La Ley Especial Contra Actos De Terrorismo (LECAT) fue creada mediante Decreto Legislativo No. 108 de fecha 11 de octubre de 2006 y publicada en el Diario Oficial No. 193 del Tomo No. 373 de fecha 17 de octubre de 2006, desde ese año ha estado engavetada. La aplicación de dicha ley es una de las mejores herramientas con las que cuenta el sistema judicial para condenar y prevenir que el accionar de las pandillas continúe desbordándose.

La aplicación de la LECAT para condenar a los pandilleros debió hacerse hace mucho tiempo, hasta el momento los jueces no han aplicado esta Ley Especial, porque la Fiscalía no ha presentado requerimientos basados en ella para acusar a pandilleros, las herramientas se tienen, pero que esta ley también se debe coordinar echando mano de mecanismos como el Centro de Escuchas o de la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones para que pueda tener mejores resultados.

La aplicación de esta ley tendrá un efecto de mayor alcance, porque permite que se persiga a los cabecillas o dirigentes de las pandillas una vez se haya establecido que hay planeación y financiamiento para que estos grupos actúen.

El problema de las maras se ha tratado como de estructuras que se dedican al cometimiento de delitos comunes. Sin embargo cuando estos delitos buscan obtener ganancias y los grupos se configuran en estructuras dedicadas a atacar a la población, a las instituciones del Estado, a los agentes o hasta zonas del país, se convierten en grupos terroristas.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante sentencia de las quince horas y veintidós minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil quince, concluyó que son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella. En consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole.

La Sala precisó qué son apologistas de las pandillas: "Quienes ante un grupo indeterminado de personas o la difusión por diversos medios de comunicación, de ideas o doctrinas que enaltezcan el crimen o a sus autores, con el propósito de incitar a la comisión de delitos o favoreciendo su perpetración". Los magistrados establecieron cuatro criterios para distinguir cuando una persona se convierte en apologista: que incite directamente a otras personas a cometer un delito, que lo haga públicamente, que se refiera a delitos concretos y no a "una estimulación vaga a delinquir", y que la conducta motivadora proyecte la incitación sobre una colectividad de personas. Todas las expresiones que no cumplan estas características no pueden considerarse una apología. Esta definición garantiza el ejercicio de la libertad de expresión y el oficio periodístico cuando las personas aborden el tema de pandillas.

En cuanto a los financistas, cuya descripción se encuentra en el artículo 29 de la LECAT, la Sala valida que los diputados agrupen en esa categoría a todas las personas "que se relacionen de forma mediata o inmediata con una concreta actividad delictiva", y deja en manos del juez penal la valoración de la relevancia del aporte delictivo para determinar una penalidad.

La LECAT en su artículo 1 define el alcance de dicha ley, estableciendo, además, que el término “terrorismo” implica: “prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos que se describen en ésta, así como todas sus manifestaciones, incluido su financiamiento y actividades conexas, y que por la forma de ejecución, medios y métodos empleados, evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas, bienes materiales de significativa consideración o importancia, el  sistema democrático o la seguridad del Estado o la paz internacional; todo lo anterior, con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos.”

De la anterior noción legal, se pueden observar tres elementos para considerar una conducta como terrorismo: a) la utilización de medio y métodos con amplia idoneidad para generar un terror colectivo; b) que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos personales o materiales –estos últimos de significativa consideración-; y c) que resulte o pueda resultar afectado el sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional.

A la luz de las anteriores consideraciones, si bien es cierto que por orden de la Sala de lo Constitucional, las pandillas son consideradas grupos terroristas, esto no implica que todo acto delictivo que cometan dichos grupos terroristas será considerado bajo la noción de terrorismo, es decir que para que los actos delictivos realizados por las pandillas sean valorados como terrorismo y les pueda ser aplicada la LECAT, tendrán que cumplir con los elementos antes detallados, caso contrario se aplicaría la legislación penal común.

Esta sentencia sienta un precedente para la aplicación uniforme de un criterio que solo algunos jueces ya estaban utilizando: considerar a los integrantes de pandillas como terroristas. "Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado –v. gr., control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones que componen la justicia penal–, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella; en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas”, en sus diferentes grados y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole", dice la sentencia.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que las pandillas o maras deben ser consideradas grupos terroristas, así como cualquier organización criminal que atente, atemorice o pongan en peligro los derechos de la población, “independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole”, reza la sentencia.

A partir de esta nueva condición, no sólo debería cambiar la forma y las políticas de seguridad del Estado para combatir este nuevo episodio de terrorismo en el país, sino de aumentar la demanda por la contratación de seguros para protegerse de este tipo de riesgo, entre la población, el sector productivo y hasta el mismo Gobierno.

El gobierno asume la mayor parte de las pérdidas en caso de ataques de grandes proporciones, iniciativa que garantiza que las aseguradoras emitan las pólizas respectivas y las empresas queden cubiertas. En palabras del mercado de seguros, El Salvador se enfrenta a un riesgo que mata y esa nueva condición se llama terrorismo.

A raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la necesidad de coberturas resurge y se prevé que la demanda aumente la participación de mercado entre un 3 y 5%, en los próximos cinco años. Actualmente, las pólizas de incendio incluyen afectación por huelga, daño malicioso y convulsión civil. Se visualiza que las empresas adquieran los anexos de pólizas para protegerse del terrorismo. Los sectores que deberían considerarlas deberían ser hoteles, centros comerciales, restaurantes y todo lo que tenga exposición al público.