El pasado 5 de noviembre entró en vigor la nueva regulación del artículo 32 LPI, aprobada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, en virtud de la cual las universidades y los centros públicos de investigación tienen la obligación de remunerar a los autores por las copias parciales de libros y revistas que cuelgan en sus campus virtuales.

A partir de ahora, estos centros podrán hacer usos digitales de fragmentos de obras, a cambio de la correspondiente remuneración que se hará efectiva a través de entidades de gestión como CEDRO y VEGAP, siempre que el fragmento no represente más de un 10% del libro o revista; sea utilizado por profesores y alumnos con fines educativos y se lleve a cabo a través de las redes cerradas e internas de estos centros.