El día 30 de enero de este año 2015 se cumplieron los 40 años de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, conocida como la “Convención de Panamá.”

En 1975, los países del istmo centroamericano formaron parte de las doce primeras naciones que originalmente suscribieron la Convención de Panamá, promulgada en el marco de la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá.

Ese 30 de enero, 40 años atrás, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela suscribieron de la Convención de Panamá; dando un paso significativo para el desarrollo del arbitraje comercial internacional en las Américas.

Actualmente, 19 países americanos son Estados Contratantes de la Convención de Panamá. El gran logro de esta convención ha sido unificar a nivel americano y mediante un instrumento originario del continente americano, los criterios para el reconocimiento y ejecución de los acuerdos de arbitraje y los laudos arbitrales en material comercial. A diferencia de la Convención de Nueva York[1] que tiene un ámbito de aplicación mundial y que regula en materia de acuerdos y laudos arbitrales de todo tipo; la Convención de Panamá es una convención regional especializada en arbitraje comercial, es decir, como bien lo establece su Artículo 1, “con relación a un negocio de carácter mercantil.”

En este sentido, la Convención de Panamá protege a los comerciantes de los países contratantes cuando acuerdan resolver sus diferencias en un negocio mercantil mediante el arbitraje. Un negocio de exportación de productos o distribución de los mismos entre, por ejemplo, una empresa nicaragüense y una empresa estadounidense, en cuyo contrato las partes pactaron resolver sus posibles diferencias mediante arbitraje, está cubierto y amparado por la Convención de Panamá.

Otra singularidad muy importante de la Convención de Panamá es su Artículo 3, el cual dispone que cuando las partes no establecen expresamente las reglas de procedimiento del arbitraje, éste debe proceder conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).[2] Esta disposición resuelve automáticamente los problemas que representa para un proceso arbitral una cláusula arbitral anómala, en la que no se pacta por las partes las reglas de procedimiento de un arbitraje.

El Reglamento de Procedimientos de la CIAC[3] es basado mayoritariamente en el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), el cual provee disposiciones claras y flexibles que lo han convertido en uno de los Reglamentos de Arbitraje adoptado por los Estados en las disposiciones relativas a arbitraje establecidas en los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión suscritos por una gran cantidad de países a nivel global, incluyendo países de la Unión Europea y de América Latina. El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, es uno de los procedimientos de arbitraje establecidos por el CAFTA-DR en los capítulos en que se regula la solución de conflictos en el Tratado.

En adición a lo anterior, la CIAC cuenta con secciones nacionales y asociadas en distintos países que facilitan la administración y desarrollo de los procesos arbitrales bajo el Reglamento de Procedimientos de la CIAC.[4] Esto facilita el acceso a y el inicio de un procedimiento arbitral, para empresas de distintos países contratantes de la Convención de Panamá que, en una relación comercial internacional, pactaron que sus controversias comerciales se resolvieran mediante arbitraje sujeto al Reglamento de Procedimientos de la CIAC; o como lo mencionamos anteriormente, se pactó arbitraje pero no se estableció el procedimiento arbitral.

Con el crecimiento continuo del comercio internacional y los diferentes negocios que se realizan entre empresas de distintos países del hemisferio, y especialmente en los que participan empresas Centroamericanas; consideramos de particular importancia la a veces olvidada Convención de Panamá, ya que brinda la predictibilidad buscada por los comerciantes ante un eventual diferendo mercantil internacional, al asegurar la ejecución de acuerdos arbitrales pactados y de laudos arbitrales una vez dictados y al disponer de unas reglas claras y modernas de arbitraje, en caso de que las partes omitan establecerlas.     

¡Enhorabuena por el desarrollo de esta iniciativa que apenas cumple 40 años de existir!