La Sentencia del Alto Tribunal, en recurso de casación en unificación de doctrina, se pronuncia sobre la incidencia que podrían tener, en relación con el cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF, las valoraciones realizadas por otras administraciones tributarias (valor comprobado). En particular, en lo que se refiere a la determinación del valor de adquisición de bienes inmuebles.

Así, se concluye que, a efectos de los impuestos directos que gravan la renta, para la determinación de la ganancia (o en su caso, pérdida) patrimonial derivada de la venta de bienes inmuebles, en la fijación del precio de adquisición (o incluso de enajenación) el principio de unicidad de la Administración obliga a la Inspección tributaria a tomar en consideración el valor asignación por otras administraciones, en este caso, la Administración autonómica en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Finalmente, señala el Tribunal que lo anterior coincide con la línea jurisprudencial sentada en sentencias anteriores, como las de 25 de junio de 1998 y 9 de diciembre de 2013 en las que se llega a un razonamiento similar: la valoración previa de un bien, realizada por una Administración tributaria, vincula a todos los efectos y respecto de otros tributos a las demás Administraciones competentes, más si se trata de impuestos estatales y cedidos a las Comunidades Autónomas.