El 21 de octubre de 2015, como consecuencia de la denuncia interpuesta por el Club Deportivo Tizona en diciembre de 2014, la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoó expediente sancionador (bajo la referencia S/DC/0558/15) contra la principal liga de baloncesto profesional de España, la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). En concreto, la CNMC consideraba que las condiciones económico-administrativas impuestas a los clubes de baloncesto para poder ascender de la Liga LEB (segunda división) a la Liga ACB por méritos deportivos podrían considerarse inequitativas, discriminatorias y restrictivas de la competencia.

De acuerdo con una serie de noticias de prensa publicadas el 24 de abril de 2016, la CNMC habría remitido a la ACB un pliego de concreción de hechos (el “PCH”), en el que habría mantenido la misma postura, solicitando a la ACB la eliminación del canon de ingreso o entrada.

Este canon, exigido por la ACB a los clubes que ascienden de segunda división a primera división (Liga ACB Endesa), consiste en:

  1. el desembolso por parte de los “nuevos clubes” de más de 4 millones de euros para poder jugar en la ACB, y
  2. en el cumplimento de 23 condiciones económico-administrativas.

En este sentido, las fuentes informativas destacan que el canon de entrada en la ACB era muy superior a los ingresos anuales medios de un club antes de subir a primera división. La CNMC ha determinado en su PCH que “la propia existencia de la cuota de entrada es injustificada, desproporcionada y discriminatoria” y que supone “un mecanismo de expropiación” por parte de los ingresos futuros del club y “que no se utiliza para mejorar o invertir en el mejor funcionamiento de la competición”.

Cabe resaltar que el presente expediente se encuentra aún en fase de instrucción y que el PCH no es una decisión firme, ni siquiera un documento público. Tal y como indica el artículo 33.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia: “(…) los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos queserá notificado a los interesados, quienes en un plazo de quince días podrán contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes. Recibidas las alegaciones y practicadas las pruebas o, en su caso, transcurrido el plazo de quince días, la Dirección de Investigación procederá al cierre de la fase de instrucción, notificándolo a los interesados, con el fin de redactar la propuesta de resolución prevista en el artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.”

En consecuencia, las conclusiones alcanzadas por la CNMC en el PCH no son definitivas. Una vez que las partes remitan sus alegaciones al mismo, la Dirección de Investigación de la CNMC notificará su propuesta de resolución (la “PR”), en la cual indicará la calificación que propone de las prácticas investigadas. La PR será notificada a los interesados, que de nuevo contarán con 15 días para presentar alegaciones a la misma. Una vez recibidas y analizadas las alegaciones a la PR, el Consejo de la CNMC dictará Resolución, que podrá ser recurrida ante la Audiencia Nacional. Es muy posible que la Resolución administrativa final no se produzca hasta finales de este año.