El Tribunal Supremo considera que, en caso de despido improcedente, el trabajador tiene derecho a percibir salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia que declara la extinción del contrato ante la imposibilidad de readmisión del trabajador por cese de actividad, cierre de la empresa o cualquier otra causa material o legal. Para ello, se requiere el cumplimiento de dos requisitos: a) que la extinción de la relación laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante, y b) que en el acto del juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de julio de 2016 >>

Según el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (“LRJS”), si se declara la improcedencia del despido se condena al empresario a optar, a su elección, entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones, con el abono de los salarios de tramitación, o a abonar la indemnización por despido improcedente.

Sin embargo, en el caso enjuiciado por la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2016, ante la imposibilidad de readmitir el trabajador al haber cesado la actividad empresarial, la sentencia de instancia declaró la improcedencia del despido y la extinción del contrato de trabajo, sin dar al empresario la opción a la readmisión.

Si efectuamos una interpretación estricta y literal del artículo 110.1.b) LRJS y prescindimos de la singular situación que se plantea en este caso, llegaríamos a la conclusión de que no procede la condena a salarios de tramitación al no estar expresamente prevista. 

Ahora bien, según el Tribunal Supremo, esa interpretación estricta no sólo perjudicaría al trabajador injustamente despedido y benefi ciaría a la empresa por una decisión injusta y contraria a la Ley, sino que además sería contrario a cualquier principio de economía procesal, en tanto que obligaría a todo trabajador despedido de forma improcedente y con la empresa cerrada, a no pedir la extinción contractual al momento de la sentencia y esperar a la ejecución, previsiblemente con readmisión implícita por falta de opción empresarial, y por tanto con devengo de salarios de tramitación como dispone el apartado 1 del artículo 286 LRJS. En consecuencia, la solución adecuada debe ser reconocer el derecho al percibo de los salarios de tramitación desde la fecha del despido, pues se trata en defi nitiva de adelantar el que sería probablemente el resultado de la ejecución. 

En todo caso, esta interpretación requerirá siempre el cumplimiento de los dos requisitos siguientes: a) que la extinción de la relación laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante, y b) que en el acto del juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal.