El pasado 9 de abril de este año, el Ministerio de Hacienda anunció con bombos y platillos un aumento del 400% en la recaudación de impuestos, producto del esfuerzo del Departamento de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas. Solamente en los primeros dos meses del presente año, se cobraron ₡389.9 millones de colones (cerca de US$ 72 millones) a importadores que se sometieron al proceso de regularización y aceptaron acogerse al pago voluntario ante la Aduana.

Si bien, celebramos las acciones de control aduanero oportuno y eficaz por el Servicio Nacional de Aduanas, debemos estar alerta de las acciones llevadas a cabo dentro del proceso de regularización y evitar que se convierta en una persecución sistemática.  

A partir del 2 de noviembre del 2011 se implementó el proceso de regularización por parte de las Autoridades Aduaneras nacionales, con el objetivo de promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras. Esta figura jurídica se integró a la legislación aduanera desde la década pasada, pero no fue sino hasta la pasada administración que el Poder Ejecutivo decidió regular y poner en práctica este proceso, de manera coincidente con el fracaso de la Reforma Fiscal. Ambos temas se gestaron durante el 2011.  

Este proceso se presentó como una manera óptima y ágil de realizar el cobro de tributos dejados de percibir por la Aduana, en actuaciones de buena fe por el declarante. No obstante, ante la falta de consenso actual en la Asamblea Legislativa, así como la baja popularidad de una reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda implementó el Plan Estratégico Institucional desde el año pasado, donde se instauró el proceso de regularización como una fuente de mayores ingresos. Este plan pretende buscar el aumento en la carga tributaria del país.    

Como costarricense aplaudo las acciones de la Aduana para aplicar de manera correcta los instrumentos aduaneros, y disminuir la evasión fiscal de algunas empresas. Sin embargo, podría ser preocupante, desde la perspectiva de las empresas contribuyentes, que el proceso de regularización se haya convertido en una medida sistemática para el cobro de tributos, justificados en criterios poco flexibles y en algunos casos irracionales.   

La mayoría de los supuestos errores detectados por la Aduana corresponde a diferencias en la clasificación arancelaria. En algunos casos el Laboratorio Aduanero lleva razón pero en algunos otros sus análisis sobre clasificaciones arancelarias no son vinculantes o no responden a los criterios del Sistema Armonizado de Clasificación; por ejemplo la inobservancia de notas legales de sección o capítulo o la desaplicación de Tratados Internacionales por errores en la confección del DUA, cuando ambos incisos arancelarios están cubiertos en el Acuerdo.

La Aduana no debe pecar de colar el mosquito para tragarse el camello. La Dirección General de Aduanas y su ente rector el Ministerio de no deben perder la visión integral de la política comercial del país, así como el funcionamiento y las particularidades de cada industria. Los procesos de regularización deben hacerse en aquellos casos donde exista verdaderamente una irregularidad en el proceso de importación, sin caer en procesos motivados en la voracidad tributaria. Una desmedida aplicación de este proceso podría tener una fuerte incidencia en la economía del país, no solo afectando a empresas importadoras sino encareciendo, injustificadamente en algunos casos, productos de consumo diario de la población, incluyendo productos de la canasta básica.

Así las cosas, se le debe de reconocer al Departamento de Fiscalización su importante labor en aras de mejorar la recaudación de fiscal que tanto ayuda a reducir el déficit del país. El proceso de regularización es una vía rápida y amigable para ajustar el pago de los tributos dejados de percibir, dentro de los lineamientos legales. No obstante, se debe ser cauteloso en no desnaturalizar la figura jurídica mediante criterios injustificados, convirtiéndola en un arma de doble filo que desincentive el crecimiento comercial del país.