La Dirección General de Tributos, en la consulta V1495-16, de 8 de abril del 2016, aborda las consecuencias fiscales que, sobre todo a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pueden derivarse de la constitución de un trust, tema sobre el que ya se ha manifestado en otras ocasiones y del que se derivan problemas de interpretación motivados por la falta de reconocimiento de tal institución en nuestro ordenamiento jurídico.

1. La posición de la Dirección General de Tributos

Como es sabido, el trust es un institución tradicionalmente regulada en los países con Common Law en virtud de la cual una o varias personas (settlors) disponen, inter vivos o mortis causa, de la creación de un pa‑ trimonio separado (trust) que ceden a un su‑ jeto fiduciario (trustee) que tiene la obligación de gestionarlo y administrarlo, de acuerdo con las instrucciones recibidas, en beneficio de otra u otras personas (los beneficiarios).

Pues bien, en la citada consulta, la Dirección General de Tributos analiza un supuesto de hecho en el que una ciudadana estadouniden‑ se, que desde el 2015 es residente en España, fue designada con carácter previo beneficia‑ ria de un trust al que sus padres (settlors), residentes en los Estados Unidos, aportaron diferentes bienes muebles e inmuebles de su propiedad, nombrando a diferentes gestores como trustees. En la descripción de los hechos se apunta que la consultante no dispone de ningún poder sobre el trust o sobre los bienes aportados a él, siendo los trustees los encar‑ gados de su gestión y mantenimiento.

Tras dicha exposición de los hechos, la con‑ sultante plantea, básicamente, si tendría que tributar en España por el impuesto sobre su‑ cesiones y donaciones en el caso de que, al fa‑ llecimiento de sus padres, el patrimonio ges‑ tionado por el trust fuese adquirido por una sociedad americana íntegramente participada por ella.

Pues bien, la Dirección General de Tributos co‑ mienza su argumentación reiterando un cri‑ terio ya manifestado en todas las consultas evacuadas sobre cuestiones relativas a las im‑ plicaciones fiscales que pueden derivarse en nuestro país de la constitución de los trust. En ese sentido, el centro directivo recuerda que el trust es una institución jurídica que no ha sido reconocida en nuestro país, que tampoco se encuentra entre los firmantes del Convenio o Convención de la Haya, de 1 de julio de 1985, sobre la ley aplicable al trust y su reconoci‑ miento, convenio que pretende eliminar o, al menos, simplificar los problemas derivados del desconocimiento de esta institución en muchos ordenamientos jurídicos. Por tanto, señala el centro directivo, «el tratamiento de los trust en nuestro sistema tributario parte de la base de que tal figura no está reconocida por el ordenamiento jurídico español, y de que, por tanto, a los efectos de dicho ordenamiento ju‑ rídico, las relaciones entre los aportantes de bienes y derechos y sus destinatarios o bene‑ ficiarios a través del trust se consideran reali‑ zadas directamente entre unos y otros, como si el trust no existiese (transparencia fiscal del trust)».

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la normativa reguladora del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la Dirección General de Tributos señala que, en el supuesto consultado, la constitución de unos trust por parte de los padres de la consultante de los que ésta ha resultado beneficiaria «constituye un incremento de patrimonio a título lucrativo obtenido por una persona física. Es decir, se cumple el hecho imponible del impuesto». A continuación, el centro directivo precisa que es necesario diferenciar los supuestos en los que el hecho imponible se entiende producido cuando fallece el causante, si se trata de una adquisición mortis causa, o cuando se celebre o cause el acto o contrato —en este caso, la constitución de los trust— si se se lleva a cabo inter vivos.

Pues bien, en el supuesto analizado, la Di‑ rección General de Tributos concluye que «la constitución de diversos trust a favor de la consultante por sus padres conforma el hecho imponible regulado en la letra b del ar‑ tículo 3.1 de la LISD, ya que constituye una adquisición de bienes y derechos por dona‑ ción o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos», concretando que, «al entenderse las relaciones entre la consultan‑ te y sus padres a través de trust realizadas directamente entre una y otros», el devengo del impuesto se produce en el momento de la constitución de los trust.

Así las cosas, de acuerdo con lo anterior, habrá que entender que la beneficiaria ha re‑ cibido una donación en el momento de la cons‑ titución del trust, extremo que en este caso concreto la deja al margen de la obligación de tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones en nuestro país, ya que, cuando se constituyó el trust y, por tanto, cuando se realizó el hecho imponible del impuesto pro‑ duciéndose su devengo, la consultante no era todavía residente en España, condición que adquirió posteriormente.

No obstante, el centro directivo advierte que la consultante sí podría tener que tributar, a efectos del impuesto de la renta de las perso‑ nas físicas en nuestro país, ya que, fruto de la donación percibida, a ella habrán de impu‑ tarse las rentas que puedan derivarse de los bienes adquiridos de ese modo.

A continuación, la Dirección General hace un apunte respecto de las posibles consecuen‑ cias fiscales que podrían derivarse para la consultante si, a la muerte de sus padres, fuese una sociedad no residente en España e íntegramente participada por ella la que ad‑ quiera el patrimonio del trust. En este caso, el centro directivo señala que «la consultan‑ te, en su condición de beneficiaria, no estará nunca sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues dicho impuesto sólo grava incrementos de patrimonio a título lucrati‑ vo obtenido por personas físicas; los de las personas jurídicas están sujetos al impuesto sobre sociedades».

2. Comentario final

La principal dificultad que entraña el análisis de las consecuencias fiscales que pueden ge‑ nerarse en nuestro sistema tributario por la constitución de un trust deriva del hecho de que tal institución, conforme al Derecho an‑ glosajón, permite fragmentar las facultades inherentes al derecho de propiedad entre el trustee y el beneficiario. En ese sentido, tal y como señaló la Dirección General de Tributos en la consulta V0989‑14, la existencia de un trust obliga a diferenciar entre la «propiedad legal o nominal» (del trustee) y la «propiedad real o material» (del beneficiario), sepa‑ ración esta del derecho de la propiedad que, como recuerda el centro directivo, «no es po‑ sible en el Derecho español».

Pues bien, tal y como se desprende de la con‑ sulta anteriormente analizada, así como de otras emitidas previamente (vid. V1003‑14, de 8 de abril del 2014), la Dirección General parece salvar tal dificultad entendiendo que de la constitución de un trust se deriva para el beneficiario una transmisión de la propie‑ dad similar a la que, de acuerdo con la norma‑ tiva civil, se aplica en nuestro ordenamiento jurídico a las donaciones o, en su caso, a las transmisiones mortis causa. De otro modo, una transmisión «parcial» o «limitada» de tal derecho no reuniría las condiciones necesarias para entender, como hace el centro directi‑ vo, que la operación efectuada encaja en el hecho imponible del impuesto sobre sucesio‑ nes y donaciones, elemento esencial del tribu‑ to que, según su interpretación, se producirá con la propia constitución del trust si se lleva a cabo inter vivos, o con la muerte del causan‑ te (constituyente del trust) si se ha previsto que la condición del beneficiario surta efectos a partir del fallecimiento de aquél.

Ahora bien, y aunque el centro directivo no alude expresamente a esta diferenciación en la consulta analizada, pensamos que sus con‑ clusiones deben limitarse, teniendo en cuenta la tipología de los trust, a los que tengan el carácter de irrevocables, quedando al margen los denominados trust «discrecionales», en los que el trustee tiene libertad para decidir cuándo, cómo y a quién se distribuyen los ren‑ dimientos o se transfieren los bienes. En ese sentido, en consultas de la Dirección General, como la V1226‑14, de 7 de mayo del 2014, en la que abordó determinadas consecuen‑ cias fiscales de un trust discrecional, se des‑ prende que la mera designación de los bene‑ ficiarios en el momento de su constitución no genera en ese caso los efectos propios de una donación en dicha fecha.

A mayor abundamiento, y además de con‑ siderar que las conclusiones de la Dirección General en la consulta objeto de este co‑ mentario (V1495‑16) deben circunscribirse, a priori, al ámbito de los trust irrevocables —característica que la consultante manifes‑ tó que tenían aquellos de los que era benefi‑ ciaria, según consta en la descripción de los hechos—, pensamos que lo anterior podrá predicarse siempre que pueda considerarse, de acuerdo con la legislación civil española aplicable, que se ha transmitido la propiedad de los bienes o derechos al beneficiario. En este sentido, no podemos olvidar que la le‑ gislación civil sirve de base, a efectos tribu‑ tarios, para el gravamen tanto de las dona‑ ciones como de los mecanismos sucesorios. Desde este punto de vista, estimamos que la Dirección General de Tributos ha simplificado en exceso una cuestión que, en puridad, exi‑ giría no sólo reparar en el tipo de trust que formalmente pueda haberse constituido, esto es, discrecional o irrevocable, sino también, en el caso de que se trate de uno de estos últimos, en las cláusulas que hayan podido estipularse en el documento constitutivo del trust (trust deed) y de las que pueden deri‑ varse importantes limitaciones a las faculta‑ des que, según nuestra legislación civil, debe poseer el sujeto al que se atribuya la titulari‑ dad de un bien o derecho.

Sólo de este modo puede entenderse, a nuestro juicio, la postura adoptada por la Dirección General de Tributos, en virtud de la cual ha‑ bremos de considerar que, en el caso de que la condición de los beneficios surta efecto en vida del constituyente, se habrá producido una donación, mientras que, si se ha dispues‑ to que tal condición sea adquirida por los be‑ neficiarios desde el fallecimiento del settlor, los bienes y derechos perceptibles se gravarán en el ámbito del impuesto sobre sucesiones. En cualquier caso, no cabe sino interpretar que los beneficiarios, una vez producida la do‑ nación o sucesión, se consideran en nuestro ordenamiento jurídico titulares de tales acti‑ vos, ya que sólo así puede entenderse, a su vez, y como también apunta la Dirección Ge‑ neral, que en el caso de que tales sujetos per‑ ciban posteriormente rendimientos del trust, éstos deben tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. De no recono‑ cerse dicha titularidad, pensamos que las posibles rentas distribuidas por el trust a los beneficiarios no podrían ubicarse sino en el ámbito del impuesto sobre donaciones.