TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • La indemnidad retributiva forma parte del contenido del derecho de libertad sindical

​​STC 148/2015 de 6 de julio (Recurso de amparo 5098/2012)

Se reitera la jurisprudencia constitucional sobre la cuestión relativa al cobro del complemento de productividad de los trabajadores que tienen concedido un permiso para desarrollar labores sindicales (véase también STC 100/2014, 23 de junio), pues la garantía de indemnidad retributiva queda comprendida en el derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE). Ello implica el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno de su situación profesional o económica en la empresa. La denegación de estos complementos con el único fundamento en la condición de liberado sindical puede tener un efecto disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales, lo que afecta tanto al representante sindical como a la organización sindical correspondiente.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Eficacia temporal de un acuerdo de descuelgue de convenio en materia de jornada y de salario

STS (Sala de lo Social), de 7 de julio de 2015, Recurso de Casación 206/2014

La cuestión a resolver es si un acuerdo de descuelgue de convenio en materia de jornada anual y de salario puede tener efectos retroactivos o sólo tiene eficacia desde el momento en que se pacta. El TS resuelve argumentando que el art. 82.3 ET establece que el convenio colectivo obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación «durante todo el tiempo de su vigencia», lo que significa que el convenio colectivo es de forzosa aplicación en tanto en cuanto no se acuerde su inaplicación parcial. Del mismo modo, esa inaplicación, descuelgue o apartamiento de lo en ese convenio acordado sólo puede tener efectos a partir del momento en que se acuerda, nunca de forma retroactiva.

  • Es válido el acuerdo colectivo que cierra un despido colectivo con disminución del número de trabajadores afectados e incremento de las indemnizaciones a pagar, aunque se pacte el pago diferido de las mismas

STS (Sala de lo Social), de 22 de julio de 2015, Recurso de Casación en Unificación de Doctrina 2127/2014

A través de Recurso de Casación en Unificación de Doctrina se cuestiona la posibilidad de que los representantes de los trabajadores lleguen a un acuerdo con la empresa para diferir el pago de la indemnización pactada en el marco de un despido colectivo por causas productivas, en lugar de poner a disposición de los trabajadores despedidos dicha indemnización en el momento en que se les comunica su cese, tal y como prevé el art. 53 b) ET.

El TS señala que la norma de referencia es de derecho necesario relativo; en consecuencia, es mejorable a través de un acuerdo más favorable para los trabajadores afectados. Tal es el caso que se resuelve, en el que existe un acuerdo colectivo en virtud del cual se reduce el número de trabajadores afectados por el despido colectivo y se pacta el percibo por los trabajadores de una indemnización sustancialmente mejorada y superior a la legal, aunque se acuerde el percibo de la misma diferida pero cierta, ante la acreditada falta de liquidez de la empresa demandada.

  • No tienen derecho a pensión de viudedad quienes tras la sentencia de divorcio siguen conviviendo como pareja de hecho pero sin cumplir los requisitos del art. 174.3 LGSS

STS (Sala de lo Social), de 20 de julio de 2015, Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 3078/2014

En este caso la actora solicita que se le reconozca pensión de viudedad, dándose la circunstancia de que contrajo matrimonio con el potencial causante el 08/10/94. Durante la vigencia del matrimonio los cónyuges tuvieron un hijo en común. El 04/06/10 se dictó sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, sin que ese estableciera pensión compensatoria. En ese momento, ya se había producido una reconciliación de los cónyuges, que habían vuelto a convivir, pero sin tornar a casarse entre ellos. El compañero de la demandante falleció el 15/06/11. El INSS denegó la solicitud de pensión de viudedad de la actora por no existir matrimonio ni acreditar cinco años de convivencia.

El TS recuerda que, en caso de divorcio, se disuelve el vínculo matrimonial y puede constituirse una pareja de hecho. No obstante, para acceder a la pensión de viudedad desde esta situación se han de cumplir los requisitos exigidos para las parejas de hecho por el art. 174.3 LGSS, sin que pueda computarse a estos efectos el periodo de convivencia matrimonial previo.

  • Despido colectivo y grupo de empresas

STS (Sala de lo Social), de 16 de julio de 2015, Recurso de Casación para la Unificación de doctrina 312/2014

La sentencia ratifica la resolución del TSJ de Navarra que declaraba la nulidad del despido colectivo que afecta a la plantilla de IBERCAKE SL por la no presentación de la documentación exigida durante el período de consultas. Esta documentación no puede estar limitada a IBERCAKE SL sino que ha de ampliarse a la situación del resto de mercantiles que componen el grupo de empresas de la que IBERCAKE forma parte.

El TS aplica la doctrina consolidada sobre la responsabilidad laboral de los denominados grupos de empresa (SSTS 27 de mayo de 2013, Recurso 78/2012; 19 de diciembre de 2013, Recurso 27/2013; 29 de diciembre de 2014, Recurso 83/2014; 28 de enero de 2015, Recurso 279/2015, entre otras) al caso concreto y estima que de los hechos probados cabe deducir que la empresa formalmente empleadora (IBERCAKE SL) pertenece en un 94% a la codemandada NATURAL PASTRY, siendo administrada por SERDUL, la cual, simultáneamente, pertenece en un 50% a NATURAL PASTRY, y en el 50% restante a los socios mayoritarios de la misma.

Queda constatado que las empresas codemandadas comparten órganos de dirección e idéntico objeto social. Igualmente, queda demostrada una apariencia externa hacia los consumidores y proveedores de unidad. Además, existe confusión patrimonial. En consecuencia, se puede afirmar que la posición de empleadora es ocupada por el propio grupo y supera los límites de la concreta sociedad que formalmente aparece como empresaria.

  • Es accidente de trabajo la agravación de una enfermedad degenerativa silente 

STS (Sala de lo Social) de 15 de julio de 2015, Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina 1594/2014

En el recurso se plantea la posibilidad de calificar como accidente laboral toda agravación de enfermedades anteriores que se produzca por causa de un accidente. Para la resolución de esta cuestión se tiene en cuenta que el trabajador, nacido en diciembre de 1967, trabajaba de encargado y su aptitud física había sido reconocida hacía casi tres meses, cuando sufrió, el 23 de diciembre de 2009, un accidente de tráfico, que fue calificado de accidente laboral in itinere, que le produjo un esguince cervical. Tres días después del siniestro se le diagnostica una lesión degenerativa de la columna lumbar. Tras superar sucesivas bajas por incapacidad temporal, en 2011 fue declarado en situación de incapacidad permanente por padecer esguince cervical postraumático y discopatía degenerativa en columna lumbar. Queda probado que dicha discopatía degenerativa existía antes del accidente, si bien estaba silente hasta el momento del accidente.

El TS aplica su reiterada doctrina, entendiendo que constituye accidente de trabajo toda agravación de cualquier enfermedad preexistente que sufra el trabajador y se produzca con ocasión de un accidente de trabajo (Vid. SSTS 27 de octubre de 1992, Recurso 1901/1991; 23 de febrero de 2010, Recurso 2348/2009 y 3 de julio de 2013 (Recurso 1899/2012).

AUDIENCIA NACIONAL

  • Modificación sustancial de condiciones de trabajo

SAN (Sala de lo Social) número 133/201 de 24 de julio. Procedimiento 183/2015

Se aborda un conflicto colectivo que surge en el seno de una empresa del sector de Contact Center. Constan como hechos probados que en la empresa demandada, desde hace más de 10 años, el colectivo de trabajadores que prestan servicios de apoyo a operaciones tenía jornada intensiva, en horario de 8 a 15 horas. A partir del año 2010, junto a esta jornada se implanta un sistema de flexibilidad horaria en la entrada y la salida del trabajo, que se ve mejorada desde el año 2012, por decisión unilateral de la empresa comunicada por escrito. Siendo ésta la práctica en la empresa desde 2012, en junio de 2015, notifica a los trabajadores su decisión unilateral de modificar el horario que venían disfrutando.

La cuestión que se plantea es si esta última decisión constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo. Así lo entiende la AN, y tras recordar la doctrina del TS en materia de condición más beneficiosa, declara la nulidad de la decisión empresarial por constituir  una modificación sustancial de una condición de trabajo que debía haber sido negociada previamente con los representantes de los trabajadores, de acuerdo con el art. 41 ET. La omisión de tal negociación sirve de fundamento central a su resolución.

  • La doble delimitación entre conflictos jurídicos o de interés y conflictos colectivos o individuales

SAN (Sala de lo Social), número 119/2015, de 9 de julio. Procedimiento 150/2015

Ante la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos más representativos del sector frente a la Asociación de Contact Center Española por la que se solicita que se reconozca y declare el derecho de los trabajadores sujetos al convenio colectivo de Contact Center, a que los permisos por acompañamiento de sus hijos menores de edad a consulta médica durante la jornada de trabajo, se consideren retribuidos, la AN recuerda la doctrina del TS (SSTS de 8 de mayo de 2015, recurso 56/2014 y 14 de febrero de 2008, recurso 119/2006, entre otras) sobre la frontera entre el conflicto colectivo jurídico y el de intereses. Esta delimitación le permite considerar que se está ante un conflicto jurídico. Ahora bien, no se trata de un conflicto colectivo, pues las demandas interpuestas se refieren a situaciones jurídicas individualizadas o susceptibles de serlo y no a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual, por lo que prospera la excepción opuesta por el letrado de la parte demandada de inadecuación de procedimiento y se desestima la demanda.

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

  • Delimitación entre la modificación sustancial de condiciones de trabajo ex art. 41 ET y la reducción de jornada ex art. 47 ET

STSJ de Madrid (Sala de lo Social), número 618/2015 de 10 de julio, Recurso de Suplicación 403/2015

La sentencia aporta un análisis exhaustivo de la reforma operada por la Ley 3/2012 en los arts. 41 y 47 ET, así como la incorporada por el Capítulo IV del RD-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, sobre el periodo de consultas previo a la adopción de estas decisiones cuando tienen naturaleza colectiva. De otra parte, examina con detalle los criterios que diferencian la calificación de la decisión de la empresa SWISSPORT HANDLING MADRID UTE de reducir la jornada de la demandante de 35 horas semanales a 20 horas, medida que afectó a 51 trabajadores más, como una reducción de jornada que debió articularse por la vía del art. 47 ET, siguiendo los trámites reseñados en el RD 1483/2012, como medida de flexibilización interna de carácter temporal. La elusión del procedimiento adecuado sirve al ponente para ratificar la decisión del juez de instancia de declarar la nulidad de la decisión empresarial ex art. 138.7 LRJS, resultando la obligación de la empresa de reponer a la trabajadora en sus condiciones de trabajo originales.

  • Precontrato laboral

STSJ de Castilla y León (Valladolid), Recurso de Suplicación 819/2015

La sentencia resuelve el Recurso de Suplicación presentado por Dña. Magdalena contra FEVE, ADIF y otras sobre reconocimiento de derecho e indemnización por daños y perjuicios La recurrente entiende que la matrícula en un curso de formación ferroviaria como conductor de Tranvía de FEVE y la superación del mismo con resultado favorable conlleva el derecho a ser contratado por dicha empresa, siguiendo el orden oportuno y tras formar parte de la bolsa de empleo correspondiente.
La única alternativa para valorar la petición de la recurrente es examinar si la matrícula en el curso puede ser considerada un precontrato de trabajo. La resolución examina la doctrina judicial sobre esta figura. Así, reconoce que el ET no contiene una regulación de la misma, sin embargo, se remite a las SSTS de 23 de octubre de 1986; de 15 de marzo de 1991 y de 21 de julio de 1992, que han admitido expresamente la posibilidad de su existencia por aplicación del art. 4.3 CCivil y lo previsto en los arts. 1255 y concordantes de la misma norma. Este precontrato se define como el compromiso formal de las partes de celebrar un contrato de trabajo, bastando para determinar si existe o no dicho precontrato, la concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre unas condiciones de trabajo (STS 15 de abril de 2014, Recurso de Casación en Unificación de Doctrina 136/13). El precontrato exige que el objeto esté perfectamente determinado (STS de 25 de junio de 2014, Recurso 3013/12). Tales circunstancias no concurren en el caso por lo que se procede a desestimar el recurso planteado.