El pasado 1° de septiembre de 2016, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 1421, “Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la adopción de medidas relacionadas con el Beneficio y Comercialización de minerales y se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, respecto del licenciamiento ambiental para plantas de beneficio” (el “Decreto”).

El beneficio de minerales consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a las que se somete el mineral extraído para su posterior utilización y comercialización.

Con la finalidad de hacer seguimiento y control de las actividades de beneficio de minerales, el Decreto crea la obligación para los propietarios de plantas de beneficio de minerales de inscribirse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (el “RUCOM”) dentro de los seis (6) meses contados a partir de la publicación del Decreto. Sin embargo, en caso que la planta de beneficio de minerales haga parte de un proyecto autorizado bajo un título minero, no es necesario inscribir la planta en el RUCOM, pero sí se requiere incluirla en las listas que debe publicar la Agencia Nacional de Minería (la “ANM”) en la plataforma del RUCOM.

Es importante destacar que el beneficio de minerales provenientes de explotadores mineros no autorizados será considerado como “aprovechamiento ilícito”, lo cual constituye un delito sancionado con prisión de entre uno (1) a seis (6) años y multa de 50 a 300 salarios mínimos legales mensuales, además de la cancelación de la inscripción en el RUCOM, si la hubiere.

Por otra parte, el Decreto adicionó el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (el “Decreto 1076 de 2015”), para incluir la actividad de construcción y operación de plantas de beneficio de oro como actividad sometida a la obtención de licencia ambiental.

El Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.