El 27 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”), el decreto por el cual se promulga un nuevo ordenamiento legislativo denominado Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la “Ley de Disciplina Financiera”).

ANTECEDENTES

El 26 de mayo de 2015 se publicó en el DOF el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Con fecha 2 de diciembre de 2015, la Comisión de Hacienda y Crédito Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Disciplina Financiera y reforma la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Ley de Disciplina Financiera establece criterios, bases y lineamientos generales de responsabilidad hacendaria y financiera, que servirán para regir a las Entidades Federativas, Municipios y Entes Públicos para lograr un manejo controlado, sostenible y eficiente de sus finanzas públicas.

DISPOSICIONES

La Ley de Disciplina Financiera responde a la necesidad de atender oportuna y eficazmente los conflictos y problemas financieros a los que se enfrentan las Entidades Federativas y sus Municipios y Entes Públicos, mediante la aplicación de principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del ejercicio del gasto público, con la finalidad de alcanzar una disciplina fiscal para transformar a fondo el endeudamiento de las mismas.

A grandes rasgos, la ley pretende afrontar los problemas financieros y de endeudamiento mediante la aplicación de seis aspectos esenciales: (i) reglas de disciplina financiera para garantizar y promover el sano desarrollo de las finanzas públicas; (ii) la creación de un sistema de alertas, que estará vinculado a los niveles de endeudamiento, de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez, para permitir una detección oportuna de endeudamiento excesivo y control del mismo; (iii) aplicación de principios y lineamientos de transparencia y eficiencia en la contratación de financiamientos y obligaciones; (iv) fomento de la inversión pública mediante el destino de los recursos obtenidos de financiamientos y obligaciones para dicho fin; (v) deuda estatal garantizada, consistente en el otorgamiento de un aval del Gobierno Federal con el objetivo de apoyar a las Entidades Federativas y a sus Municipios a reducir la tasa de interés de sus empréstitos, sujeto a celebrar convenios de disciplina financiera, y (vi) la creación de un Registro Público Único (el “Registro”) para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones a su cargo.

Entre los aspectos más destacados de la Ley de Disciplina Financiera, se encuentran los siguientes:

  1. Inversión Pública Productiva. De conformidad con la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley de Disciplina Financiera ratifica que el único destino permitido para la contratación de obligaciones o empréstitos, y su refinanciamiento o reestructura es lo que se entiende por Inversión Pública Productiva.1
  2.  Reintegro de Recursos Federales Transferidos. Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias federales “etiquetadas”.2
  3. Contratación de Financiamientos. La Contratación de Financiamientos estará sujeta al Techo de Financiamiento.3
  4. Límite para los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior. La Ley de Disciplina Financiera señala un límite de hasta por el 2% (dos por ciento) de los ingresos totales del ente público para los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior.
  5. Deuda Estatal Garantizada. En ciertos casos, el Ejecutivo Federal podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de Estados y Municipios.4
  6. Contratación de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México. Los financiamientos de la Ciudad de México deberán contratarse con apego a la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley de Disciplina Financiera, así como a las directrices de contratación que al efecto emita la SHCP. Entre otros objetivos, se busca que las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado produzcan directamente un incremento en el monto de los ingresos públicos. Las operaciones de financiamiento de la Ciudad de México deberán contratarse bajo las mejores condiciones de mercado, con la finalidad de producir un beneficio para las finanzas de la Ciudad de México y evitar afectar las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las demás Entidades Federativas y sus Municipios.

Para mantener un control sobre la contratación de deuda pública, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México remitirá al Congreso de la Unión anualmente el programa de colocación de la deuda pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente.

  1. Registro Público Único. Con el objeto de inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los Entes Públicos, la Ley de Disciplina Financiera prevé la creación del Registro, a cargo de la SHCP con efectos declarativos e informativos.5

La Ley de Disciplina Financiera entró en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el DOF, derogando todas las disposiciones que se opongan al Decreto.

Las autoridades de las Entidades Federativas y, en su caso, las autoridades Municipales, tienen la obligación de adecuar su marco jurídico, de conformidad con lo previsto en el Decreto, en un plazo de 180 días naturales.

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable contará con un plazo máximo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera, para emitir las normas necesarias para identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda pública, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera.