Publicada la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana.

1. Contenido programático y dudas sobre su constitucionalidad

Fundándose en sus competencias exclusivas sobre servicios sociales y defensa del consumidor y del usuario, la Comunitat Valenciana ha aprobado la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana. Siguiendo el modelo de otras leyes autonómicas, como la Ley 20/2014, de Cataluña, o de otras intervenciones estatales como el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, la ley valenciana dice adoptar medidas contra la pobreza energética.

Sin embargo, a la vista del contenido de la norma y de la forma genérica e imprecisa con la que se regulan esas pretendidas medidas, se concluye que se trata más de un catálogo pro‑ gramático de buenas intenciones que de auténticas normas jurídicas. El sistema de protección diseñado por esta ley se basa en la declaración de la situación de pobreza energética por los servicios sociales en los términos que se determinen (art. 2.4), en la paralización del proceso de interrupción del suministro por impago hasta la resolución de la declaración de «hogar vulnerable», en la atribución de ayudas económicas que se desarrollarán en «la normativa correspondiente» (art. 5.1.II) y en la creación de un fondo que se nutrirá de aportaciones de la Generalitat, de «otras instituciones públicas» y de las empresas comercializadoras, sin más detalles (art. 9).

La indefinición de la que hace gala la norma se justifica a partes iguales por dificultades de tipo económico y jurídico. Dentro de las primeras, hay que resaltar los problemas para financiar las actuaciones previstas no sólo por la necesidad de habilitar ayudas en un contexto de limitación del gasto público, sino también por la necesidad de dotar a los servicios sociales autonómicos y municipales de los recursos humanos y materiales necesarios para ejercer las nuevas compe‑ tencias supervisoras y sancionadoras sobre las empresas comercializadoras de energía eléctrica y —probablemente y aunque la norma no lo diga— también sobre las distribuidoras, pues son las encargadas de cortar el suministro.

Entre las dificultades de tipo jurídico, cabe citar el complejo encaje constitucional del fundamen‑ to competencial de esta intervención en un sector como el energético, las dificultades derivadas del principio de unidad de mercado para imponer sanciones a las empresas comercializadoras de energía o para obligarlas a contribuir a financiar un fondo autonómico, así como las dificul‑ tades de coordinación entre las diversas Administraciones competentes en la materia (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos).

El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la ley catalana en su Sentencia de 17 de marzo del 2016. En aquella ocasión, el tribunal declaró que las competencias autonómicas en materia de consumo y de servicios sociales no son suficientes como para regular el sector energético, pues prevalecen los títulos competenciales específicos sobre los títulos competenciales gene‑ rales. Admitió que una comunidad autónoma defina la categoría de «consumidor vulnerable» y aplique ayudas públicas, pero rechazó que pueda imponer obligaciones de financiación a las empresas, pues ello constituye una vulneración de la legislación sectorial básica e incide direc‑ tamente en el régimen económico de todo el sector eléctrico3.

2. Medidas contenidas en la ley valenciana contra la pobreza energética

Para corroborar lo que se acaba de apuntar, se exponen a continuación algunas de las medidas previstas en la Ley 3/2017 de la Comunitat Valenciana:

1. Definición de la situación de pobreza energética por los servicios sociales de la Generalitat.

La situación de pobreza energética va asociada a la de vulnerabilidad social y, por ello, serán los servicios sociales de la Comunitat los que decidan la concurrencia de esta situa‑ ción en los términos que se definan reglamentariamente.

Las definiciones contenidas en el artículo 2 de la ley caen en un círculo tautológico: po‑ breza energética es la dificultad que tiene un hogar para pagar los suministros básicos; es declarada por los servicios sociales y serán éstos los que declararán qué hogares están en situación de vulnerabilidad y, por ello, de imposibilidad de hacer frente al pago de los suministros4.

La competencia para declarar la situación de vulnerable será de la Generalitat, a pro‑ puesta de los alcaldes o el órgano competente de las entidades locales, y se basará en los informes de los servicios sociales.

La declaración de «hogar vulnerable» en situación de «pobreza energética» puede ser declarada a petición de «cualquiera de las personas mayores de edad que la sufren». Ob‑ sérvese que ni siquiera se requiere que el solicitante sea el titular del punto de suministro. En contra de lo que pudiera deducirse de una lectura apresurada del artículo 3.35 de la ley comentada, los servicios sociales no pueden declarar «de oficio» la situación de vulnera‑ bilidad ante la comunicación de un impago por una empresa comercializadora. Tendrá que ser el interesado quien, aportando la documentación y justificantes correspondientes, so‑ licite esa declaración, bien con carácter previo, bien tras haber recibido una comunicación de corte del suministro por impago.

La declaración de hogar en situación de vulnerabilidad social tendrá una validez de seis meses desde el momento en que sea confirmada. Se renovará si las personas in‑ tegrantes de este hogar mantienen su situación y así lo aprecian los servicios sociales municipales.

2. Obligación de la empresa comercializadora de comunicar la decisión de cortar el suministro por impago a los servicios sociales.

En caso de que una empresa comercializadora de energía (agua, electricidad o gas) quiera cortar el suministro por razones de impago, deberá comunicarlo previamente a los servicios sociales municipales para que estudien las circunstancias del hogar en riesgo de situación de pobreza energética.

El plazo máximo para que el órgano competente dicte la resolución del procedimiento será de sesenta días hábiles a contar desde el siguiente al de presentación de la solicitud por el interesado y de disponer aquél de la documentación correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución haya recaído, el silencio se entenderá de carácter positivo, es decir, se entenderá aceptada la solicitud de declaración de hogar vulnerable.

Estimada la solicitud, serán los ayuntamientos los que comuniquen la situación a la «em‑ presa o [a] las empresas suministradoras de los servicios comprendidos, para que sean sabedoras de la responsabilidad de la Administración y no efectúen cortes en los suministros». Resulta enigmática esa comunicación acerca de «la responsabilidad de la Adminis‑ tración».

El incumplimiento de esta obligación de comunicación o el corte del suministro mientras se está tramitando el procedimiento de declaración de vulnerabilidad constituye una infrac‑ ción grave, o muy grave en caso de reincidencia.

3. Ayudas para el pago de la factura de agua y consumos energéticos.

Los declarados en situación de pobreza energética podrán beneficiarse de ayudas que anualmente convocarán los departamentos autonómicos responsables de la aplicación de las políticas sociales. Las ayudas garantizarán «el acceso mínimo a un suministro de agua, electricidad, gas y otras fuentes de combustibles energéticos, que asegure una vida digna a todos los miembros de la familia». Como se observa, la ley sólo se refiere a las ayudas económicas para pagar la factura de «agua, electricidad, gas y otras fuentes de combusti‑ bles energéticos» en términos genéricos; requerirán concreción ulterior «atendiendo a las particularidades de cada caso por lo que respecta a la situación económica y de eficiencia energética del hogar» y su normativa se basará en criterios de progresividad.

4. Creación del Fondo Valenciano para la Eficiencia Energética y de Garantía de Suministros Básicos.

Este fondo servirá para financiar las ayudas al pago de la factura de suministros básicos y las medidas de ahorro energético. Se nutrirá de aportaciones de fondos públicos con cargo a la Generalitat Valenciana y de aportaciones «de otras instituciones públicas de ámbito europeo, estatal y local, que deberán consignar anualmente los respectivos presupues‑ tos, así como de las empresas suministradoras de energía, gas y agua». Obsérvese que ni se identifican esas otras instituciones públicas obligadas a realizar aportaciones a este fondo ni tampoco se establecen los criterios para determinar la aportación de las empre‑ sas suministradoras.