El pasado mes de julio se aprobó la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (“LPIA”), la cual pretende adaptar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en España.

Una de las principales novedades introducidas por la LPIA es la obligación consistente en que cualquier persona que opte por un trabajo en el que exista contacto habitual con menores acredite no haber sido condenado por sentencia firme por una serie de delitos concretos (agresión sexual, acoso sexual, exhibicionismo, prostitución, corrupción de menores, etc.). A tal fin, se prevé la creación –pendiente a día de hoy- de un registro específico de tales antecedentes penales, denominado “Registro central de delincuentes sexuales”.

Ello ha generado bastante polémica debido a que, mientras no se cree este registro, todo aquel que opte por un empleo que conlleve el contacto habitual con menores deberá solicitar la certificación sobre antecedentes que emite el Registro Central de Antecedentes Penales. La raíz del conflicto radica en  que este certificado no sólo incluye información sobre los delitos “sexuales”, sino también sobre cualesquiera otros que haya podido cometer el solicitante. En consecuencia, la exhibición del mismo puede dañar el derecho fundamental a la intimidad del solicitante, en tanto que el empresario conocerá todos sus antecedentes penales y podrá, en consecuencia, verse condicionado por y tomar decisiones en base a los mismos incluso aunque éstos no tengan impacto en el puesto solicitado.

La solicitud de antecedentes penales para optar a determinados empleos no es una cuestión nueva y ha sido abordada con anterioridad a nivel legislativo y jurisprudencial. Así,  aunque cada vez es una práctica con más cobertura legal (además de la LPIA, este mismo año 2015 se han aprobado el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que también tratan esta cuestión), siguen generándose dudas sobre la legitimidad de tratar y/o acceder a dichos datos.

Esta incertidumbre se deriva principalmente de la normativa de protección de datos personales, que sólo autoriza el tratamiento de datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas a las “Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras”. Además, la solicitud de antecedentes penales tiene que respetar el principio de calidad de datos y el principio de proporcionalidad.

Por lo tanto, si bien son cuestiones que deberán ser analizadas en atención a las circunstancias que concurran en cada caso, debe advertirse del riesgo de que se infrinjan los derechos fundamentales del afectado. En este sentido, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, máxima autoridad europea para la interpretación de la normativa comunitaria sobre protección de datos, parece albergar ciertos recelos respecto del uso de dicha información.