La Audiencia Nacional, en una interesante sentencia, ha matizado el criterio que desde la Administración ha venido manteniéndose en muchos casos en virtud del cual la presencia de una segunda finalidad en las operaciones de reestructuración empresarial, añadida a la de perseguir una auténtica reorganización de la entidad, conllevaría, partiendo del análisis conjunto de la operación, la exclusión de la posibilidad de aplicar el régimen especial previsto a efectos del impuesto sobre sociedades para las citadas operaciones.

Son muchas las ocasiones en las que tanto la Ad‑ministración como los tribunales han cuestionado la existencia de motivos económicos válidos en reorganizaciones empresariales en las que, tras haberse efectuado una escisión total o parcial de una entidad, se lleva a cabo otra operación que tiene por objeto la transmisión, ya sea onerosa o gratuita, de las participaciones en las entidades re‑ sultantes de la reestructuración.

En ese sentido, trayendo a colación ejemplos re‑cientes, la Dirección General de Tributos, en la consulta V2572‑16, de 10 de junio del 2016, tras considerar que a priori concurrían motivos econó‑ micos válidos en una operación de escisión parcial que tenía por objeto una línea concreta de nego‑cio, matizó tal afirmación al considerar que una transmisión posterior de la entidad resultante de la escisión puede poner en duda los motivos de la operación analizada en su conjunto, extremo que sucederá si la tributación de tal transmisión resulta más ventajosa que la que hubiera correspondido si se hubiera enajenado la aludida línea de negocio antes de la reestructuración.

Del mismo modo, en la consulta V2535‑16, de 9 de junio, la Dirección General de Tributos analiza una operación de reestructuración empresarial realiza‑da por un grupo familiar formado por los padres y sus tres hijos, cuyo objetivo último es permitir la preparación del relevo generacional de la empresa, aunque se plantean también la posibilidad de donar en un futuro a los hijos las participaciones de las nuevas sociedades resultantes de la reestructura‑ción. En este caso, el centro directivo considera que una operación de escisión seguida de una donación posterior entre los socios de parte de las partici‑paciones de las entidades resultantes de aquélla produciría el mismo resultado práctico que una es‑cisión total no proporcional, lo cual exigiría que los elementos patrimoniales transmitidos a cada una de las entidades beneficiarias de la escisión cons‑tituyesen una rama de actividad, extremo que no concurre en el supuesto analizado, por lo que, en este caso, la Dirección General consideró que no era de aplicación el régimen especial pretendido.

Pues bien, al hilo de un supuesto parecido al que acabamos de describir, la Audiencia Nacional ha emitido recientemente una sentencia en la que se introducen matices interesantes respecto del tema que nos ocupa. En concreto, el supuesto de hecho del que parte la Sentencia de 2 de junio del 2016 (rec. n.º 289/2013) tiene por objeto una opera‑ción de escisión parcial cuya beneficiaria fue una entidad de nueva creación cuyas participaciones, pertenecientes a dos cónyuges, fueron donadas posteriormente por éstos a sus hijos.

El tribunal comienza su análisis recordando que, para que resulte aplicable el régimen especial pre‑visto a efectos del impuesto sobre sociedades para las operaciones de reestructuración empresarial consistentes en escisiones parciales, se precisan dos requisitos, a saber: la transmisión de una «rama de actividad» y la existencia de un «motivo económico válido» en la operación. Pues bien, tras constatar que concurre el primero de ellos, cosa que la Ad‑ ministración no cuestiona en ningún momento, el objeto principal del análisis se centra en la existen‑ cia de la segunda de las condiciones apuntadas. A este respecto, la Administración, pese a considerar que atendiendo al «estudio individualizado» de la escisión como tal sí podrían entenderse cumplidos todos los requisitos necesarios para aplicar el ré‑gimen especial discutido —ya que el objetivo de la operación era, en síntesis, lograr una reorganización empresarial conveniente y racional desde el punto de vista económico al separar los activos inmobi‑liarios de los representados por acciones en em‑presas cuya actividad la constituía el transporte de mercancías y materiales—, concluyó sin embargo, a partir del análisis de la operación en su conjunto y considerando la donación posterior a la escisión, que su finalidad era obtener una ventaja fiscal, lo cual impedía aplicar dicho régimen especial.

Pues bien, la Audiencia Nacional no compartió en este caso tal posición y terminó por estimar las pretensiones de la entidad recurrente sobre la base de interesantes consideraciones como las que apuntamos a continuación.

En primer lugar, el tribunal señala que «a la hora de examinar la concurrencia de un motivo econó‑mico válido […] no cabe apreciar que la persecu‑ción de un objetivo de reorganización empresarial deba ser considerado, necesaria e inevitablemente, como incompatible con la simultánea persecución de otro objetivo, debiendo en este caso estarse en cada caso a las circunstancias concretamente concurrentes».

De acuerdo con lo anterior, la posición mantenida por el Tribunal Económico Administrativo Central —cuya resolución fue objeto del recurso resuel‑to ahora por la Audiencia Nacional, y en virtud de la cual aquél parece inclinarse por entender que la presencia de una segunda finalidad en la operación de escisión excluiría, anularía o haría desparecer, por definición, la primera— no es compartida en la sentencia que comentamos. Por el contrario, en ésta se insiste en la necesidad de justificar, en cada caso concreto, las razones por las que deba enten‑derse que concurre tal incompatibilidad absoluta de objetivos. Esto es así, a juicio del tribunal, porque, «en principio, nada impide que, legítimamente, se pueda perseguir en la escisión, a la vez, un doble objetivo: lograr una reorganización empresarial conveniente y racional desde el punto de vista eco‑nómico y, además, articular una sucesión ordenada en la dirección de las empresas implicadas en la escisión, de manera que se asegure la continuidad familiar, al permitir que sean los hijos de los socios que llevaban la dirección de aquéllas los que conti‑núen al frente de la actividad en el futuro».

Por tanto, excluida la existencia de incompatibili‑ dad absoluta conceptual entre ambos objetivos, y siendo clara la concurrencia del segundo de ellos, sólo quedaría comprobar que la reorganización em‑presarial es el objetivo primero de la escisión. Pues bien, teniendo en cuenta que la Administración no negó que se hubiera producido la separación efec‑tiva de activos y actividades tras la escisión ni la realidad de las ventajas económicas, comerciales o en materia de riesgos que la parte recurrente había invocado, la Audiencia Nacional concluyó que no existía ninguna razón lógica ni jurídica para negar la concurrencia de un motivo económico válido en la escisión efectuada, estimando así procedente la aplicación del debatido régimen especial.

Ciertamente, el análisis conjunto de las operacio‑nes enmarcadas en una reorganización empresarial puede tener sentido en muchos casos. Como bien indica la Audiencia Nacional, la clave para aplicar el régimen especial —hoy general— de neutralidad fiscal radica en que estemos ante una auténtica o genuina reorganización empresarial y no en el hecho de que, como resultado de ella o de opera‑ ciones posteriores, se deriven ventajas fiscales. Ló‑ gicamente, se aplican igualmente en este contexto los límites establecidos en el ordenamiento frente a operaciones intermedias artificiosas (ar. 15 de la Ley General Tributaria).