¿Qué ha provocado esta reforma?

La Exposición de motivos del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos (“RDL 11/2015”) alude a que en los últimos meses se ha venido produciendo un cambio en el sistema habitual de cobro de comisiones por la retirada de efectivo en cajeros automáticos, motivado por decisiones de política comercial de algunas entidades que consistían en que los clientes que anteriormente abonaban una comisión a la entidad emisora de su tarjeta debían abonar en algunas ocasiones, además de dicha comisión otra adicional a la entidad propietaria del cajero.

El Ejecutivo justifica la urgencia de regular el modelo de cobro de comisiones por la retirada de efectivo, en la necesidad de mantener la confianza y su influencia en el desenvolvimiento del tráfico comercial, en un contexto de recuperación económica donde el consumo interno se configura como uno de los puntales de esta recuperación debiendo así aclarar la regulación vigente de protección al cliente.

¿Qué novedades aporta el RDL 11/2015?

La principal novedad del RDL 11/2015 es que prohíbe a las entidades titulares de cajeros automáticos exigir comisión alguna a los clientes de otras entidades autorizadas en España o de sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en España, por la retirada de efectivo en los cajeros, mediante tarjeta u otros instrumentos de pago.

A tal fin, añade una nueva disposición adicional a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. ¿Quién paga el servicio de la entidad titular del cajero automático?

El pago de este servicio debe ser satisfecho a la entidad titular del cajero automático por la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago, que tiene la relación comercial con el cliente.

Ahora bien, el cliente no queda exonerado del pago del servicio, puesto que la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago podrá repercutirle total o parcialmente el importe de la comisión.

De hecho, el cliente no podrá realizar la retirada de efectivo si no hay saldo suficiente para el pago de la comisión a su entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago, ya que ésta sólo queda obligada a pagar la comisión a la entidad titular del cajero si existe previamente a la ejecución de la operación saldo suficiente para atender la retirada de efectivo y de la cantidad que debe satisfacer en concepto de comisión repercutida. En definitiva, el servicio lo paga materialmente el cliente, aunque formalmente se instrumente a través de su entidad de pago.

¿Qué ventajas tiene para el cliente este nuevo modelo de comisión?

Aunque la Exposición de motivos repite constantemente que el objetivo de esta reforma es dar claridad, certidumbre y seguridad jurídica al cliente, la realidad es que el nuevo modelo no aporta más transparencia.  En efecto, el cliente debe conocer que la operación devenga una comisión, y que le puede ser repercutida total o parcialmente por su entidad de pago, pero la norma no exige que se le informe exactamente de la comisión que le va a repercutir su entidad de pago. Esta norma, por otro lado, es incompatible con la obligación de proporcionar información exacta de los gastos de la orden concreta de pago, contenida en el artículo 46 de la Directiva 2007/46/CE de 11 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior (“Directiva sobre servicios de pago”).

En el modelo que critica el RDL, el cliente conocía perfectamente a la hora de retirar efectivo del cajero el importe de la comisión que debía satisfacer a la entidad titular del cajero.

En realidad, el propio RDL aspira a que este modelo permita reducir el coste de la retirada de efectivo, en beneficio del cliente, mediante acuerdos entre las entidades afectadas y la posible asunción sin repercusión total o parcial de la comisión por parte de las entidades emisoras de las tarjetas o instrumentos de pago.

El modelo supone, pues, un sistema de intervención del importe de las comisiones por retirada de efectivo en cajeros automáticos.

¿Es compatible la prohibición de cobro directo de comisiones con el derecho comunitario?

Esta regla va más allá de la Directiva sobre servicios de pago, pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite la imposición de restricciones a las actividades económicas (en su modalidad de libertad de establecimiento o de prestación de servicios) si superan el triple juicio de necesidad (la restricción debe responder a una razón de interés público), proporcionalidad (la restricción debe ser adecuada para la satisfacción del interés público, y no ir más allá de lo estrictamente necesario para conseguir este objetivo) y no discriminación.

En nuestro caso, la medida se fundamenta en la mayor certidumbre y seguridad jurídica del cliente y en la intención de reducir los importes de estas comisiones.

Sin embargo, se estima que ni la medida otorga mayor certidumbre que si el cobro se produce de modo directo al cliente, ni parece ser idónea para conseguir reducir el importe de las comisiones, porque si las entidades emisoras de las tarjetas o instrumentos de pago quieren asumir todo o parte del coste de esas comisiones, pueden hacerlo aunque exista un cobro directo al cliente por parte de los titulares de los cajeros, mediante su reintegro en la cuenta. En consecuencia, no se estaría respetando el principio de proporcionalidad exigible a toda medida regulatoria.

¿El importe de las comisiones entre entidades podrá fijarse libremente?

No. Aunque no hay un límite máximo a este importe, el RDL 11/2015 utiliza una serie de herramientas para controlar esos precios:

  1. La imposición del principio de no discriminación de las comisiones que se exijan (de modo que no se cobren comisiones diferentes para prestaciones equivalentes). Pero debe tenerse en cuenta que, a los efectos de fijar la comisión, no es la misma la situación de las entidades que disponen de una importante red de cajeros que la de las entidades que tienen pocos cajeros o que incluso no disponen de ellos, por lo que no habría aquí discriminación alguna si se exigen comisiones diferentes para unas y otras. Teniendo en cuenta esta circunstancia, los clientes de entidades con un ámbito territorial limitado o los clientes de la banca por internet, a los que se pretende auxiliar con el RDL 11/2015 (según reconoce expresamente la Exposición de motivos) no tienen por qué disfrutar de una comisión más reducida, salvo que sus entidades decidan no repercutir su importe.
  2. La obligación de que la comisión exigida por el titular del cajero a la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago sea uniforme en todo el territorio nacional, lo cual debe entenderse sin perjuicio de la regla citada en el apartado a).
  3. La prohibición de que la comisión sea distinta para clientes de la misma entidad emisora, lo cual confirma el posible cobro de comisiones distintas en función de la entidad emisora, siempre que no exista discriminación injustificada entre ellas.

Si las entidades emisoras de las tarjetas o instrumentos de pago no son titulares directas de los cajeros automáticos, porque éstos son activos de titularidad de otra sociedad del grupo, ¿cómo juega esta regla?

Si las entidades de crédito reorganizan sus activos de modo que traspasan la titularidad de sus cajeros a una sociedad del grupo, la aplicación del principio de no discriminación impediría que las entidades titulares de cajeros automáticos puedan dar un trato preferente a las entidades emisoras de tarjetas u otros instrumentos de pago dentro del mismo grupo, ya que el RDL 11/2015 admite un tratamiento distinto para servicios que no sean equivalentes, pero entendemos que el mero hecho de que el servicio se preste intragrupo no supone que el servicio no sea equivalente al que se pueda prestar a un tercero.

¿Pueden las entidades titulares de los cajeros cobrar directamente una comisión a los clientes extranjeros?

Sí. La prohibición sólo aplica literalmente a las operaciones de retirada de efectivo efectuadas por clientes de entidades autorizadas en España o de sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en España.

¿Es necesario un acuerdo entre la entidad titular del cajero y la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago?

En principio, no es necesario un acuerdo en cuanto al importe de la comisión para que pueda retirarse efectivo del cajero. Ahora bien, deberá existir algún acuerdo de mínimos (i) para regular el sistema de interconexión tecnológica entre las plataformas de ambas entidades y (ii) para que la entidad titular del cajero pueda informar al cliente, cuando la retirada de efectivo se haga a crédito, de la comisión adicional que le cobrará la entidad emisora por ese concepto.

¿Cuándo entra en vigor el RDL 11/2015?

El RDL 11/2015 entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE (3 de octubre de 2015), pero concede plazo hasta el 1 de enero de 2016 a las entidades de crédito (no a todas las entidades de pago) para llegar a acuerdos sobre los importes de las comisiones y para hacer efectiva la obligación de información sobre estas comisiones que pesa sobre la entidad titular del cajero.