligatoria para todos aquellos procedimientos de contratación que estén sujetos a las normas tanto de las Directiva de Contratación como de la Directiva 2014/25/UE, por la que se regula la contratación en los sectores excluidos, si bien se permite a los Estados miembros determinar por vía reglamentaria o dejar que los poderes y las entidades adjudicatarias decidan si el DEUC debe también utilizarse en otros procedimientos de contratación. 

En cuanto a las normas sobre la utilización del DEUC que se contienen en el Reglamento DEUC, interesa destacar las siguientes:

  • El poder adjudicador o entidad adjudicadora podrá pedir a los licitadores que presenten los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento. 
  • En caso de que los operadores económicos incurran en declaraciones falsas pueden ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de enjuiciamiento. En este sentido, incurrir en falsedad en las declaraciones incluidas en el DEUC podría dar lugar a la declaración de la prohibición para contratar con el Sector Público, por la causa prevista en el artículo 60.1.e) del TRLCSP, y podría ser objeto incluso de sanción penal en los casos más graves. 
  • Los operadores económicos pueden volver a utilizar la información facilitada en un DEUC que hayan empleado en un procedimiento de contratación anterior siempre que la información sea correcta y siga siendo pertinente. 
  • A partir del 18 de abril 2018, el DEUC se presentará exclusivamente en formato electrónico, debiendo existir un servicio telemático para su cumplimentación. Hasta entonces podrán coexistir versiones electrónicas y versiones en papel. 
  • Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección varíen de un lote a otro, el DEUC deberá cumplimentarse para cada lote (o grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de selección).
  • Los poderes y entidades ad judicadoras podrán, por voluntad propia o por exigencia de los Estados miembros, limitar la información requerida sobre los criterios de selección a una sola pregunta, a saber, si los operadores económicos cumplen o no todos los criterios de selección necesarios.
  • Un operador económico que participe por su cuenta en un proceso de licitación pero recurra a la capacidad de una o varias entidades, deberá garantizar que el poder adjudicador reciba su propio DEUC junto con otro separado, por cada una de las entidades de que se trate. Cuando grupos de operadores económicos participen conjuntamente en el procedimiento deberá presentarse un DEUC separado, por cada operador participante. 

El DEUC consta de las siguientes partes y secciones:

  • Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o entidad adjudicadora.
  • Parte II. Información sobre el operador económico.
  • Parte III. Criterios de exclusión. 
  • Parte IV. Criterios de selección. 
  • Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados. 
  • Parte VI. Declaraciones finales.