«Financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las entidades locales» es el título que lleva una nueva disposición adicional introducida en el Senado, por una enmienda del grupo parlamen- tario popular, en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgá- nica de Estabilidad Presupuestaria.

Esta disposición adicional, aprobada ya en el Sena- do, facilitará la ejecución de las sentencias firmes de condena al pago de cantidades dinerarias por las entidades locales (existen muchas condenas que llevan años pendientes de ejecución por im- portes de cuantía muy elevada cuyo pago produ- ciría un enorme desequilibrio en las maltrechas cuentas locales). Como se dice en la justificación de la enmienda, en algunos casos el pago de estas cantidades puede llegar a afectar «a la prestación de los servicios públicos obligatorios o al cumpli- miento de las obligaciones con el personal o con los proveedores de la entidad».

En breve, la disposición adicional permite a las entidades locales proveer con cargo al Fondo de Entidades Locales (bien en su compartimento de Or- denación, bien en el de Impulso Económico) las ne- cesidades financieras precisas para hacer frente a las cantidades a las que dichas entidades locales hayan podido ser condenadas, con lo que se asegurará la liquidación de tales cantidades, pero se incrementa- rá la deuda de las entidades locales con el Estado.

El Fondo de Financiación a Entidades Locales (FFEL) fue creado por el Real Decreto Ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comu- nidades autónomas y entidades locales, con el ob- jetivo de dotar de liquidez a las entidades locales que se encontraren en una situación especialmen- te delicada o con un periodo medio de pago a pro- veedores superior al permitido, así como para po- sibilitarles acometer determinadas inversiones que concedieran un impulso económico en el ámbito local. El FFEL está integrado, a su vez, por «compar- timentos», que son fondos con condiciones distintas de elegibilidad y de tutela por parte del Estado.

El FFEL se financia con cargo a los Presupues- tos Generales del Estado y suscribe operaciones de crédito con las entidades locales en unas con- diciones muy favorables: su duración es de diez años y tienen un periodo de carencia de dos años, aplicándose un tipo de interés fijo equivalente al rendimiento medio de la deuda pública del Esta- do a plazo equivalente. Las disposiciones de estos créditos, al igual que ocurrió con el plan de pago a proveedores, se producirán a medida que el Ins- tituto de Crédito Oficial —que se constituye nue- vamente en gestor de las operaciones— pague los vencimientos de cada una de las operaciones in- cluidas en el fondo.

Para que el fondo financie los pagos dinerarios ne- cesarios para la ejecución de sentencias firmes, se requerirá que las entidades locales cumplan las si- guientes condiciones:

  1. Que cumplan las condiciones de elegibilidad necesarias para ser beneficiarias del «compartimento Fondo de Ordenación» o del «compartimento Fondo de Impulso Económico» del FFEL, así como que dichas necesidades financieras sean incluidas en los planes de ajuste de las entidades locales. 

Para poder adherirse a cualquiera de estos dos compartimentos del fondo se requiere, como condición previa, haber cumplido las obligaciones de remisión de la información econó- mico‑financiera exigida por la normativa de estabilidad presupuestaria. Además, cada uno de los compartimentos tiene condiciones especiales de elegibilidad: 

  1. En cuanto al compartimento Fondo de Or- denación, será preciso 1) estar en una si- tuación de riesgo financiero1; 2) no haber podido refinanciar o novar sus operacio- nes de crédito en condiciones de pruden- cia financiera, o 3) exceder de forma per- sistente (más de dos meses) el periodo medio de pago previsto en la normativa de morosidad (30 días).
  2. Por lo que se refiere al compartimento Fondo de Impulso Económico, la situa- ción es la contraria, ya que sólo podrán adherirse a él aquellas entidades locales que hayan cumplido los objetivos de esta- bilidad presupuestaria y deuda pública y que cumplan el periodo medio de pago a proveedores previsto en la normativa de morosidad al menos en los dos meses an- teriores a la solicitud.

Lo que no queda claro de la enmienda men- cionada es cuándo se podrán introducir en estos mecanismos adicionales de financiación las necesidades financieras derivadas de las sentencias judiciales firmes, ya que, tal como están actualmente configurados, los compar- timentos tienen únicamente ventanas de en- trada anuales y no se prevé la posibilidad de incluir nuevas necesidades de financiación.

  1. Se exige, además, que se justifique de forma adecuada la existencia de graves desfases de tesorería como consecuencia de la ejecución judicial. Por ello, estamos hablando de situaciones que puedan considerarse graves y no del «día a día judicial» de la entidad local (dicha gravedad habrá de ser ponderada tanto por la entidad local como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
  2. Finalmente, y a fin de evitar que se repitan situaciones similares, estas entidades locales estarán obligadas a dotar en el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria por una cuantía equivalente al 1 % de sus gastos no financieros, esto es, un porcentaje equivalente a la mitad del establecido para el ámbito estatal (art. 50 de la Ley General Presupuestaria).