El pasado martes, 25 de octubre del 2016, la Comisión Europea anunció un nuevo paquete de medidas en su lucha contra la elusión fiscal. Entre ellas destacan por su envergadura y trascendencia las dos nuevas propuestas de directiva de la Comisión Europea sobre la base común en el impuesto sobre sociedades (CCTB) y la base común consolidada en el impuesto sobre sociedades respectivamente (CCCTB).

En un nuevo intento por tratar de armonizar las bases imponibles para que las multinacionales paguen sus impuestos en el territorio donde se desarrolla su actividad económica, y como continuación a un esfuerzo iniciado en el 2011, la Comisión Europea ha tratado de dividir este nuevo impulso en dos etapas diferenciadas y complementarias. La primera etapa está enfocada principalmente en la tarea de determinar las normas comunes para el cálculo de la base imponible del impuesto cuyo periodo de trasposición para los Estados miembros se extiende hasta el 31 de diciembre del 2018, con entrada en vigor fijada para el 1 de enero del 2019. La segunda etapa, con un horizonte más complejo debido a las reticencias de ciertos Estados miembros, está dirigida a establecer la consolidación de las bases imponibles en el impuesto, permitiendo, a su vez, obtener todas las ventajas del sistema en su conjunto; el periodo de trasposición de esta etapa se extiende hasta el 31 de diciembre del 2020 y su entrada en vigor se fija para el 1 de enero del 2021.

A estos efectos, el objetivo final implicaría que estos grupos, a partir del 2021, presentasen únicamente una declaración de beneficios europea, partiendo de la cual se repartiría el impuesto entre los Estados miembros correspondientes en función de un logaritmo matemático que tendría en cuenta determinados aspectos tales como el número de empleados, los activos y el volumen de ventas en cada país.

Las nuevas propuestas de directiva de la Comisión Europea pretenden que las empresas cuenten por primera vez con un código normativo unitario para calcular sus beneficios imponibles para el conjunto de la Unión Europea. Incorporan, a su vez, una serie de novedades en relación con la propuesta inicial del 2011, que a continuación enumeramos:

a) Serán de aplicación obligatoria para los grandes grupos multinacionales cuyos ingresos globales en el periodo impositivo inmediatamente anterior sean superiores a 750 millones de euros, resultando su aplicación potestativa para el resto de las entidades. 

b) Se implantan nuevos incentivos fiscales que promuevan la mejora de la competitividad de las empresas. Para ello, las nuevas propuestas de directiva prevén interesantes deducciones en investigación y desarrollo (I+D). En este sentido, se estipula que las empresas se puedan deducir hasta el 150 % de la cantidad invertida en I+D hasta los 20 millones de euros. A partir de esa cifra habría una bonificación adicional del 25 %. Por ejemplo, una compañía que invirtiera 30 millones de euros en I+D durante el ejercicio podría deducirse el coste total de su inversión (30 millones de euros) más un 50 % adicional hasta los primeros 20 millones (10 millones de euros), más un 25 % adicional por el exceso sobre dichos 20 millones (2,5 millones de euros), lo que supondría una deducción total de 42,5 millones de euros.

c) Se establecen incentivos para las empresas por financiar sus actividades con recursos propios en lugar de orientarse hacia el endeudamiento; dichos incentivos podrían oscilar en torno a un 2,7 % de deducción sobre el importe del nuevo capital de la empresa.

d) Se incluyen una serie de medidas sólidas contra las prácticas abusivas a fin de impedir que las empresas trasladen sus beneficios a países no pertenecientes a la Unión Europea en sintonía con las que se proponían desde un principio en el 2011, pero teniendo presente la evolución que se ha producido sobre este aspecto de la mano tanto del Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) como de la reciente Directiva Antielusión Fiscal (ATAD). En este ámbito, puede destacarse la definición propuesta para los establecimientos permanentes (EP) que, a diferencia de la propuesta del 2011, se refiere exclusivamente a los situados en la Unión Europea y que pertenecen a contribuyentes residentes a efectos fiscales en la propia Unión.

e) Se prevé la posibilidad de que las empresas compensen sus ganancias obtenidas en un Estado miembro con las pérdidas registradas en otro, eliminando obstáculos fiscales tales como la doble imposición.

Por su parte, cabe destacar que las nuevas propuestas no abordan la fijación de los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades, cuya competencia seguirá correspondiendo a los Estados miembros como manifestación de su soberanía nacional.

Asimismo, la Comisión Europea mantiene determinados aspectos en términos substancialmente idénticos a los propuestos en el 2011, como los conceptos de grupo y base imponible, la exención sobre dividendos y ganancias patrimoniales derivados de entidades participadas en al menos un 10 %, la amortización de los activos fijos o la compensación de bases imponibles negativas, entre otros.

Por último —y adicionalmente a las referidas nuevas propuestas de directiva sobre la base imponible común en el impuesto sobre sociedades—, la Comisión Europea presentó sendas propuestas que tienen por objeto, en primer lugar, la mejora del actual sistema de resolución de litigios de doble imposición en el seno de la Unión Europea y, en segundo lugar, la introducción de nuevas medidas que vengan a reforzar a las ya existentes en materia de lucha contra las denominadas asimetrías híbridas, aspecto que fue abordado por la Directiva ATAD en el ámbito de la Unión Europea y que ahora se completa con el tratamiento de tales situaciones cuando se producen con países terceros.