El Tribunal Supremo ha aclarado, en una sentencia de 6 de abril de 2016 (Recurso Nº 113/2013), la doctrina aplicable al hallazgo casual de pruebas por las autoridades españolas de la competencia durante una inspección domiciliaria.

Esta sentencia trae causa de una inspección realizada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en diciembre de 2009 en la sede de la empresa Montesa Honda. Según la orden de inspección, ésta tenía por objeto la investigación de posibles prácticas anticompetitivas entre Montesa Honda y sus distribuidores.

Sin embargo, durante el transcurso de la inspección la CNC halló fortuitamente un correo electrónico relativo a otra posible infracción, completamente ajeno a las relaciones entre Montesa Honda y sus distribuidores. La CNC decidió emplear este correo electrónico para fundamentar la incoación de un nuevo expediente sancionador.

Montesa Honda recurrió primero ante el Consejo de la CNC, sin éxito, y posteriormente ante la Audiencia Nacional el acuerdo por el que la CNC decidió incorporar al expediente nuevo el correo electrónico hallado en su inspección, en base a que éste no estaba relacionado con el objeto de la orden de inspección que la autorizaba, y por tanto su incautación y utilización posterior por la CNC suponían una vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio de Montesa Honda. La Audiencia Nacional, mediante sentencia de diciembre de 2012, estimó parcialmente el recurso, acogiendo la tesis de Montesa Honda en este punto.

Esta sentencia representó uno de los múltiples casos recientes en los que los tribunales españoles han venido anulando inspecciones de competencia por motivos formales. En particular, en los últimos dos años el Tribunal Supremo ha anulado inspecciones total o parcialmente por falta de concreción suficiente de la orden de inspección (casos de Transmediterránea y Unesa), por incautar documentos no relacionados con la orden de inspección (caso de Cogate Palmolive) o por ocultar a la empresa la denegación de la autorización judicial (caso de Montibello).

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró en una sentencia de junio de 2015 (caso Deutsche Bahn) que la autoridad no podía buscar deliberadamente elementos de prueba ajenos al objeto de la orden de inspección, aunque éstos estuviesen relacionados con otras investigaciones ya en curso.

Sin embargo, en su sentencia de 6 de abril de 2016 el Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la Abogacía del Estado, en aplicación de doctrina consolidada tanto en la jurisprudencia comunitaria como en el ámbito del derecho penal español. El Tribunal Supremo confirma en lo sustancial la tesis inicial de la CNC, al establecer que “si una entrada y registro están debidamente autorizados por el correspondiente mandamiento judicial y si el registro y la incautación de documentación se producen de forma adecuada y proporcionada al objeto de la entrada y de la investigación, el material obtenido casualmente y ajeno al objeto de la investigación puede ser legítimamente empleado para una actuación sancionadora respecto de una actividad ilegal distinta a la que determinó la autorización judicial de entrada y registro (…)”.

-Consulta la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2016.