El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional mediante sentencia de 21 de julio de 2016 (sentencia nº 140/2016, rec. 973/2013) algunos extremos de los apartados 1º y 2º del artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula las tasas en el ámbito de las administraciones públicas, en lo que se regulaba la cuota fija y variable que debían satisfacer las personas jurídicas para recurrir o interponer acciones.

En concreto, el TC considera que algunas de las cuantías fijadas en el citado precepto infringen el principio fundamental a la tutela judicial efectiva, el cual se recoge en el artículo 24 de la Constitución Española. En consecuencia, se invalidan las tasas que se especifican a continuación:

En el ámbito civil:

  • 800 euros por la interposición del recurso de apelación; y
  • 200 euros por la interposición del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal

En el orden contencioso-administrativo:

  • 200 euros por la interposición de un recurso abreviado;
  • 350 euros por la interposición de un recurso ordinario;
  • 800 euros por la interposición de un recurso de apelación; y
  • 200 euros por la interposición de un recurso de casación.

En el ámbito social:

  • 500 euros por la interposición de un recurso de suplicación;
  • 750 euros por la interposición de un recurso de casación.