La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, ratifica y convalida el contenido del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, modificando, entre otras, la Ley Concursal (“LC”).

No obstante, la Ley incluye algunos cambios respecto al texto del citado Real Decreto Ley que deben ser destacadas. En particular, se facilita al deudor persona natural la obtención del beneficio de exoneración de deudas, y se reforma el estatuto de la Administración Concursal, limitando pero al mismo tiempo garantizando su retribución arancelaria.

Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

Respecto del mecanismo de segunda oportunidad o régimen de exoneración de deudas del deudor persona natural, se amplía su ámbito de aplicación incluso a casos de calificación culpable del concurso. Concluido el concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, se faculta al juez del concurso para que pueda conceder la exoneración del pasivo insatisfecho, condonando las deudas pendientes, incluso cuando el concurso haya sido declarado culpable si la causa de dicha calificación fuera el retraso o la mora en la solicitud del concurso, atendidas las circunstancias y siempre que no se aprecie dolo o culpa grave del deudor (artículo 178 bis.3.1º LC).

Además, se precisa la posición jurídica de avalistas, fiadores o deudores solidarios que hayan satisfecho la deuda del concursado. No pueden invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado, y tampoco subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se revocase la exoneración concedida (art. 178 bis.5 LC).

Estatuto jurídico de la Administración Concursal

En relación con el estatuto jurídico de la Administración Concursal, aunque existe un Proyecto de Real Decreto que lo desarrollará en detalle, la Ley introduce algunas novedades.

En primer lugar, se fija un límite a la retribución de la Administración Concursal. La cantidad total máxima que podrá percibir por su intervención en el concurso será la menor de las dos siguientes: La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4% ó 1.500.000 euros. No obstante, el juez, de forma motivada y oídas las partes, podrá aprobar una remuneración que supere el límite anterior cuando, debido a la complejidad del concurso, los costes asumidos por la administración concursal lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda exceder del 50% de dicho límite [art. 34.2.b) LC].

En segundo lugar, se desarrolla una garantía para el abono de la retribución a la Administración Concursal, a través de la denominada cuenta de garantía arancelaria. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, se garantizará el pago de un mínimo retributivo mediante una cuenta que se dotará con las aportaciones obligatorias de los administradores concursales [art. 34.2 c) LC].

A tales efectos, se constituirá una única cuenta, que dependerá del Ministerio de Justicia (art. 34 bis LC). Los secretarios judiciales de los juzgados con competencia en materia concursal serán los únicos autorizados para disponer de los fondos existentes en la cuenta, además de los encargados de gestionarla y de controlar los ingresos y gastos a través de la aplicación informática de titularidad del Ministerio de Justicia que éste determine (art. 34 ter LC).

Las aportaciones de los administradores concursales deberán realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la percepción efectiva de cualquier tipo de retribución. Las cantidades a ingresar se calcularán aplicando distintos porcentajes en función de la remuneración obtenida. Pero quedarán excluidos de la obligación de dotación de la cuenta los administradores concursales cuya retribución no alcance para el conjunto del concurso los 2.565 euros, o aquéllos que tengan derecho a ser resarcidos con cargo a la referida cuenta (art. 34 quáter LC).

En cualquier caso, el funcionamiento de la cuenta y el régimen de su distribución se confían a las normas reglamentarias (arts. 34 bis.2 y 34 quáter.5 LC). En este sentido, el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal tratará con mayor profundidad el régimen, la gestión y las dotaciones de la cuenta de garantía arancelaria, así como los derechos y obligaciones que puedan derivarse de la misma.