Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) 11/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 76-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con el artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Competencias sobre legislación civil y ordenación general de la economía: constitucionalidad del precepto legal estatal que prevé la creación de un registro autonómico sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida (STC 112/2013). BOE de 2 de marzo de 2015.

El TC desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el art. 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, sentando la siguiente jurisprudencia de general interés:

“…los únicos efectos civiles que puede producir el régimen de titularidad agraria compartida son los relativos a la liquidación económica que tenga lugar a la extinción de aquella titularidad, que figuran regulados en el citado capítulo IV de la Ley, que, sin embargo, no son esenciales a la legislación civil, pues no modifican régimen económico matrimonial ni sucesorio alguno, así como tampoco las normas propias de administración, representación y responsabilidad de la titularidad compartida establecidas en el artículo 4 de la Ley, que vienen referidas en todos los casos a la propia institución de la titularidad compartida, por lo que no puede entenderse que la materia regulada sea aquella a la que se refiere el art. 149.1.8 CE, como alega el Gobierno de Canarias.

…Debemos por tanto rechazar la alegación del Gobierno de Canarias que sostiene que la creación de un registro sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida sea un ejercicio de la competencia estatal recogida en el art. 149.1.8 CE.

…En consecuencia, la Ley adoptada, al regular el régimen de la explotación agraria de titularidad compartida, pretende convertirse en un factor de cambio de las estructuras agrarias, lo que tiene una incidencia directa y significativa sobre una importante actividad económica como es la actividad agraria. Incidencia que se refleja igualmente en el hecho de que la Ley otorgue a las explotaciones agrarias de titularidad compartida que la norma crea la condición de explotaciones agrarias prioritarias, conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias, de forma que aquellas gozarán de la ventaja de tener un orden preferente en la obtención de beneficios, ayudas y demás medidas de fomento impulsadas por las Administraciones públicas.

Por tanto, la Ley impugnada constituye una intervención estatal en un importante subsector económico como es la agricultura y la ganadería a través de la creación de esta modalidad de explotaciones agrarias a las que se le va a asociar un tratamiento prioritario en la asignación de medidas de fomento y de incentivo económico como las que se acaban de destacar. En consecuencia, la conclusión que ha de extraerse de este análisis no puede ser otra que la de entender, como así lo afirma el Abogado del Estado, que la Ley 35/2011 encuentra su amparo en el título competencial del art. 149.1.13 CE, no suponiendo por tanto invasión de la competencia autonómica sobre dicho ámbito material, que además se asume «de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia estatal y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1.11 y 13 de la Constitución» (art. 31.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias).

…el artículo 6 de la Ley 35/2011, al establecer un registro administrativo en cada Comunidad Autónoma, instaurando como básico el carácter constitutivo de la inscripción en el mismo, es respetuoso con el ámbito de distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma, pues no impone un único registro estatal constitutivo, sino que establece registros administrativos autonómicos que regulen del mismo modo las consecuencias jurídicas de la inscripción.”

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) de 10 de febrero de 2015. Se declara que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado de la Generalitat de Catalunya contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de noviembre de 2012, mediante la que estima el recurso contencioso-administrativo promovido por un particular contra la Orden de la Consejería de Agricultura, Alimentación y Acción Rural AAR/443/2010, por la que se aprueba el Reglamento de la indicación geográfica protegida Salchichón de Vic. La Orden AAR/443/2010 fue dictada en cumplimiento de lo establecido por la disposición transitoria 1ª del Decreto 85/2006 de la Generalitat de Catalunya , a tenor de la cual las adaptaciones de los reglamentos de las indicaciones geográficas protegidas habían de ser aprobadas “en un plazo máximo de dos años contado desde la entrada en vigor de este Decreto”. Pues bien, el Decreto 285/2006 entró en vigor a los veinte días de su publicación, la cual tuvo lugar el 6 de julio de 2006, y la Orden AAR/443/2010 fue aprobada el 23 de agosto de 2010 y publicada el 17 de septiembre del mismo año; es decir, dos años después de que hubiese transcurrido el plazo fijado por la arriba mencionada disposición transitoria 2ª del Decreto 285/2006 .

En la sentencia impugnada se hace un detenido examen del problema de los reglamentos aprobados tardíamente. Tomando como punto de partida la regulación de la potestad reglamentaria recogida en el art. 39 de la Ley 13/2008 de la Generalitat de Catalunya , se señala que los Consejeros sólo tienen una propia potestad reglamentaria en el ámbito doméstico. Y dado que la Orden AAR/443/2010, lejos de versar sobre cuestiones de autoorganización, tiene una evidente eficacia ad extra , entiende la sentencia impugnada que el Consejero de Agricultura, Alimentación y Acción Rural sólo habría tenido competencia para dictarla en la medida en que hubiera estado habilitado por el Decreto 285/2006. Pero el plazo de dos años, establecido por éste, había expirado tiempo atrás, de donde la sentencia impugnada concluye que la Orden AAR/443/2010 fue dictada por órgano carente de competencia. Añade que esta conclusión no puede verse enervada por el art. 63.3 LRJ-PAC , ya que la conservación de las actuaciones administrativas realizadas fuera de plazo - siempre que éste no sea esencial- sólo puede predicarse de aquéllas provenientes de órgano competente.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Agrooikosystimata EPE/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereaki Enotita Magnisias) (Asunto C-498/13) (1)

[Procedimiento prejudicial — Agricultura — Política agrícola común — Reglamento (CEE) nº 2078/92 — Métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural — Retirada de la producción de las tierras de labor a largo plazo con fines relacionados con el medio ambiente — Ayudas agroambientales abonadas a los agricultores ycofinanciadas por la Unión Europea — Condición de beneficiario de tales ayudas](2015/C 107/11)

30.3.2015 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 107/9

Fallo

El Reglamento (CEE) no 2078/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, debe interpretarse en el sentido de que únicamente podían acogerse al programa de retirada de la producción de las tierras de labor a largo plazo establecido en el artículo 2, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento las personas que dispusieran previamente de una producción agraria.