La Directiva 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas (la "Directiva"), se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de mayo de 2017 (L132).  

El origen y justificación de la Directiva, tal y como se apunta en sus considerandos, se encuentra en el plan de acción de la Comisión Europea adoptado como consecuencia de la crisis financiera, destinado a la adopción de medidas destinadas a fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas y aumentar la transparencia entre las sociedades cotizadas y los inversores

Mediante esta Directiva, se establecen requisitos específicos con el fin de fomentar la implicación de los accionistas, en particular a largo plazo, en las sociedades cotizadas. Dichos requisitos específicos se aplican en relación con la identificación de los accionistas, la transmisión de información, la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, la transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto (proxy advisors), la remuneración de los administradores y las operaciones con partes vinculadas.

 

1. CONTENIDO DE LA DIRECTIVA

En espera de cómo se realizará la transposición a nuestro ordenamiento (que podría modificar el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "LSC"), se incluyen a continuación de forma resumida las principales cuestiones que regula la Directiva, agrupadas en dos nuevos capítulos: Identificación de los accionistas, transmisión de información y facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas

Los Estados miembros tendrán que garantizar que las sociedades tengan derecho a identificar a sus accionistas, si bien los Estados podrán disponer que las sociedades que tengan el domicilio social en su territorio solo estén autorizadas a solicitar la identificación de los accionistas que posean más de un determinado porcentaje de acciones o de derechos de voto que no podrá exceder del 0,5%. 

En principio, los datos personales transmitidos para esta identificación no podrán conservarse durante más de 12 meses a partir de la fecha en que se haya tenido conocimiento de que el interesado ha dejado de ser accionista. 

En cuanto a la transmisión de información, se garantizará que se exija a los intermediarios que transmitan determinada información, y a las sociedades que la faciliten y entreguen a los intermediarios. Dicha información, en concreto, será aquella que facilite al accionista ejercer los derechos derivados de sus acciones y que vaya dirigida a todos los accionistas titulares de acciones de esa categoría, o un aviso de dónde encontrar esa información en la web de la sociedad. 

En cuanto a la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, tendrá que garantizarse:

  • que los intermediarios faciliten el ejercicio de los derechos de los accionistas, incluido el derecho a participar y votar en las juntas generales, lo que incluirá, por lo menos, una de las actuaciones siguientes:
    • el intermediario adopta las disposiciones necesarias para que el accionista o un tercero nombrado por él pueda ejercer por sí mismo los derechos;
    • el intermediario ejerce los derechos derivados de las acciones según la autorización y las instrucciones expresas del accionista y en beneficio de éste; y
  • que cuando la votación se realice de forma electrónica, se envíe una confirmación electrónica de la recepción del voto a la persona que lo emite. 

Las tarifas que cobre el intermediario a los accionistas, las sociedades y otros intermediarios no podrán ser discriminatorias y serán proporcionadas en relación con los costes reales en que se haya incurrido para la prestación de los servicios. Además, los intermediarios habrán de hacer públicas las tarifas aplicables por los servicios prestados y por separado para cada uno de los servicios. 

Transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto 

Los inversores institucionales y los gestores de activos deben publicar información sobre la aplicación de su política de implicación y en particular el modo en que han ejercido su derecho de voto. Los inversores institucionales tendrán que hacer pública la manera en que los elementos principales de su estrategia de inversión en valores son coherentes con el perfil y la duración de sus pasivos, y la manera en que contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de sus activos. Además, cuando un gestor de activos invierta en nombre de un inversor institucional, éste tendrá que hacer pública determinada información, como la duración del acuerdo con el gestor de activos. 

Por su parte, los gestores de activos tendrán que poner anualmente en conocimiento del inversor institucional con el que han concluido determinados acuerdos la forma en que su estrategia de inversión y su aplicación se ajustan a dicho acuerdo y contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de los activos del inversor institucional o del fondo. 

Asimismo, los asesores de voto (proxy advisors) tendrán que hacer referencia pública al código de conducta que apliquen e informar sobre su aplicación (o, en su caso, explicar el motivo de no aplicar ninguno, de manera clara y razonada), además de publicar cada año, como mínimo, determinada información sobre la preparación de sus investigaciones, asesoramientos y recomendaciones de voto, que se pondrá a disposición del público en las webs de los asesores de voto de forma gratuita y como mínimo por un plazo tres años a partir de la fecha de publicación. 

Las sociedades tendrán que establecer una política de remuneración de los administradores y los accionistas tendrán derecho a votar sobre dicha política en la junta general; aunque los Estados miembros podrán disponer que esa votación sea consultiva.

La política de remuneración habrá de someterse a votación de la junta general cada vez que se introduzcan cambios importantes y, en cualquier caso, como mínimo, cada cuatro años. La política de remuneración deberá describir los distintos componentes de la remuneración fija y variable, incluidas todas las bonificaciones y otras prestaciones en cualquiera de sus formas, que pueden ser concedidos a los administradores, indicando su proporción relativa.

Además, señalará la duración de los contratos o acuerdos con los administradores, los plazos de preaviso aplicables, las condiciones de terminación y los pagos vinculados a ésta, el proceso de toma de decisiones para su determinación, y las medidas destinadas a evitar o gestionar los conflictos de intereses, entre otras cuestiones.

Las sociedades deberán elaborar un informe claro y comprensible sobre remuneraciones con una descripción global de la remuneración abonada o por abonar durante el ejercicio más reciente a cada administrador. Cuando sea de aplicación, este informe contendrá información sobre la remuneración de cada administrador, en la que se indicará, por ejemplo, la remuneración total desglosada en sus componentes, la variación anual de la remuneración y el número de acciones y opciones sobre acciones concedidas u ofrecidas. Después de la junta general, las sociedades tendrán que hacer público este informe sobre remuneraciones en su sitio web de forma gratuita durante 10 años. 

Recordemos que mediante la Ley 31/2014 ya se añadió a la LSC un artículo sobre el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, de manera que las sociedades anónimas cotizadas de nuestro país deben elaborar y publicar anualmente un informe sobre remuneraciones de los consejeros que deberá incluir información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de los consejeros y en el que se ha de incluir un resumen global sobre la aplicación de la política de remuneraciones y el detalle de las remuneraciones individuales devengadas por todos los conceptos por cada uno de los conejeros durante el ejercicio cerrado. 

En cuanto a transparencia y aprobación de las operaciones con partes vinculadas, los Estados miembros definirán las operaciones importantes teniendo en cuenta la influencia que la información sobre la operación pueda tener en las decisiones económicas de los accionistas de la sociedad y el riesgo que la operación entraña para la sociedad y sus accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios. Fijarán, además, uno o varios indicadores cuantitativos.

Las sociedades tendrán que anunciar públicamente, a más tardar en el momento de su celebración, las operaciones significativas con partes vinculadas, dando a conocer, como mínimo, información sobre la naturaleza de la relación con la parte vinculada, el nombre de la parte vinculada, la fecha y el valor de la operación, y otra información necesaria para valorar si ésta es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas (en particular, los accionistas minoritarios).

Las operaciones importantes con partes vinculadas tendrán que contar con la aprobación de la junta general o del órgano de administración o de supervisión de la sociedad con arreglo a procedimientos que eviten que una parte vinculada se aproveche de su posición. Podrá disponerse que los accionistas tengan derecho a votar en la junta general las operaciones importantes con partes vinculadas aprobados por el órgano de administración o supervisión de la sociedad. Además, cuando en las operaciones con partes vinculadas participe un administrador o un accionista, éste no participará en la aprobación o en la votación.

Las sociedades tendrán que anunciar públicamente las operaciones importantes celebradas entre sus partes vinculadas y sus filiales.

2. EN VIGOR/ PLAZO PARA LA TRANSPOSICIÓN

La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El plazo para la transposición de la Directiva a los ordenamientos internos finaliza el 10 de junio de 2019.