El 29 de septiembre de 2014, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que generó  cierta confusión en relación con la controvertida Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012 (DT 5ª) –la de la Reforma Laboral-.Esta DT 5ª modulaba la aplicación del nuevo importe y límite de la indemnización por despido improcedente introducida por la Reforma Laboral (33 días de salario con un tope de 720 días de salario) a las relaciones laborales preexistentes a la fecha de entrada en vigor de la Reforma, el 12 de febrero de 2012. El 18 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo ha dictado otra sentencia que aclara esta confusión.

De forma generalizada, la DT 5ª se interpretó en el sentido de entender que el nuevo tope indemnizatorio (720 días) se aplicaría a todos los despidos improcedentes, excepto para los trabajadores que ya hubieran superado dicho tope a fecha 12 de febrero de 2012 (esto es, con una antigüedad computable superior a 16 años), en cuyo caso el importe máximo a percibir sería el que se hubiera alcanzado en dicha fecha, que, en ningún caso, podría superar las 42 mensualidades de salario.

Lo anterior implicaba la existencia de topes “personalizados”, de tal forma que aquellos trabajadores que hubieran superado los 720 días pero no hubieran llegado a las 42 mensualidades, tendrían el tope que hubieran alcanzado en fecha 12 de febrero de 2012, sin poder computar la indemnización que se pudiera haber generado a partir de dicha fecha.

A modo de ejemplo, el trabajador que tuviera una indemnización equivalente a 30 mensualidades a 12 de febrero de 2012, tendría ese tope máximo “particular”, de tal forma que el resto de tiempo trabajado entre el 12 de febrero de 2012 y la fecha de extinción resultaría inocuo a efectos del cálculo de la indemnización máxima por despido improcedente.

No obstante, si bien la literalidad de la DT 5ª parecía clara, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014 originó un enorme debate doctrinal y judicial al afirmar que en aquéllos casos en los que a fecha 12 de febrero de 2012 se hubieran superado los 720 días indemnizatorios, sería posible adicionar la cuantía correspondiente a la indemnización generada a partir del 12 de febrero de 2012 a razón de 33 días por año hasta alcanzar el tope máximo de 42 mensualidades.

A partir de la referida Sentencia del Tribunal Supremo, un número importante de sentencias de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos siguieron la tesis del Supremo (entre otros, Madrid, Cantabria, Cataluña o Galicia), mientras que otros muchos (entre otros, Islas Baleares, Valencia, Extremadura o País Vasco) mantuvieron una interpretación contraria, acorde con la literalidad de la DT 5ª.

Tiempo después, la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2016 se limitó a mencionar que “el importe indemnizatorio por el período de servicios anterior al 12 de febrero de 2012 no podrá ser superior a cuarenta y dos mensualidades en ningún caso, con independencia de que con posterioridad se hayan prestado servicios”, sin aclarar la cuestión en mayor medida.

Pues bien, tras un año y medio de discusión (especialmente en negociaciones que se han tornado complejas entre trabajadores y empresarios) con fecha 18 de febrero de 2016 se ha dictado la esperada sentencia del Tribunal Supremo que ha aclarado por fin la confusión generada, interpretando la DT 5ª conforme a su literalidad y afirmando que para aquellos supuestos en los que a fecha 12 de febrero se hubiera superado el límite de 720 días indemnizatorios “el tiempo posterior a 12 de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada”, siendo que en ningún caso la indemnización podrá superar el antiguo tope de 42 mensualidades. Por lo tanto, el trabajador que ve extinguido su contrato de trabajo ahora, pero que a 12 de febrero de 2012 ya tenía acumulada una indemnización superior a 720 días (lo que sucede en antigüedades superiores a 16 años), tendrá derecho a dicha indemnización, pero no seguirá devengando una mayor indemnización a razón de 33 días de salario por año salario.

Es de agradecer que esta cuestión haya sido finalmente aclarada por el Alto Tribunal, puesto que la sentencia de 2014 había fomentado sin duda la interpretación contraria, generando una inseguridad jurídica difícil de gestionar.