Doy la bienvenida a una nueva legislatura con el convencimiento de que con el equipo recién nombrado se dan las condiciones adecuadas para poder retomar los asuntos que estaban en fase de maduración e impulsar otros con los que seguir modernizando el sector asegurador. El ciclo político anterior fue muy fructífero en transformaciones, pero el calado de éstas, el nuevo contexto normativo y otras vicisitudes condicionantes obligan a combinar acciones transformadoras adicionales con otras que verifiquen —y, si es preciso, promuevan— el cumplimiento de las anteriores, aún recientes.

Genera confianza saber que a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) acompañará en este intenso viaje un sector competitivo y ya instalado en el nuevo paradigma de Solvencia II. Estos años que se avecinan deben servir para que supervisor y supervisados consoliden las profundas novedades que trajeron la Ley y el Real Decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR y RDOSSEAR, respectivamente), entre otros. Habrá que estar vigilantes, por cierto, para que la revisión que se haga de la fórmula estándar antes del 2018 no sirva de excusa para que otras jurisdicciones promuevan cambios desestabilizadores.

Sin dejar el capítulo normativo de lado, en estos próximos años se estudiará la conveniencia de introducir algún ajuste en la Ley 35/2015, conocida como de reforma del baremo; habrá que concluir, por parte del ministerio competente, la transposición de la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo; sería deseable ampliar el alcance del Registro de Seguros Obligatorios e incluir en él los creados por las Administraciones locales; y, especialmente relevante, será momento de incorporar al Derecho español la Directiva sobre la distribución de seguros, que tanta expectación suscita. En el plano internacional, el regulador europeo está próximo a definir la configuración final —¿y el nuevo calendario?— del documento de los datos fundamentales relativos a los productos de inversión basados en seguros. Nadie duda que su aplicación material será uno de los principales desafíos para las entidades aseguradoras.

Fortalecer la previsión social complementaria debe ser una respuesta necesaria ante el agotamiento de la llamada hucha de las pensiones, el envejecimiento de la población, la elevada tasa de desempleo y los tipos de interés casi negativos. En este contexto, tendría sentido recuperar el debate sobre la conveniencia de la carta con el cómputo estimado de la pensión pública futura como medida para sensibilizar sobre la realidad del problema. La educación financiera, en definitiva, debería seguir siendo un eje de acción transversal que acercara (y adaptara cuando fuere preciso) el sector a los ciudadanos.

Permítanme concluir, ante tan extenso y variado menú de tareas, deseando mucha suerte a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que pueda seguir contribuyendo a que el sector de los seguros y planes de pensiones sea un pilar sólido de la economía española y fiable en el cumplimiento de la función social que tiene asignada.