Sin duda,  las relaciones colectivas de trabajo se han visto afectadas estructuralmente por la reforma de 2012. Dentro de este ámbito, una de las cuestiones que mayores incertidumbres y conflictividad judicial ha generado es la referida  a la interpretación de la última redacción del art. 86.3 ET en relación con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2012, que ordenan la ultraactividad de los convenios colectivos. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo vienen emitiendo pronunciamientos en los que se debaten entre la aplicación literal de la norma y una interpretación que suavice los efectos “indeseados” que la misma puede generar en el sistema de relaciones laborales.

A lo largo del año 2015 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las que ha ido fijando hitos que configuran una línea jurisprudencial que parece indicar cierta consolidación de su doctrina. En particular, el mes de julio ha sido testigo de dos resoluciones en la materia que reiteran la doctrina previamente mantenida por la STS de 17 de marzo de 2015 (Recurso de Casación en Unificación de Doctrina 233/13): la sentencia de 2 de julio (Recurso de Casación en Unificación de Doctrina 1699/14) y la de 7 de julio (Recurso de Casación 193/14). Todas ellas contienen votos particulares con argumentos sólidos, e igualmente reiterados, para discrepar con la decisión mayoritaria. Es por ello, que se mantienen dudas sobre la permanencia en el tiempo de la interpretación general.

Por otra parte, los pronunciamientos resuelven y fundamentan la interpretación de la norma aplicable a convenios colectivos pactados antes de la entrada en vigor de la reforma. Todavía queda recorrido para observar si dicha línea interpretativa es aplicable a las muy plurales respuestas que los nuevos convenios colectivos contienen sobre esta cuestión.

En esta ocasión, se centrará la atención en la STS de 7 de julio de 2015, que resuelve el recurso de casación presentado por UMIVALE PREVENCIÓN y otras recurrentes, contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 19 de noviembre de 2013, que resolvía la demanda de conflicto colectivo planteada por la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT) y la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras (COMFIA-CCOO) contra las recurrentes.

En la demanda original, FES-UGT solicitaba que se declarara la nulidad de la decisión empresarial de UMIVALE PREVENCIÓN  de prorrogar, con carácter provisional y temporal hasta el 31 de diciembre de 2013, el I Convenio Colectivo Nacional de los Servicios de Prevención Ajenos y que afirmara su obligación de seguir aplicando dicho Convenio sin limitación temporal alguna. La Audiencia Nacional admite la demanda y resuelve que el I Convenio Colectivo Nacional de Servicios de Prevención Ajenos deberá mantener su vigencia normativa en la entidad codemandada hasta que se pacte un nuevo Convenio Colectivo que le sea aplicable.

Las partes recurrentes denuncian la infracción del artículo 86.3 in fine ET, de la DT 4ª de la Ley 3/2012 y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 210/1990), en relación con el artículo 4 del Convenio Colectivo de Servicios de Prevención de Riesgos Ajenos 2008-2011.

Los hechos relevantes para la resolución de la cuestión planteada son:

  1. El I Convenio Colectivo Nacional de los Servicios de Prevención Ajenos entró en vigor el 1 de julio de 2008 con duración hasta el 31 de diciembre de 2011.
  2. El Convenio fue denunciado el 29 de septiembre de 2011, celebrándose hasta 23 reuniones para negociar un nuevo convenio sin resultado.
  3. El 29 de julio de 2013 la Directora General de UMIVALE PREVENCIÓN remitió una comunicación a la plantilla, en la que se señalaba que el 7 de julio de 2013 había finalizado la ultraactividad o eficacia del Convenio aplicable, sin haber alcanzado nuevo acuerdo. Este es el motivo por el que la empresa decide unilateral y provisionalmente prorrogar hasta el 31 de diciembre del mismo año. En la comunicación se declara que su decisión podrá ser revisada dependiendo de la formalización de un nuevo marco convencional de ámbito sectorial y/o de empresa.
  4. El artículo 4 del Convenio establece que «La denuncia del convenio se realizará por cualquiera de las partes, por escrito y con una antelación mínima de tres meses a su fecha de expiración, entendiéndose prorrogado su contenido normativo por periodos anuales de no producirse ésta. Denunciado el Convenio y hasta que no se logra acuerdo expreso, a los efectos previstos en el art. 86.3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá que se mantiene la vigencia de su contenido normativo en los términos que se desprenden de su regulación».

La cuestión a resolver es si continúa en ultraactividad un convenio colectivo que ha sido suscrito y publicado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 3/2012, que también ha sido denunciado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, habiéndose intentado la negociación de un nuevo convenio sin resultado.

Para resolver esta cuestión la ponente –Dña. María Luisa Segoviano˗ procede a examinar el iterlegislativo del artículo 86 ET. En primer término, analiza la redacción del precepto dada por el RD Ley 7/2011 de 10 de junio, para seguidamente, referirse a la redacción vigente en relación con la DT 4ª de la Ley 3/2012.  Una vez estudiado el contexto legal, la ponente proyecta sobre el caso los razonamientos contenidos las SSTS de 17 de marzo de 2015 y 2 de julio de 2015.

En la primera de ellas, en la que se declara la vigencia del III Convenio Colectivo suscrito entre AIR NOSTRUM, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA y sus trabajadores, se afirma que cuando un convenio colectivo, suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, contiene una cláusula que prevea que una vez finalizado el periodo de vigencia y denunciado el convenio, permanecerán vigentes las cláusulas normativas hasta que se produzca la entrada en vigor de un nuevo convenio que haya de sustituirle, tal cláusula es el «pacto en contrario» al que se refiere el último párrafo del artículo 86.3 ET. Para ello, los argumentos jurídicos en los que se apoya la postura del TS son:

  1. El tenor literal del precepto, criterio interpretativo conforme al artículo 3.1 Cc. Por tanto, cuando el último inciso del apartado 3 del artículo 86 ET dispone: «Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación». La norma se limita a establecer que si hay un pacto en contrario, aunque haya transcurrido un año desde que se denunció el convenio, este no pierde vigencia.
  2. Donde la ley no distingue, no hay que distinguir. En efecto, la norma no ha especificado que el «pacto en contrario» tenía que haberse suscrito con posterioridad a que hubiera vencido el convenio, sino que se limita a permitir que dicho pacto evite que el convenio, tras ser denunciado y no haberse suscrito uno nuevo en un año, pierda vigencia.
  3. Esta interpretación reconoce la primacía de la autonomía de las partes expresada en la negociación colectiva sobre la regulación legal ajena a dicha voluntad y que sólo debe aplicarse en defecto de aquella. Si hay pacto expreso en el convenio, se aplica dicho pacto hasta que se alcance un nuevo convenio.
  4. La Sala sostiene esta primacía con base en los compromisos internacionales adquiridos por España, en especial en los Convenios de la OIT (ad ex núm. 98) y en la regulación de la Unión Europea (art. 6 de la Carta Social Europea). Todos ellos compromisos dirigidos a preservar el derecho a la negociación colectiva.
  5. Junto a las fuentes internacionales la Sala se refiere al art. 37 CE, que reconoce la fuerza vinculante de los convenios colectivos, conforme a la interpretación constitucional (STC 58/1985, de 30 de abril).
  6. Se afirma que, cuando la voluntad de las partes expresada en el convenio correspondiente es clara, la DT 4ª de la Ley 3/2012 no puede imponerse, pues se limita a establecer una regla para determinar el dies a quo del cómputo del plazo de un año, para los convenios denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, pero no altera las reglas de vigencia de los convenios, contenidas en el artículo 86 ET.
  7. En cuanto a la voluntad del legislador derivada de la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012 se sostiene que “… En primer lugar, una exposición de motivos no es una norma, aunque pueda ayudar, en alguna ocasión –cuando la norma no es clara˗ a interpretar la misma, por lo que no cabe invocarla para propugnar una determinada interpretación del precepto. En segundo lugar, el legislador también quiere favorecer la negociación colectiva y no el vacío de regulación convencional. Por último, la “petrificación” del convenio puede evitarse acudiendo a los mecanismos de “descuelgue” regulados en el artículo 82 ET”.

En definitiva, el TS procede a aplicar esta doctrina anterior en la STS de 7 de julio de 2015 y se desestiman los recursos formulados, pues el Convenio litigioso contiene una cláusula, el art. 4, que prevé la permanencia de las cláusulas normativas del Convenio hasta que se logre un acuerdo expreso.

Como se indicaba, la sentencia contiene votos particulares, que ponen de manifiesto que no estamos ante una cuestión resuelta ni pacífica. En efecto, el primero de los votos particulares es formulado por el magistrado D. Luis Fernando de Castro Fernández, remitiéndose al voto particular formulado a la propia STS de 17 de marzo de 2015 por D. Antonio V. Sempere Navarro concluyendo que la tesis mayoritaria contradice el principio de jerarquía normativa. Idéntica discrepancia e idéntica referencia mantiene el segundo de los votos particulares, formulado por el magistrado D. Jesús Souto Prieto.

De todo lo expuesto cabe extraer tres conclusiones:

  1. El TS trata de dar respuesta a una situación de hecho generada por una norma cuyo contenido es claro, pero cuya aplicación genera situaciones que generan incertidumbre, inestabilidad y conflictividad en las relaciones laborales; situaciones que han de ser resueltas para favorecer la paz social y, con ello, un clima que contribuya de manera eficaz a mejorar la situación económica y laboral.
  2. El TS debe recurrir a argumentos jurídicos generales, al CCivil en primer término, a las normas internacionales en la materia en segundo, y finalmente a la propia CE.
  3. Se trata de una respuesta, la sostenida mayoritariamente por la Sala de lo Social del TS, que resuelve situaciones transitorias para convenios colectivos acordados con carácter previo a la reforma del 2012 y que contienen cláusulas que prevén su prórroga. En cuanto a los nuevos convenios colectivos y la regulación de su propia vigencia más allá del período inicialmente pactado, la realidad es de lo más variopinta (Ejemplos: II CC DE VUELING AIRLINES SA Y SU TRIPULACIÓN DE PILOTOS. BOE Nº 168, 15-7-2015, contempla en su art. 1.3 que “Este Convenio será prorrogable tácitamente por períodos de doce meses a partir de la finalización de la vigencia del mismo, si con una antelación mínima de dos meses a la fecha de su vencimiento no ha sido denunciado por cualquiera de las dos partes. Denunciado el Convenio por cualquiera de las partes, en los plazos previstos en el párrafo anterior, ambas partes se obligan a iniciar negociaciones en los plazos fijados por la Ley, a fin de alcanzar un nuevo pacto y, durante los dos años siguientes desde el fin de la vigencia del Convenio, seguirá siendo de aplicación el mismo, salvo que se logre Acuerdo sobre el siguiente Convenio. Transcurrido dicho plazo, únicamente se aplicarán las tablas salariales, a las que se aplicará la revisión salarial establecida en el artículo 14.20.”; o el CC NACIONAL DEL SECTOR DE HARINAS PANIFICABLES Y SÉMOLAS, 2015, 2016, BOE 168, 15-7-2015, en cuyo art. 4.e) establece que “Las partes pactan expresamente, que con independencia del plazo de negociación, todo el contenido del presente convenio y sus anexos mantendrán su vigencia y aplicación plena, hasta que no se alcance la firma de un nuevo convenio que lo sustituya”; o el art. 4 del XVIII CC General de la Industria Química: “Transcurridos 24 meses desde su denuncia sin que se haya acordado uno nuevo que lo sustituya, el presente Convenio perderá su vigencia en los términos establecidos en la legislación vigente”)
     
    Se plantea un nuevo reto para profesionales, jueces y juristas, pero también para los interlocutores sociales y las partes negociadoras, que podrán anticiparse al conflicto dotándose de soluciones que garanticen la ordenación más adecuada de las relaciones laborales en su ámbito correspondiente.