Dentro de las prioridades fijadas por la Unión Europea para la presente década se sitúa en un lugar destacado la extensión de redes de comunicaciones ultrarrápidas para lo que se ha dado un importante impulso tanto a la iniciativa pública como, sobre todo, a la privada en este ámbito, lo que se está traduciendo en una multiplicación de la actividad económica generada en este sector.

El origen de este fenómeno se encuentra en la estrategia Europa 2020, que pretende llevar a cabo una transformación de la Unión Europa a través de un crecimiento inteligente, sostenible e innovador y para lo primero (el crecimiento inteligente) propone desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación y con un impulso decidido a la sociedad de la información. Dentro de las siete iniciativas emblemáticas para generar los avances necesarios de este crecimiento inteligente se encuentra la Agenda Digital para Europa con la que se pretende acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas.

En la Agenda Digital se han fijado unos objetivos concretos para el año 2020 (que se recogen en la Agencia Digital Española de 2013). En concreto, que todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50% de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps. Para alcanzar este objetivo, según estimaciones de la Comisión Europea, se deberá invertir hasta dicha fecha una cantidad comprendida entre los 180.000 y 270.000 millones de euros. Se calcula que en España serán necesarias inversiones del sector privado por valor de 23.000 millones de euros.

Como puede comprobarse, la Comisión está firmemente determinada a mejorar las redes de telecomunicaciones a lo largo de la Unión Europea, para lo que se exige que se facilite el despliegue de nuevas redes, que se renueven las ya existentes y que se aprovechen nuevos espacios para su instalación.

A nivel nacional estas exigencias se han traducido en la introducción de nuevo marco especialmente favorable al despliegue de las redes de telecomunicaciones en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (“LGTel”). Las principales novedades que ha incorporado esta Ley con respecto al impulso de las redes de telecomunicaciones se pueden estructurar en cuatro ejes principales.

En primer lugar, se establece un marco general para que la intervención normativa de las Administraciones públicas a nivel autonómico y local no imposibilite el despliegue de las redes de telecomunicaciones. En efecto, han sido numerosas las Comunidades Autónomas y, sobre todo, los municipios que han aprobado normas o instrumentos de planeamiento relacionados con la ordenación territorial, el medio ambiente y el urbanismo que introducían exigencias extraordinarias a los operadores dificultando así el despliegue de sus redes. El artículo 34 de la LGTel recoge la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo sobre la concurrencia de la competencia en materia de telecomunicaciones con otras que podían afectar al despliegue de la redes y así se dispone que la normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística que puedan afectar a las redes deben impulsar y facilitar su despliegue sin que puedan establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación ni imponer soluciones tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas. Asimismo se prevé que estas normas e instrumentos que puedan incidir sobre el despliegue de las redes deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar su funcionamiento que serán aprobados mediante Real Decreto, y que constituirán un marco objetivo que evitará disputas de orden técnico entre los operadores y las Administraciones autonómicas o locales que por razones medio ambientales, sanitarias, urbanísticas, etc. restringían la instalación de nuevas redes.

En segundo lugar, se establecen medidas específicas para garantizar que las redes de telecomunicaciones tengan un tratamiento preferente en la planificación territorial y urbanística al ser calificadas como equipamiento de carácter básico, determinaciones estructurantes y obras de interés general (art. 34.2 LGTel) y al exigirse que los proyectos técnicos de urbanización prevean la instalación de infraestructura de obra civil para facilitar el despliegue de las redes (art 36 LGTel). A esto se suman otras medidas dirigidas a simplificar el acceso de los operadores al suprimir la exigencia de licencia en determinados supuestos, en los que será posible proceder a la instalación de las redes realizando una simple declaración responsable ante el Ayuntamiento correspondiente (art. 34.6 LGTel).

En tercer lugar, se disponen medidas con las que se trata de impedir así que las Administraciones autonómicas así como los Ayuntamientos y demás Entidades Locales puedan bloquear la instalación de nuevas redes de telecomunicaciones. En concreto, para garantizar que los planes de ordenación territorial o urbanística que se puedan aprobar por las Administraciones autonómicas o locales respectivamente respetan las exigencias de la normativa de telecomunicaciones se les impone la obligación de contar con un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que habrá de pronunciarse sobre la adecuación a dicha normativa (art. 35.2 LGtel). Asimismo, el Ministerio debe emitir un informe en el mismo sentido en los supuestos en que estas Administraciones públicas vayan a adoptar medidas cautelares que impidan o paralicen o resoluciones que denieguen la instalación de la infraestructura de red (art. 35.5 LGTel).

En cuarto lugar, se reconoce el derecho de los operadores a acceder a infraestructuras ya instaladas que sean susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas. Se trata de una novedad incorporada por la Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, que permite acceder a todo tipo de infraestructuras (viarias, ferroviarias, puertos, aeropuertos, abastecimiento de agua, saneamiento, y del transporte y la distribución de gas y electricidad) siempre que no se afecte a la prestación del servicio para que el fueron dispuestas. De este modo, se abren nuevas posibilidades para desplegar las redes de telecomunicaciones sin grandes inversiones ni retrasos, ya que se trataría de adaptar infraestructuras ya existentes.

Todas las medidas analizadas hasta ahora tienen por finalidad impulsar el despliegue de las redes de telecomunicaciones por los operadores privados. Sin embargo, la consecución de los objetivos previstos en la Agenda Digital para Europa requiere la actuación positiva de los poderes públicos, que deberán realizar importantes inversiones. En nuestro país se prevé la aprobación de una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas (Disposición adicional decimoctava LGTel) que se concretará en diversas medidas como son las ayudas públicas o incentivos fiscales destinados a impulsar la extensión de las redes de nueva generación en general y, en particular, en determinadas zonas que podrían quedar excluidas de su alcance. Entre otras iniciativas, en el año 2015 se convocó el Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación cuyo presupuesto es de 63 millones de euros (Resolución de 6 de abril de 2015).

Como se puede comprobar sin dificultad, las oportunidades para la instalación de redes e infraestructuras de telecomunicaciones se multiplican en este nuevo entorno que, como señala la propia Exposición de Motivos de la LGTel, pretende constituir un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado. Debe recordarse que se trata de una actividad que no sólo desarrollan los grandes operadores tradicionales que, a su vez, prestan los servicios de telecomunicaciones, sino que son cada vez más las empresas que se dedican a la obra civil necesaria para la infraestructuras de telecomunicaciones, así como aquéllas que añaden a esta actividad la instalación de las redes de comunicaciones de diverso tipo (esencialmente fibra óptica y estaciones de telefonía móvil).