Novedades legales

  1. Embargos de saldos de imposiciones a plazo fijo

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de dinero en cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo en entidades de crédito (BOE del 22 de Marzo).

Según se expone en la Resolución citada, la experiencia obtenida en el embargo por medios telemáticos de los saldos de cuentas a la vista ha mostrado resultados favorables de tales actuaciones, tanto para la Administración Tributaria, como para las Entidades de crédito destinatarias de las diligencias. Por ese motivo, se extiende el uso de tales técnicas a los saldos o importes depositados en dichas Entidades en imposiciones a plazo fijo, cuyo denominador común consiste en el depósito a un plazo cierto y definido contractualmente y la no disponibilidad del saldo por el depositante durante ese plazo.

La norma establece el procedimiento que permitirá a los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria llevar a cabo, por Internet, las actuaciones de embargo de saldos depositados en cuentas a plazo y en imposiciones a plazo fijo, que se realizará a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

  1. IRPF/I. Patrimonio. Modelos de declaración

Orden HAP/365/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2015, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifica otra normativa tributaria (BOE del 22 de Marzo).

Mediante esta Orden se aprueban los modelos de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, que deben utilizar tanto los contribuyentes obligados a declarar en el ejercicio 2015 por uno, otro o ambos impuestos, como los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo que, en su caso, les corresponda.

El modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas da respuesta a lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 22/2009, de 18 diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Según esta norma, los modelos de declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas serán únicos, si bien en ellos deberán figurar debidamente diferenciados los aspectos autonómicos, con el fin de hacer visible el carácter cedido del impuesto.

Así, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado deberá ser utilizado por todos los contribuyentes, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma de régimen común en la que hayan tenido su residencia en el ejercicio 2015. El uso obligatorio se prevé tanto si resultan obligados a declarar como si no lo están y solicitan la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda.

Las novedades del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2015 reflejadas en el modelo de declaración aprobado adecúan el mismo a las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

Por lo que se refiere a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo reproduce la misma estructura de contenidos de la declaración del ejercicio 2014, manteniéndose la simplificación de los elementos formales encaminada a facilitar su tratamiento en los procesos informáticos relacionados con la generación de los ficheros electrónicos para la presentación electrónica de las declaraciones y con la obtención de copias electrónicas de las mismas.

  1. Impuesto sobre sociedades

Contabilidad

Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios (BOE del 16 de Febrero).

Según se expone en la Resolución, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008, el registro y valoración del gasto por impuesto sobre beneficios regulado en la norma de registro y valoración 13.ª Impuestos sobre beneficios (NRV 13.ª) del PGC, sigue basándose en el método de la deuda pero emplea una sistemática diferente; el denominado enfoque de balance.

A través de esta Resolución  se establecen los criterios para contabilizar el gasto por impuesto sobre beneficios siguiendo la nueva metodología, mediante el desarrollo de la NRV 13.ª del PGC y, recogiendo y aclarando, al tiempo, los criterios incluidos en las consultas sobre esta materia publicadas en el «Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» (BOICAC).

Pagos fraccionados

Instrucción de la AEAT para la cumplimentación del modelo 202 al no aprobarse un nuevo modelo para los pagos fraccionados (accesible en la página web de la AEAT).

En dicha Instrucción se hace referencia la cumplimentación de los datos referidos a la identificación del declarante, devengo, datos adicionales (regímenes especiales, volumen de operaciones, etc.), liquidación, cálculo del pago fraccionado en sus distintas modalidades, cálculo en caso de Contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, comunicación de datos adicionales en supuestos determinados, declaración complementaria, negativa o con ingreso y plazo de presentación.

  1. IVA/ITP-AJD. Incompatibilidad y prescripción

El Tribunal Supremo en Sentencia del 27 de enero de 2016, dictada  en el Recurso 3625/2014 (NFJ061714), casación para la unificación de doctrina, establece el criterio interpretativo en relación con la interrupción de la prescripción regulada en el artículo 68 de la Ley General Tributaria en el marco de los tributos incompatibles.

El Tribunal Supremo argumenta que, si para interrumpir la prescripción en el caso de impuestos distintos e incompatibles, bastara la actividad de la Administración, aun cuando fuera en cualquier actuación desacertada o errónea, hubiera sido suficiente que el artículo 68 de la Ley General Tributaria indicase que la interrupción de la prescripción se produciría aun cuando la acción se dirigiese inicialmente a una obligación tributaria distinta.

Pero, matiza el Alto Tribunal, el legislador exigió, expresamente, que la acción de la Administración tuviese su origen en una incorrecta declaración por parte del obligado tributario, por lo que, concluye, es patente que la norma considera que cuando se trata de impuestos distintos, el efecto de interrumpir la prescripción sólo se produce con la actuación errónea de la Administración basada en una incorrecta declaración del obligado tributario y no, por el contrario, cuando la causa sea distinta de ésta.

Expuesto lo anterior, es preciso señalar que ésta doctrina del Tribunal Supremo, basada exclusivamente en la redacción que la Ley 7/2012, de 13 de Octubre, dio al artículo 68 de la Ley General Tributaria, se ve afectada por la modificación que se ha introducido en el mismo precepto a través de la Ley 34/2015. Esta norma incorpora un nuevo apartado 9 al citado precepto, en relación con la interrupción de la prescripción en el marco de las denominadas obligaciones tributarias conexas, interrupción que no se ve supeditada a la actuación, correcta o incorrecta, del obligado tributario en el cumplimiento de las obligaciones objeto de comprobación por parte de la Administración.

  1. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Requisito funciones de dirección

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2016

La doctrina y la jurisprudencia se han pronunciado en reiteradas ocasiones sobre uno de los requisitos más controvertidos a efectos de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio por la tenencia de participaciones y acciones en entidades. Concretamente, se trata de la acreditación del ejercicio de funciones de dirección del apartado 2 c) del artículo 4.ocho de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (“LIP”):

“Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por ciento de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal".

La Sentencia del Alto Tribunal, en recurso de casación en unificación de doctrina, se pronuncia sobre la aplicación de la reducción por transmisión “mortis causa” de acciones prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (“LSD”), en un supuesto en el que la misma persona del grupo familiar desempeña funciones de dirección (“jefe de personal”) y  es, al mismo tiempo, miembro del Consejo de Administración de la entidad mercantil. Es importante señalar que en los estatutos societarios se prevé la gratuidad del ejercicio del cargo de administrador de la entidad.

Señala el Tribunal que lo anterior coincide con la doctrina de la Dirección General de Tributos en resoluciones como las de 28 de abril de 2014 y 19 de abril de 2013, en las que se llega a un razonamiento similar: para el disfrute de la exención del apartado 2 c) del artículo 4.ocho LIP, y subsiguientemente, de la reducción por adquisición “mortis causa” de participaciones en entidades del artículo 20.2.c) LSD, deben concurrir los requisitos materiales necesarios. En este caso es preciso el ejercicio de funciones generales y de gestión, es decir directivas, y la percepción del porcentaje de remuneraciones exigido legalmente, siendo irrelevante el modo en que se hagan efectivas.

Finalmente, el Tribunal  Supremo fundamenta el fallo en la recomendación de la Comisión de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2004 sobre la transmisión de pequeñas y medianas empresas, que pone de manifiesto la necesidad de que los Estados adopten una serie de medidas tendentes a tener en cuenta la disminución del valor que se produce en la empresa por el hecho de la transmisión, y a que se dispense un trato fiscal adecuado en sucesiones y donaciones, cuando la empresa siga en funcionamiento.

En definitiva, el requisito legal del apartado 2 c) del artículo 4.ocho LIP se entiende cumplido cuando se acredite que se desempeñan de manera efectiva funciones de dirección con independencia de la denominación del cargo y que el porcentaje de remuneración es el exigido legalmente, aunque esas funciones se compatibilicen con el cargo -gratuito- de administrador  de la compañía.