El Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales (Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de 16 de junio del 2016), ha introducido algunas modificaciones, para el ámbito de dicha comunidad autónoma, en el régimen aplicable a las actuaciones de valorización y eliminación de residuos de competencia municipal.

Estas novedades suponen la modificación de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana, y de la normativa con rango legal que regula el régimen jurídico de la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S. A.).

1. Modificaciones atinentes a las competencias de la Generalitat en la gestión de los residuos urbanos: el refuerzo de sus potestades en caso de incumplimiento del ente local

Las principales novedades afectan al artículo 6.5 de la mencionada Ley 10/2000 y se refieren a las potestades que se le reconocen a la Generalitat para los supuestos de incumplimiento por parte de los municipios de sus obligaciones de prestación de los servicios de valorización o eliminación de residuos1. Para estos casos, el artículo 6.5 de la Ley 10/2000 ya preveía la posibilidad de que la Generalitat procediese a «adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad municipal».

El Decreto Ley 4/2016 desarrolla este precepto, pero, además, introduce novedades en el régimen previsto por la ley que suponen restricciones adicionales a la autonomía municipal, lo que explica que se recurra al decreto ley (siendo cuestionable la concurrencia de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifique el empleo de esta técnica normativa excepcional), puesto que una norma reglamentaria hubiera incurrido en una extralimitación vulneradora del principio de reserva de ley y de jerarquía normativa.

Tres son, en concreto, las modificaciones introducidas en este precepto:

  1. Se amplía la situación que puede dar lugar a la actuación de la comunidad autónoma: además de la de no prestar los servicios obligatorios de gestión de residuos urbanos, la Ley 10/2000 prevé el incumplimiento de «los objetivos de valorización fijados por la Consellería competente», pero ahora el Decreto Ley 4/2016 aplica el concepto, mucho más indefinido (y que genera, por ello, inseguridad jurídica), de «incumplir lo dispuesto en la ley o en los planes autonó- micos de residuos».
  2. Se reduce de tres meses a uno el plazo mínimo de apercibimiento previo al municipio para que, en el caso de proseguir el incumplimiento, la comunidad autónoma pueda adoptar las medidas necesarias en sustitución de la entidad municipal y a su costa.
  3. Pero, sobre todo, se prevé la posibilidad, como alternativa al apercibimiento previo, de que la consellería competente en materia de medio ambiente pueda acordar la sustitución inmediata del consorcio o entidad local competente, si bien se regula con carácter excepcional lo siguiente:
  • Únicamente podrá adoptarse esta medida «si en el ámbito territorial de algún plan zonal se asistiera puntual y temporalmente a una carencia o falta de capacidad de sus instalaciones de valorización o eliminación».
  • La consellería deberá informar al consell de la adopción de la medida, y ésta tendrá lugar «por el tiempo estrictamente imprescindible».

La sustitución se hará «a costa de la entidad sustituida, incluyendo los costes de transferencia y transporte de los residuos, si los hubiera, hasta el lugar designado para su valorización o eliminación final».

Interesa señalar que todos estos casos de actuación de la comunidad autónoma por incumplimiento del ente local y a su costa podrían afectar a la actuación de los gestores privados que puedan prestar los servicios en régimen de gestión indirecta (por medio del correspondiente contrato con el consorcio o ayuntamiento), en la medida en que los consorcios o municipios podrían dirigirse contra ellos por considerarlos responsables del incumplimiento.

Por lo demás, el Decreto Ley 4/2016 introduce dos apartados nuevos en el artículo 6 de la Ley 10/2000 que no hacen, en realidad, sino reiterar lo ya previsto en la legislación general de régimen jurídico de las Administraciones Pú- blicas o en el propio precepto. Así:

  1. El nuevo apartado reconoce expresamente la posibilidad de que la Administración de la Generalitat pueda «prestar servicios de valorización o eliminación de residuos municipales cuando le sea encomendada la prestación material del servicio a través del oportuno consorcio o entidad local y la Generalitat, a través de la consellería competente en medio ambiente, sin cesión de la titularidad de la competencia», posibilidad de encomienda de gestión que ya resulta de lo previsto en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
  2. El nuevo apartado 8 no hace, por su parte, sino reiterar la competencia de la Administración de la Generalitat en el supuesto previsto por el apartado 5 del precepto ya expuesto o en los casos de que los municipios soliciten de la comunidad autónoma la dispensa de la obligación de prestar el servicio según lo previsto en el apartado 6.

2. La empresa pública Vaersa y sus filiales públicas podrán ser consideradas medio propio de los entes locales

Se introduce un nuevo precepto en la Ley12/2010, de21de julio de la Generalitat, de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo, que reconoce la posibilidad de que la empresa pública Vaersa y sus filiales íntegramente de capital público sean consideradas medio propio personificado y servicio técnico de los consorcios y otras entidades que integran la Administración local —y de los poderes adjudicadores que de ellas dependen— cuando dichas Administraciones así lo decidan voluntariamente y siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos para tener tal consideración (fundamentalmente en la legislación de contratación pública).

Esta consideración de «medio propio» de Vaersa permite que los entes locales puedan encargar directamente a esta empresa y sus filiales (mediante el correspondiente convenio) la prestación de los servicios de su competencia, si bien, como es obvio, Vaersa deberá respetar los principios de publicidad y concurrencia previstos en la legislación de contratación pública a la hora de seleccionar a las empresas privadas que vayan a prestar materialmente tales servicios.

Esta modificación es una mera consecuencia de lo previsto en el último párrafo del artículo 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público, que exige que la condición de medio propio sea reconocida expresamente por una norma con rango de ley (o en sus estatutos).