En poco más de dos semanas y tras el dictado de diversas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), hemos asistido a un auténtico alud de noticias, tertulias, artículos doctrinales y entradas en diversos blogs– incluyendo nuestras entradas de 22 y 30 de septiembre- que no solo han servido para poner en tela de juicio nuestro sistema de contratación temporal por resultar contrario a la normativa comunitaria, sino que arrojaban multitud de interrogantes no zanjados por el órgano judicial comunitario.

En concreto y en lo que aquí interesa, una de las cuestiones que quedaba sin resolver era la relativa a si la Directiva 1999/70/CE que el TJUE considera vulnerada es directamente aplicable o, por el contrario, requiere de la correspondiente reforma legislativa en un momento en el que la actividad parlamentaria en nuestro país brilla por su ausencia.

En relación con lo anterior y como ya dejamos apuntado en nuestra entrada de 22 de septiembre, es cierto que las Directivas no tienen aplicación directa en las relaciones entre particulares, salvo en casos muy excepcionales, ni se pueden invocar ante los tribunales sino a través de la normativa estatal que las transpone al ordenamiento interno. Ahora bien, a modo casi de premonición advertíamos la posibilidad de que los órganos de la jurisdicción social acudieran a una aplicación directa de la Directiva y de la doctrina emanada del TJUE y, en consecuencia, aumentaran la indemnización de los contratos de interinos u otros sin necesidad de esperar a una reforma legal en nuestro país.

Pues bien, el día de ayer se daba a conocer la Sentencia del TSJ de Madrid de 5 de octubre de 2016 que, casualmente (o no), coincidía con el hecho de que la mayoría de los grupos parlamentarios pedían que un nuevo Gobierno modifique el Estatuto del Personal Estatutario de los Servicios de Salud para que se reconozcan como fijas las plazas con contratos encadenados de más de dos años.

La Sentencia del alto Tribunal madrileño (que es el órgano que elevó la cuestión prejudicial al TJUE para que se pronunciara sobre la adecuación a normativa comunitaria en el caso Sra. de Diego Porras) considera directamente aplicable la Directiva Comunitaria y concluye que el trabajador interino tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato.

Adicionalmente, el Tribunal considera que debe equipararse la extinción a una causa objetiva aplicando la indemnización legal por dicho despido de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades a la extinción del contrato de interinidad.

Se crea por la vía judicial una especie de nuevo “subtipo” de extinción por causas objetivas para el contrato de interinidad que llega a su término y que tiene, cuanto menos, un difícil encaje en las causas que contemplan actualmente los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, que no están actualmente pensados para la extinción del contrato temporal llegado a su fin.

Al margen de lo anterior, debe subrayarse que esta Sentencia resuelve un supuesto concreto relativo al contrato de interinidad que no permite cerrar el debate planteado en materia indemnizatoria para los contratos temporales y que hacen que, nuevamente, la situación requiera de rápida actuación tan pronto como el Legislador vuelva a su actividad. Reforma legislativa en la que, entre otras cuestiones, se pueda crear una causa extintiva autónoma que sirva para encajar la doctrina comunitaria sin necesidad del difícil juego de la analogía en las actuales causas de extinción por despido objetivo.

En consecuencia, la polémica no queda ni mucho menos cerrada.